PEGGY SANDS ORCHOWSKI*
Especial
Es una verdad universalmente reconocida que ninguna nación puede mantener las fronteras abiertas. Incluso las más ricas y populares "naciones de inmigrantes" como Estados Unidos no pueden aceptar a todos los que quieren emigrar a sus tierras, aunque califiquen para hacerlo. Las naciones tienen el derecho básico y el deber de elegir quién puede inmigrar: entrar, permanecer, trabajar y convertirse en un ciudadano.
Lo hacen a través de las leyes de inmigración establecidas por el gobierno representativo democrático y que deben hacer cumplir. Dicho esto, las decisiones en materia migratoria sin duda son de las más difíciles para cualquier nación.
Piensen en EEUU y otros países de acogida de inmigrantes altamente deseados como si fueran una universidad pública popular. Millones de personas reúnen los requisitos para el ingreso a la entidad pero los administradores universitarios deben elegir quién es aceptado para la admisión. Ellos toman decisiones que cambian la vida de los solicitantes, y a menudo son angustiosas para los colegios que tratan de ser justos y diversos.
Como resultado de ello, en respuesta a las condiciones cambiantes, los requisitos de admisión a la universidad por lo general cambian con el tiempo, al igual que las leyes de inmigración. Pero las políticas de admisión tienen que ser defendidas y aplicadas (permitiendo cierta flexibilidad en casos especiales), de lo contrario habrá caos.
La ley más liberal
Nuestra Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés) de 1965 ya tiene 50 años. Es la ley de inmigración más liberal en el mundo, el legado de Ted Kennedy y el último gran proyecto de ley Great Society firmada por el "fabuloso 89avo Congreso". Realmente cambió la diversidad de EEUU. Pero no permitió que las fronteras fueran abiertas. En su lugar, impuso una complicada fórmula del 7%.
Aún hoy, los inmigrantes de cualquier nacionalidad pueden solicitar una green card. Pero la nacionalidad la obtiene sólo el 7% de todas las visas de inmigración permanentes otorgadas en un año (actualmente alrededor de 1,2 millones anuales).
Los solicitantes excedentes se colocan en una lista de espera. Cada nacionalidad debe ser tratada por igual, sin discriminación y sin preferencias (a excepción de los cubanos, para los que se tomó una política especial en 1966).
El INA también cambió otra de las prioridades de admisión tradicional para los inmigrantes. En lugar de basar la admisión en la capacidad del migrante para trabajar como se hacía desde los primeros días de la nación (recordemos que los inmigrantes discapacitados y enfermos eran devueltos a la Isla Ellis sin importar cuán cercanos eran a familiares en EEUU), el INA dio prioridad para tarjetas de residencia a los miembros de las familias. "Family unification" en vez de "work ableness" sigue siendo la calificación superior para obtener una tarjeta verde.
La jurisdicción del Congreso destinada al tema migratorio ha cambiado de ser un Comité de Trabajo a ser una Comisión Judicial. Se ha cambiado al tenor de la justicia social e incluso del sagrado derecho civil. Ahora millones de personas se sienten capacitados para inmigrar a Estados Unidos. Aplican millones. Pero EEUU simplemente no puede aceptar a todos.
Cruda realidad
La verdad universal sobre inmigración es que los inmigrantes pueden aplicar pero el estado nacional es el que decide basado en sus leyes. Esas leyes tienen dos funciones: facilitar el acceso de inmigrantes con la frescura y energía que la mayoría de las naciones quiere añadir a su crecimiento y prosperidad; y proteger la integridad, la identidad nacional y las normas laborales de la ciudadanía del país de acogida.
Esa decisión difícil se convierte en un dilema más terrible cuando hay millones de migrantes desesperados en las fronteras con sus familias. Grupos humanitarios y étnicos defienden el derecho a emigrar. Pero ni siquiera los países desarrollados de Europa pueden proporcionar suficientes viviendas, servicios y puestos de trabajo para todos ellos.
No pueden pretender que cientos de miles de migrantes de una cultura muy diferente sean integrados en un plazo razonable en sus culturas nacionales - especialmente los que restringen la libertad de las mujeres. ¿Quién de ellos se debe elegir?
Obviamente, la inmigración masiva permanente no es una solución [para nadie]. Es razonable esperar que los estados nacionales decidan a quién reciben y es injusto llamarlos "anti-inmigrantes" cuando no los reciben. Hay que buscar y negociar otro procedimiento distinto que no sea la inmigración masiva para ayudar a los ciudadanos de países en problemas a encontrar refugio, paz y prosperidad.
*Peggy Sands Orchowski ha cubierto el proyecto de reforma migratoria en el Congreso durante los últimos 10 años y es autora del nuevo libro The Law That Changed The Face of America: The Immigration and Nationality Act of 1965.
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