Más de 2,2 millones de personas están afectadas por la medida ejecutiva contra la que se alegan violaciones a normas internacionales, según experta en migración
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)
Archivo AFP
MIAMI — La orden del gobierno de EEUU de pausar las decisiones de asilo por “mucho tiempo” coloca a millones de inmigrantes que residen en el país en un “limbo” que puede ocasionar deportaciones, pero también expone de nuevo a la administración Trump a demandas judiciales que ya se preparan en un intento de frenar la decisión en las cortes federales.
“Lo que se verá ahora es que si bien la administración tiene el derecho ejecutivo de pausar las solicitudes de asilo basados en medidas de seguridad, habrá una denuncia de urgencia en los tribunales ante la violación de normas y tratados internacionales”, afirmó la abogada María Herrera Mellado, especialista en el tema de migración.
Más de 2,2 millones de inmigrantes de distintas nacionalidades que esperaban ser beneficiados con el asilo por parte del gobierno o en las cortes se encuentran afectados con la medida que entró en vigor desde el 28 de noviembre y que ayer anunció el presidente Trump.
“No hay un límite de tiempo”, dijo al informar de la suspensión. "No queremos a esa gente. ¿Y saben por qué no los queremos? Porque muchos no han sido buenos, y no deben estar en nuestro país", argumentó.
Trump dictó la medida tras el tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington DC, el 26 de noviembre, en el que murió la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años de edad, y su compañero Andrew Wolfe, de 24 años, quedó gravemente herido. El autor de los disparos fue un afgano, según las autoridades, lo que motivó al presidente a endurecer sus políticas de migración.
Mellado señaló que el gobierno de Trump puede detener por medidas de seguridad que implican una emergencia todo lo relacionado con la tramitación de las solicitudes de asilo.
Recordó que Trump dictó una medida similar durante su primera administración, en el caso del programa “Quédate en México”, que obligaba a solicitantes de asilo, exceptuados los mexicanos, a esperar las audiencias de cortes estadounidenses en ese país.
Sin embargo, el contexto actual es distinto, advirtió Mellado.
“Ahora, la medida viola el debido proceso al contradecir la ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) de 1946 que prohíbe acciones arbitrarias y caprichosas de agencias federales. Pero también podría estar violando tratados internacionales como la Convención contra la Tortura y para la Protección de Refugiados, que establece obligaciones de un Estado de permitir la solicitud de asilo”, explicó la experta.
Según dijo, “esto van a ser las que podrían argumentar los abogados de inmigración en contra de la administración de Donald Trump”.
“Hay una discreción ejecutiva por parte del gobierno de EEUU de gestionar los casos de asilo, pero ellos tienen la posibilidad de detenerlo, de pedir más tiempo para investigar”, acotó.
Mellado cree que la administración Trump sacará todos los expedientes de los solicitantes de asilo “para revisarlos, caso por caso, desde los que entraron con Joe Biden”.
El proceso, dijo, será obviamente por tiempo indefinido. Y esto representa desde ya una crítica situación legal para los inmigrantes. Incluso aquellos que solicitaron el asilo como opción luego de la anulación del TPS.
“Lo que va a significar es que quedan en el limbo, y las autoridades de inmigración podrían en cualquier momento deportarlos o podrían ponerlos en proceso”, dijo.
Precisó que entre los afectados podrían estar “los que entraron y ganaron la ciudadanía, a los que no afecta directamente la orden, pero podrían quitársela; esto podría verse en dos, tres, cuatro, cinco, seis años de suspensión”.
“Lo que está sucediendo en las cortes es que la Fiscalía de EEUU y los jueces están ejecutando los tratados internacionales para devolución de los inmigrantes a países como Honduras, El Salvador, Guatemala”, agregó, y se refirió a los escenarios posibles.
“Lo que se espera en los próximos días es que se presente una denuncia de urgencia para detener la orden en los tribunales de Washington D.C. o de California a nivel federal para que se bloquee esta medida de la administración”.
Siempre hay un periodo para revisar la normativa de operaciones en las cortes federales, “pero ya sabemos cómo han terminado los casos similares”.
FUENTE: Entrevista a la abogada María Herrera Mellado, experta en temas de migración
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