MIAMI.- Una nueva ley que restringe el aborto entró en vigor en el estado de Texas, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos optó por no pronunciarse, ante una solicitud de emergencia que la habría frenado, por no considerarlo necesario.
La norma, conocida como Ley del Latido del Corazón de Texas, prohíbe básicamente el aborto después de que el sonido del latido sea detectado en un ultrasonido, lo cual suele darse alrededor de la sexta semana de embarazo, aun cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, sin excepciones por violación o incesto.
De esta manera, Texas espera disminuir drásticamente los más de 55.000 abortos que se realizan al año.
Se disminuirá "aproximadamente entre 85 y 90%", ya que, según la asociación Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), quienes abortan en Texas tienen al menos seis semanas de embarazo.
De hecho, la ley fue adoptada por el Congreso estatal de Texas y el gobernador republicano Greg Abbott la ratificó el pasado mes de junio.
"Es una ley favorable que convertirá a Texas en uno de los primeros estados en poner fin a los abortos", señaló entonces en Twitter el autor del proyecto de ley, el representante estatal Giovanni Capriglione.
La ley adoptada plantea que los médicos podrían enfrentar cadena perpetua o multas de 100.000 dólares si realizan abortos prohibidos.
Además, bonifica con 10.000 dólares a quienes denuncien el acto y sus ayudantes, aún si el informante no reside en Texas.
Pero un grupo de opositores y proveedores de aborto apelaron a la Corte Suprema de la nación, para estudiar el caso antes de que la ley entrara en vigor el 1 de septiembre.
No obstante, el máximo organismo judicial del país, visiblemente dividido, votó 5 a 4 para denegar la apelación de emergencia. Pero los jueces también sugirieron que el fallo probablemente no sea la última palabra sobre si la ley puede mantenerse porque aún se pueden presentar otras impugnaciones.
Otros estados
Acorde con el informe del Instituto Guttmacher, una organización sin ánimo de lucro que apoya el derecho al aborto, con sedes en Nueva York y Washington DC, más de 850.000 abortos tienen lugar en Estados Unidos cada año.
De hecho, en 1996, cuando las medidas preventivas médicas eran menores, la cifra superó 1.3 millones.
Si bien ya se han aprobado prohibiciones similares a la de Texas en una docena de estados, hasta ahora todas habían sido bloqueadas en los tribunales.
Entre esas leyes resalta la norma aprobada por Mississippi en 2018, que prohíbe realizar un aborto después de las 15 semanas de embarazo, y cuya demanda será atendida por los jueces del Supremo en octubre.
Entretanto, 11 estados, incluyendo Texas, Mississippi y ahora Florida, piden a la Corte Suprema que devuelva a los estados la autoridad de regular el aborto, al no estar reglamentado en la Constitución de la nación.
“Devolver a los estados la autoridad plena para regular el aborto, sin interferencia federal, restablecería las relaciones adecuadas entre los estados y el gobierno federal”, argumentó el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Florida y los 10 estados se refieren al fallo Roe vs Wade, que fue emitido por la Corte Suprema en 1973, precisamente en contra del estado de Texas que prohibía el aborto.
Entonces, el máximo tribunal de justicia de la nación sostuvo que el derecho de la mujer al aborto estaba implícito en el derecho a la privacidad, protegido por la Enmienda 14 de la Constitución.
Así, sin más cuestionamiento, se legalizó el aborto en todo el país, pero comenzó el choque de ideas y precepciones filosóficas y religiosas entre antiabortistas y promotores de los derechos de la mujer.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró: "Esta ley (de Texas) es tan extrema que ni siquiera permite excepciones en el caso de violación o incesto" y anticipó que si la Corte Suprema no acepta corregirla podría provocar "un caos inconstitucional", ante la existencia del fallo Roe vs. Wade, “que ha sido la ley del país durante casi 50 años".
Según una encuesta publicada por NBC, 54% de los consultados cree que el aborto debe ser legal en todos o la mayoría de los casos, mientras que 42% estima que debería ser ilegal.
