MIAMI.– Los primeros 10 días de Donald Trump en la Casa Blanca se han traducido en duros enfrentamientos con el Congreso, incluyendo a algunos republicanos, el reto de una importante funcionaria del Departamento de Justicia a una orden presidencial, el cuestionamiento de la nueva política migratoria dictada por el Presidente y las protestas de centenares de miles de manifestantes, además de las críticas llegadas del exterior, incluyendo el principal aliado estadounidense, el Reino Unido.
El lunes por la tarde se desató la primera crisis constitucional de la actual administración, cuando la entonces secretaria de Justicia en funciones, Sally Yates retó al Presidente y ordenó a los fiscales federales con defender la prohibición de ingreso de viajeros de sietes países de mayoría musulmana, incluso los detentores de residencia permanente. Trump la despidió y no pudo evitar las críticas de abogados y analistas.
Como consecuencia inmediata los demócratas en el Senado, por el momento, están retrasando la aprobación de Jeff Sessions como secretario de Justicia, después de que en la noche del lunes momentos antes de despedir a Yates, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell garantizó a la Casa Blanca que no habría problemas con la aprobación este martes. Pero no ha sido posible y eso coloca a Trump en una situación delicada porque el nuevo secretario de Justicia en funciones, Dana Boente, no comulga con muchas de las políticas presidenciales.
Es un legalista nombrado por el expresidente Barack Obama como fiscal federal en el distrito este de Virginia, pero que llega al departamento con la comodidad de haber sido aprobado por el Senado.
Esto le concede credibilidad porque, en el fondo, el reto que Yates le colocó a la Casa Blanca es consecuencia de una lucha ideológica que existe entre los fiscales que rechazan la filosofía legal y migratoria de la nueva administración.
“El despido de Yates vulnera uno de los pilares básicos del sistema de justicia en nuestro país y es que, aunque el secretario de Justicia es el fiscal del Gobierno, goza de cierta independencia que siempre ha sido reconocida. Tanto es así que cuando (el expresidente Richard) Nixon quiso despedir un el fiscal que estaba investigando el escándalo Watergate lo logró, pero también aceleró su propia renuncia”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS el abogado constitucionalista, Willbur Sánchez, profesor de la Universidad de Washington.
En el comunicado que anuncia el despido, la Casa Blanca, acusa a Yates de “traición” al sistema legal, el mismo concepto que Nixon esgrimió para despedir a Archibald Cox, el fiscal que investigaba Watergate. El departamento rehusó hacer, el secretario de Justicia y su segundo renunciaron, diciendo que el presidente no tenía autoridad para despedir a Cox y debía colaborar con la investigación. Al final, Nixon logró que un abogado de tercera en la jerarquía del departamento, Robert Bork asumiera la tarea. El episodio constituyó en sí una crisis constitucional sin precedentes, con el ejecutivo enfrentado al judicial, y quedó conocido como ‘la masacre de sábado por la noche’.
Acerca de lo ocurrido esta vez, la prensa lo ha empezado a calificar como ‘la masacre del lunes por la noche’ y en el Congreso hay malestar al respecto.
“Donald Trump es el próximo Richard Nixon”, dijo el congresista demócrata John Conyers. El líder de la minoría demócrata en la cámara baja, Charles E. Schumer, dijo en un discurso en el pleno que “Trump ha desplegado un comportamiento que es ‘nixoniano’ en su concepción e ejecución”.
“La ‘masacre del sábado por la noche’ fue sobre el despido del secretario de Justicia cuando Nixon era blanco de una investigación y estaba obstruyendo la justicia. Pero ahora lo que sucede es que el presidente y su presidencia se encuentran en un caos total”, comentó Carle Bernstein, uno de los reporteros que develó el escándalo Watergate.
Lo mismo piensa Willian Ruckelshaus, el segundo al mando en el Departamento de Justicia y que renunció cuando Nixon le ordenó que despidiera a Cox. En una entrevista con el The Seatlle Times el lunes tras el despido de Yates, dijo que su renuncia se debió a un problema de conciencia mientras que Yates se fue con el argumento de la independencia judicial y el matiz legal. “Si por mi fuera, aconsejaría al presidente (Trump) a tener cuidado y ejercer su poder con mucho cuidado en este tipo de órdenes, porque las cosas pueden terminar de este modo y no lo ayudan para nada en sus funciones”, afirmó.
En el caso de la prohibición del ingreso de ciudadanos de países de mayoría musulmana, incluso los que son residentes, inicialmente la Casa Blanca incluyó a estos en el grupo pero posteriormente, ante el clamor popular, cedió parcialmente y está permitiendo el ingreso a los residentes pero los somete a un escrutinio más prolongado.
“A las personas que son residentes legales no se les puede impedir el ingreso al país. Quizá si cometieron un delito de mayor cuantía pero antes tendrán que ser sentenciados por los tribunales y a consecuencia de ello pierden automáticamente la residencia”, puntualizó el profesor Sánchez.
El argumento de Yates para rehusar cumplir la orden de la Casa Blanca fue ese mismo. La exsecretaria de Justicia en funciones consideró que prohibir el ingreso de los residentes va en contra de las leyes de inmigración que apenas pueden ser legisladas por el Congreso. El ámbito de intervención presidencial se limita a impedir a los extranjeros no residentes.
Tanto es así que, pese al silencio de la mayoría de los legisladores federales republicanos, algunos han criticado la orden ejecutiva de Trump. El mismo líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aunque apoya la decisión tiene serias dudas sobre la forma como ha sido aplicada. “Todo esto es muy confuso, no está claro, nadie recibió instrucciones claras a tiempo”, dijo,
Los senadores republicanos, John McCain y Lindsey Graham, emitieron en un comunicado en el cual estiman que las consecuencias de la orden no fueron debidamente analizadas y corre el riesgo de ser visto en el mundo musulmán como una forma de darles la espalda a los musulmanes que ayudaron a las tropas en el frente de combate contra el terrorismo.
“En última instancia, tememos que esta orden ejecutiva sea una disparo en el pie en la lucha contra el terrorismo. Nos tememos que esta orden facilite el reclutamiento de terroristas en lugar de mejorar nuestra seguridad”, afirmaron.
En todo esto también hay un problema constitucional, la ley de inmigración no discrimina por nacionalidades y aunque la Casa Blanca sigue insistiendo en que no se trata de una orden antimusulmana, lo cierto es que la crisis constitucional está ahí y de la mano de uno de los aliados de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudi Giuliani.
“Cuando él (Trump) anunció esto por primera vez, me habló de una ‘prohibición musulmana’. Me llamó y me dijo que montara una comisión y le mostrara la forma de hacerlo legalmente”, reveló Giuliani a la cadena Fox, quizá sin percatarse de que ha hecho más difícil a la Casa Blanca defender la orden ejecutiva y afianzado la naturaleza constitucional de la crisis.
