SAN DIEGO.- Mientras que un juez federal continúa hoy evaluando si establece un plazo legal durante el cual las familias de inmigrantes recién reunificadas estarían blindadas contra la deportación, crecen las denuncias sobre supuestas tácticas del gobierno de Donald Trump para que tomen decisiones apresuradas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció el caso de al menos cuatro inmigrantes a los que al ser reunidos con sus hijos se les entregó un formulario previamente marcado con la opción de ser deportados en conjunto, pese a que ese mismo documento ofrece la alternativa de que por lo menos el menor permanezca en el país.

Uno de los casos relatado por una abogada de inmigración en un documento presentado ante la corte de San Diego (California) encabezada por el juez Dana Sabraw, es el de un padre de un joven de 16 años que pidió que su hijo permaneciera en el país.

Este padre de familia, que no cedió pese a que un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) le insistía en que finalmente "ambos iban a ser deportados", fue testigo de que otros detenidos con lágrimas en los ojos "se rindieron" y solo "querían volver a estar con sus hijos", señala el documento.

Al respecto, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que no se debería forzar a los padres a elegir entre ser deportados con sus hijos o dejar que solo los menores peleen su solicitud de asilo político.

"En su lugar, se debería permitir que el padre permanezca en Estados Unidos con su hijo mientras éste persigue su petición de asilo frente a un juez de inmigración", señaló en un testimonio jurado el abogado Stephen Manning.

A su juicio, ese debe ser el protocolo cuando un miembro de la familia pasa la entrevista de lo que se conoce como "miedo creíble" (el que alegan sentir los solicitantes de asilo por regresar a su país).

El equipo legal del gobierno considera que se tiene una descripción errónea del formulario que reciben los inmigrantes, ya que éste solo es entregado cuando los padres con una solicitud de asilo político "han perdido su caso".

En medio de esta situación se acumulan reportes de inmigrantes que dicen haber firmado dicho documento sin comprender su contenido, como el de una madre que pensó que al hacerlo se reencontraría con su hijo, pero en realidad había renunciado a ese derecho.

A su vez se ha señalado que oficiales de inmigración presuntamente les han dicho a algunos padres que tendrán que pagar "al menos 500 dólares" cada vez que necesiten hablar con abogados.

Con estos testimonios, la ACLU busca convencer al juez federal Dana Sabraw para que conceda un plazo de al menos siete días para que organizaciones civiles puedan cerciorarse de que los inmigrantes recién reunidos con sus hijos, de los que fueron separados en la frontera, tomen decisiones informadas.

Para la ACLU, la urgencia es latente, ya que, en algunos casos, podría ser la última vez que estos padres vean a sus hijos.

El juez dijo el viernes que lo iba a evaluar a lo largo del pasado fin de semana, pero aun no ha dicho nada.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que la corte ya ha dado "tiempo adecuado" a los miembros de la demanda colectiva a cargo de Sabraw para analizar sus opciones.

El propio juez ordenó a mediados de julio frenar temporalmente las deportaciones de familias recién reunificadas, mandato que sigue vigente hoy en día.

Abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron que unos mil padres que forman parte de este litigio cuentan con una orden de deportación, mientras que unos 120 habrían renunciado a su derecho de ser reunificados con sus hijos.

Otros 431 padres ya no se encuentran en Estados Unidos y el juez ha urgido a que esta semana se presente un plan para que éstos también puedan ser reagrupados con sus hijos cuanto antes.

La administración federal tiene hasta mañana miércoles para entregar una lista de dichos padres y justificar los motivos por los cuales se opondrían a detallar la información y datos de contacto de cada uno de ellos.

FUENTE: EFE
 

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