jueves 13  de  junio 2024
EEUU

Otra masacre en una escuela y varias propuestas por atender

Con la matanza en Texas se reviven las tragedias de Connecticut, Orlando y Parkland, y legisladores abordan el latente peligro desde diferentes ángulos
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El horror de la violencia armada se volvió a vivir en una escuela del país. Esta vez fue en Texas, en el poblado de Uvalde, de población mayoritariamente latina, localizado cerca de la frontera con México. Un adolescente de apenas 18 años, fuertemente armado, acabó con la vida de 19 niños y dos profesoras. Y nuevamente la nación se arropó en el dolor, en medio de posiciones encontradas sobre el control de las armas.

El atacante cumplió 18 años el 16 de mayo e inmediatamente compró dos fusiles semiautomáticos AR-15 y más de 300 municiones en una tienda en la localidad, cerca de la casa de la abuela, donde vivía desde que discutió con su madre porque le cortó Internet en casa.

Un par de días antes, el joven publicó una fotografía en la red social, donde aparece con un cargador para rifle en una mano.

No obstante, la familia afirmó que desconocía que el adolescente poseía un arma de fuego o municiones.

El fusil semiautomático AR-15, fabricado por la firma estadounidense Colt, fue diseñado para crear lo que uno de sus diseñadores llamó "efecto de herida máximo" y es capaz de emitir potentes ráfagas de disparos.

El fabricante lo presenta como “arma de caza, deportes o esparcimiento, o como la mejor respuesta a la necesidad de autodefensa”.

Es el mismo modelo de rifle semiautomático que produjo otras matanzas en el país, entre las que destacan: 12 muertos en un cine de Colorado y otros 26 en una escuela primaria de Connecticut, ambos en 2012; 49 muertos en una discoteca en Orlando, 2016; así como 58 más en un festival de música en Las Vegas y 25 en una iglesia de Texas, 2017; además de 17 en una escuela de Parkland, Florida en 2018.

De hecho, el Congreso de la nación adoptó una ley en 1994 que prohibió durante 10 años los fusiles de asalto, incluyendo la AR-15, y ciertos cargadores de gran capacidad. La prohibición caducó en 2004 y, desde entonces, nunca fue renovada, pese a múltiples intentos.

Reacciones

El Senado de la nación discute ahora la propuesta de ley bipartidista Luke & Alex School Safety Act que crearía un mecanismo para informar a padres y educadores sobre recomendaciones de expertos y mejores prácticas que las escuelas implementarían para mejorar la seguridad escolar.

“Este proyecto de ley se basa en nuestro trabajo para mantener las escuelas seguras y prevenir otra tragedia”, señaló el senador republicano de Florida Rick Scott en el pleno del alto cuerpo legislativo.

“Nunca podremos prevenir todos los delitos viciosos, pero podemos y debemos actuar. Se pueden encontrar soluciones a nivel estatal y federal, y hoy podemos tomar medidas en el Senado para hacer que nuestras escuelas sean más seguras”, subrayó.

Por otra parte, el también senador republicano de Florida Marco Rubio declaró: “La horrible tragedia en Texas debe impulsar al Congreso a actuar sobre propuestas que puedan aprobarse y realmente marcar la diferencia, como nuestra propuesta bipartidista de seguridad escolar Luke & Alex”.

No obstante, hay voces que piden más. La propuesta de ley Enhanced Background Checks Act of 2021, o ley mejorada de verificación de antecedentes, que fue adoptada por la Cámara Baja en marzo de 2021, no logra despegar en el Senado.

Visiblemente conmocionado, el senador demócrata de Connecticut Chris Murphy se dirigió al pleno del Senado: “Estoy aquí, en este pleno, para rogar, literalmente para ponerme de rodillas, para rogar a mis colegas. Encontremos el camino juntos. Trabajemos para encontrar la manera de aprobar leyes que hagan que estas masacres sean menos probables”.

Red Flag Law

Florida adoptó la llamada Red Flag Law, o bandera roja de alarma, a raíz de la masacre en la escuela secundaria en Parkland en 2018.

Esta ley estatal está destinada a suprimir temporalmente las armas a las personas con un comportamiento potencialmente violento, por lo general hasta por un año.

Según datos de la Oficina del Administrador de Tribunales Estatales de Florida, los récords muestran más de 5.850 órdenes de protección (incautación) desde marzo de 2018 hasta marzo de 2022 en todo el estado.

Si se otorga una orden de protección contra riesgos, la persona sujeta a la orden tiene que entregar de inmediato todas sus armas de fuego, municiones y cualquier licencia para portar un arma oculta o un arma de fuego.

“La orden permanece vigente de acuerdo con la fecha indicada en el fallo judicial, a menos que el tribunal la prorrogue o la anule después de una audiencia”, señaló el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.

En efecto, la orden de protección contra riesgos solo puede ser solicitada por las fuerzas del orden público, por lo que aquellos que creen que alguien es un peligro para ellos mismos o para los demás deben comunicarse con la Policía.

En el caso de la masacre de Parkland, antes de entrar en vigor la ley en Florida, la Policía habría recibido numerosas quejas sobre la peligrosidad del asaltante de 19 años, pero no actuó debidamente por la falta de una ley que les permitiera actuar sin pruebas más contundentes.

El causante de la masacre en Texas insinuó en las redes sociales que “podría avecinarse un ataque”, según declaró el senador estatal Roland Gutiérrez, quien aseguró haber sido informado por la policía estatal antes del asalto.

De hecho, 19 estados y el Distrito de Columbia cuentan con una ley de bandera roja. Texas no.

Discrepancias

El miércoles 25 saltó la noticia de un tuit, emitido por el representante estatal Randy Fine, del condado de Brevard, en Florida, en el que se dirigió al presidente Joe Biden: “Trate de tomar nuestras armas y aprenderá por qué se escribió la segunda enmienda”.

Unos interpretan el mensaje como una amenaza, otros opinan que el ímpetu llevó al legislador floridano a reaccionar de esa manera.

De cualquier manera, la polémica continúa en relación con el derecho que otorga la Segunda Enmienda de la Constitución.

“Nadie cuestiona ese derecho, pero hay que darse cuenta de que no todos deben tener ese derecho cuando está en peligro la vida de seres humanos”, señaló el abogado Martínez.

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