SAN JUAN.-dpa
El gobierno puertorriqueño sostiene que en 1984 el Congreso de Estados Unidos excluyó a la isla de la protección del Capítulo 9 de su Ley de Quiebras
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos convocó una audiencia oral el próximo 22 de marzo para discutir la constitucionalidad de la ley que aprobó Puerto Rico para permitir la quiebra de sus corporaciones gubernamentales y municipios ante un posible acoso de sus acreedores.
El caso llegó al Supremo norteamericano luego de que un juez del Tribunal Federal de Estados Unidos en San Juan decretara que Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos, no tiene capacidad para aprobar una ley de quiebras por ser terreno ocupado por la jurisdicción federal estadounidense.
La decisión de ese juez fue sostenida posteriormente por el Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, donde se ventilan los pleitos apelativos que surgen de casos del Tribunal norteamericano en Puerto Rico.
Ante esa realidad el gobierno de Puerto Rico apeló al Supremo, que el pasado mes de diciembre aceptó ver el caso.
El gobierno puertorriqueño sostiene que en 1984 el Congreso de Estados Unidos excluyó a la isla de la protección del Capítulo 9 de su Ley de Quiebras, que es el que protege a corporaciones públicas y municipios en procesos que les enfrentan con sus acreedores.
Según reporta hoy el portal electrónico del diario El Nuevo Día, el Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó el pasado 19 de enero una moción ante el Tribunal en la que sostiene que la ley puertorriqueña "representa un ejercicio necesario y apropiado de la autoridad legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para responder a una crisis fiscal sin precedentes".
Según el escrito, el Gobierno indicó que la crisis "amenaza no solo las corporaciones públicas, sino también 3,5 millones de ciudadanos estadounidenses que dependen de ellas para servicios de electricidad, agua y carreteras".
El recurso también argumenta que al excluir a las empresas públicas de la isla del capítulo 9 de la ley federal de quiebras, si el Congreso hubiese querido evitar que el gobierno puertorriqueño hubiese adoptado su propio estatuto, lo habría indicado expresamente, lo que no hizo.
Los casos en contra de la ley puertorriqueña de quiebras los ha llevado hasta ahora una de las empresas de inversiones que tiene parte de la cuantiosa deuda pública de Puerto Rico.
El gobierno de Puerto Rico ha intentado por varias vías que el Congreso de Estados Unidos reinserte a la isla en la protección del Capítulo 9 de su Ley de Quiebras, pero hasta ahora las gestiones -apoyadas por la Casa Blanca- no han tenido éxito en un Congreso dominado por el opositor Partido Republicano.
Puerto Rico acumula una deuda pública cercana a los 72.000 millones de dólares y el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho reiteradamente que la misma es impagable si no se renegocian los términos de pago de la misma.
La protección de una Ley de Quiebras se considera una herramienta importante en la negociación que tiene que desarrollar el gobierno puertorriqueño con sus múltiples acreedores.
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