Migrantes esperan un autobús que los lleve a un centro de procesamiento después de entregarse a la Patrulla Fronteriza de EEUU en Frontón, Texas, el 12 de mayo de 2023.
ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Las imagenes revelan que los migrantes indocumentados están entrando sin problemas a Estados Unidos debido a la flexibilización a las políticas migratorias de la administración de Joe Biden.
AFP Migrantes son registrado por un agente de la Patrulla Fronteriza al entrar a El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez, México, el miércoles 10 de mayo de 2023.
AP
Soldados estadounidenses impiden que migrantes crucen a El Paso, Texas, desde Ciudad Juárez, México, el martes 20 de diciembre de 2022.
AP/Christian ChavezMIAMI.- El 90% de las entrevistas de miedo creíble realizadas por funcionarios a migrantes que solicitan asilo político en la frontera sur de Estados Unidos, no son aprobadas debido a que los peticionarios no cuentan con asesoría legal para presentar su caso, afirma el abogado especialista en Inmigración Yunior Piñeiro.
El 11 de mayo, Estados Unidos puso fin a la medida sanitaria conocida como Título 42, activada en 2020 a causa de la pandemia del COVID-19, que rechazaba las solicitudes de asilo. A partir de entonces los migrantes están sujetos al proceso conocido como Título 8, que permite a quienes intentan ingresar a EEUU a través de la frontera, demostrar que no pueden regresar a sus países y, si cumplen con los requisitos, solicitar asilo.
Tras el fin del Título 42, los ingresos de migrantes irregulares por la frontera sur se han reducido a la mitad. De 10.000 ingresos diarios antes del 11 de mayo, el promedio es de unos 5.000 por día, según datos de Federation for American Inmigration Reform, que promueve la migración ordenada para gestionar el crecimiento y mantener una alta calidad de vida de los estadounidenses, a partir de sus objetivos.
De acuerdo con los especialistas en inmigración, con las nuevas reglas, la mayoría de los migrantes no calificaría para una solicitud de asilo. Para el abogado Piñeiro ya se están viendo los efectos de las nuevas medidas y explicó los motivos. La decisión de la aprobación de una entrevista de “miedo creíble” está en manos de un oficial y depende de su criterio otorgar la aprobación o no.
La administración del presidente Joe Biden, sometido a presiones políticas por el manejo de la inmigración irregular que ha creado una crisis en la frontera y se ha trasladado a varios estados de la nación, advirtió a los extranjeros no cruzar ilegalmente a Estados Unidos porque no serán considerados aptos para recibir asilo y estarán sujetos a la deportación, y en casos de reincidencia podrían enfrentar la cárcel.
Las autoridades están animando a los migrantes a que pidan cita utilizando la aplicación móvil CBP One, antes de llegar a Estados Unidos, una herramienta clave para crear un sistema más eficiente y ordenado en la frontera “al tiempo que deja fuera a los contrabandistas sin escrúpulos que sacan beneficio de migrantes vulnerables”, según el Departamento de Seguridad Nacional.
La demanda ha superado de lejos las aproximadamente 1.250 citas disponibles cada día en la plataforma, de acuerdo con el último cambio anunciado por el gobierno que aumentó de 1.000 a 1.250 citas para la entrevista. Mientras los que logran la entrevista, no son aprobados en su mayoría. De acuerdo con reportes periodísticos, ante el rechazo, por la frontera siguen llegando grupos que ingresan de manera irregular.
“Se exhorta a las personas a usar vías legales, seguras y ordenadas para venir a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos presumirá que las personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos a través de su frontera terrestre suroeste o fronteras costeras adyacentes no son elegibles para asilo, a menos que puedan demostrar una excepción a la regla o refutar la presunción. Los menores no acompañados estarán exentos de esta presunción”, dice en su página Web el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
Grupos republicanos han demandado a la administración por la creación de la aplicación CBP One, que a su juicio promueve la inmigración ilegal, alegan que envía un mensaje de que pueden solicitar asilo político.
Y es que los migrantes que no aprueben la entrevista con oficial de asilo, puede tener una segunda oportunidad ante un juez.
“Si el funcionario de asilo emite una decisión negativa, la persona aún tiene derecho a solicitar que un juez de inmigración revise esta decisión. Una persona sólo puede conseguir que un juez de inmigración revise la decisión solicitándolo directamente. Las personas tienen derecho a que un juez de inmigración revise la decisión: si alguien solicita que un juez revise la decisión, el gobierno de Estados Unidos, debe proporcionar esa revisión”, informa la página de USCIS.
Cinco estados: Idaho, Florida, Nebraska, Tennessee y Virginia han enviado efectivos de la Guardia Nacional para resguardar la frontera en respuesta a la petición del gobernador de Texas, Greg Abbott, un crítico de las políticas de inmigración de Biden.
Para el abogado Piñeiro, la administración Biden ha creado opciones, entre ellas, el programa CBP One, el parole humanitario para países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Además, amplió el programa de reunificación familiar para ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.
Piñeiro asegura que también hay opciones para los 11 millones de migrantes indocumentados, muchos pueden tener acceso a un “perdón”, pero cada caso es individual y por eso recomienda la asesoría de un experto en el tema.
A partir del próximo 1° de julio" entrará en vigencia la nueva ley de inmigración en Florida, la SB1718, que podría impactar la vida de unos 800.000 inmigrantes sin estatus legal que, según organismos defensores de los migrantes, residen en el estado.
El experto asegura que “no es tiempo de quedarse dormido sin hacer nada y esperar a que llegue el 1° de julio".
La nueva ley fortalece los requisitos de empleo, prohíbe que los gobiernos locales aporten dinero a organizaciones que crean tarjetas de identificación para migrantes indocumentados, prohíbe el uso en Florida de licencias de conducir emitidas a migrantes sin estatus legal en otros estados; tipifica el delito de tráfico de personas cuando se trata de un menor o más de cinco personas y cuando el acusado tiene una condena previa por tráfico de personas. Los hospitales deberán recopilar la información sobre el estatus migratorio de los pacientes, de no hacerlo podrían enfrentar sanciones.
Las empresas con más de 25 empleados están obligadas a usar el E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos, y amplía las sanciones para los empleadores que no cumplan con el E-Verify, que incluyen la posible suspensión y la revocación de las licencias a empresarios.
Las nuevas regulaciones incluyen sanciones específicas a los empleadores que a sabiendas emplean a migrantes sin documentos.
Los migrantes trabajan en los tres motores de Florida: la agricultura, el turismo y construcción. La medida está provocando el éxodo de trabajadores sin estatus a otros estados, según organismos defensores de migrantes.
El abogado Piñeiro sostiene que ya se están viendo los efectos de la SB1718, "hay personas que no se están presentando a trabajar, aunque aún la ley no ha entrado en vigor", afirma.
Uno de los casos es el de Benjamín Pérez, se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, como otros miles de extranjeros que conforman una mano de obra primordial para el estado de la Florida.
Pérez, de 40 años, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector. Ahora, tras la aprobación de la ley, observa como las oportunidades para trabajar se van estrechando.
Piñeiro sostiene que no es hora de quedarse de brazos cruzados a la espera de que llegue el día que entra en vigor la ley. "Hay opciones" asegura, no hacerlo les complicará la vida. Aconseja que es necesario consultar a un abogado, "no, a un notario".
"No sabes la cantidad de personas a las que les hemos resuelto la situación", subraya. Se refiere a que su despacho ha logrado conseguir la residencia de quienes enfrentan este tipo de casos.
Y es que consultar con un abogado, especializado en Inmigración le puede llevar a encontrar un camino para obtener el ansiado estatus legal.
La abogada de inmigración, Diana Albite, aconseja que es determinante buscar la asesoría de un abogado porque las personas tienen más oportunidades cuando están asesoradas por un profesional.
“Muchas veces los migrantes creen no tener un caso porque están acostumbrados al quebranto de sus derechos que piensan, es normal. Cuando uno habla con la persona, se sienta, se va a fondo y se les dice que hablen de su vida, uno se da cuenta de que hay caso para un asilo político; por eso es importante que la persona tenga acceso a un abogado”, acotó.
En base a su experiencia personal, Piñeiro asegura que muchos de los inmigrantes que han acudido a su despacho han logrado el estatus legal gracias a la Visa U.
La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) la define como el "estatus no Inmigrante U (Visa U)", que está reservado para las víctimas de ciertos crímenes, que han sufrido abuso físico o psicológico y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales.
"El Congreso creó la visa de No Inmigrante U mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000. Esta legislación está dirigida a fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes, a su vez que protege las víctimas de los crímenes que han sufrido abuso mental o físico sustancial producto de dichos crímenes y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en la investigación y prosecución de la actividad criminal. La legislación también ayuda a las agencias del orden público a dar mejor servicio a las víctimas de crímenes", explica USCIS en su sitio de internet.
El abogado Piñeiro sostiene que la ley protege tanto a mujeres como hombres que han sido víctimas de algún tipo de violencia.
Pero también explica que hay otras opciones que podrían crear un camino a la residencia, el asunto es buscar, estudiarlas y actuar.
La ley de Inmigración que entraría en vigor en Florida el 1 de julio fue respaldada por el gobernador Ron DeSantis debido a la crisis en la frontera. “La crisis fronteriza de Biden ha causado estragos en los Estados Unidos y ha puesto en peligro a los estadounidenses”, acotó el gobernador que el 24 de mayo, oficializó su candidatura para la presidencia de Estados Unidos.
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