Proud Boys: Un veredicto con tintes políticos

Un jurado alcanzó a principios de mes un veredicto condenatorio en el juicio a cinco integrantes de la organización “Proud Boys” (Enrique Tarrio, Joseph Biggs, Ethan Nordean, Dominic Pezzola y Zachary Rehl) por 9 cargos relacionados a los sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

El delito de conspiración sediciosa es poco frecuente en tribunales y se remonta a un estatuto de la época de la Guerra Civil. El Departamento de Justicia no había juzgado un caso de este tipo en una década antes de que se condenara al fundador de los Oath Keepers, Stewart Rhodes.

Durante cuatro meses de audiencias el proceso contra los “Proud Boys” quedó listo para sentencia. El juez de distrito Timothy J. Kelly, que supervisó el juicio dictará en última instancia contra los acusados.

En conversación con DIARIO LAS AMERICAS, Sabino Jáuregui, el abogado de Tarrío subrayó que esperan “la fecha de sentencia, esta se supone que sea entre agosto y septiembre. Antes de esa fecha, se crea un reporte, una investigación con la oficina de probatoria y se le asigna un puntaje. De ese puntaje depende la mínima y la máxima sentencia. Entonces a partir de esa información el juez toma su decisión. Luego la apelación puede tomar hasta dos años. EL puntaje actual de Tarrío se encuentra entre 10 y 16 años. Aunque hay precedentes que pudieran ubicar la condena alrededor de los 20”

Los argumentos de los fiscales para acusar a Tarrío (que no se encontraba en Washington DC en el momento de la revuelta) fue un supuesto llamado a la insurrección a través de redes sociales e Internet después de la derrota en las urnas del expresidente Donald Trump. "Si Biden roba estas elecciones seremos presos políticos. No nos iremos en silencio (...) lo prometo", publicó.

Tarrío es considerado uno de los principales ideólogos del denominado “Ministerio de Autodefensa” que estuvo compuesto por un centenar de personas fuertemente armadas. Los fiscales argumentaron que los “Proud Boys” tenían “sed de violencia” y se habían organizado con antelación para impedir la certificación de la victoria del presidente, Joe Biden, por “cualquier medio necesario, incluso por la fuerza".

En pruebas cifradas reveladas durante el juicio, Tarrío reconoció haber recibido un mensaje de alguien que quería “asaltar el Capitolio”, pero no respaldó directamente ese plan.

Jáuregui hace énfasis en que “Definitivamente este es un caso político. La fiscalía federal está tratando de crear un escarmiento, de dar un ejemplo con las personas acusadas por los eventos de enero 6. Las acusaciones son más severas de lo que debieran ser. La fiscalía está tratando de buscar el castigo más serio posible. Hay que recordar que en Washington más del 90 por ciento votó demócrata y por Biden”

Referente a las condicionantes y a la posible injerencia de factores externos, el letrado aclara: “Los juicios siempre proceden en la ciudad donde ocurrió el delito; aunque yo como abogado hice una moción para tratar de trasladar el juicio a Miami. Se realizó una audiencia y el juez no estuvo de acuerdo. Es necesario subrayar que en casos extraordinarios con tanta publicidad se ha realizado un cambio de sede. Es casi imposible que mi cliente, líder de un grupo de derecha, pueda recibir un caso justo en una ciudad con un abrumador por ciento de la población izquierdista. Es casi imposible un jurado imparcial”

Según los fiscales, el grupo se veía a sí mismo como el “ejército de Trump” y estaba preparado para una “guerra total” para evitar que Biden se convirtiera en presidente.

El expediente de la fiscalía presentó mensajes enviados por los jefes de los Proud Boys hablando de la “necesidad de la "guerra" y de una "revolución americana", y sugiriendo llevar a los "traidores" ante pelotones de fusilamiento.

Según los documentos de acusación, Nordean, Rehl, Biggs y Pezzola se reunieron con un centenar de militantes de los Proud Boys cerca del Monumento a Washington, el 6 de enero de 2021, en momentos en que Trump hablaba desde la plaza Elipse, en las cercanías de la Casa Blanca.

El juicio comenzó el pasado 12 de enero y tuvo miles de páginas de evidencias y el testimonio de docenas de testigos de ambas partes. Por su duración, el costo del juicio habría superado el millón de dólares.

Otros miembros de Proud Boys se han declarado culpables por su participación en el 6 de enero. Joshua Pruitt, un mesero de Washington D.C. que se unió a la organización e irrumpió en el Capitolio, fue condenado a cuatro años y medio de prisión en agosto del año pasado. Nicholas Ochs, fundador de la sección hawaiana, también fue condenado a cuatro años en diciembre.

El resto son Ethan Nordean, uno de los líderes de la delegación de Washington; Joseph Biggs, un veterano del Ejército y jefe de Proud Boys de Florida; Zachary Rehl, antiguo infante de la Marina y presidente del grupo en Filadelfia, y Dominic Pezzola, a quien las cámaras captaron robando un escudo policial con el que rompió una de las ventanas del Capitolio por las que la turba fue entrando.

Anteriormente, Tarrío cumplió una sentencia de cárcel por quemar un cartel de Black Lives Matter que estaba en la iglesia episcopal Metodista Africana Metropolitana en Washington, D.C. en diciembre de 2020 y por llevar cargadores de rifle de alta capacidad a la capital del país.

El líder de la organización se considera afrolatino y defensor de los valores occidentales, nació en Miami, es hijo de emigrantes cubanos, también fue líder de Latinos por Trump. Por ello llama poderosamente la atención el tratamiento de numerosos medios de prensa y analistas. El abogado Jauregui sostiene que “Nosotros presentamos pruebas de la publicidad negativa durante el juicio. El papel de la prensa ha sido perjudicial, en contra de mi cliente. Cuando estábamos interrogando a los posibles jurados, la gran mayoría tenía una percepción negativa de la organización Proud Boys. Muchos pensaban hasta que eran racistas, nazis, supremacistas blancos, cuando mi cliente es afrocubano, habla español y en la organización hay muchos latinos e incluso homosexuales pero la prensa nunca reporta eso”

La defensa negó rotundamente que hubiera algún complot para atacar el Capitolio o detener la certificación del Congreso de la victoria de Biden.

En resumen, los cinco miembros de la organización procesados fueron declarados culpables de delitos graves que incluyen obstrucción a un procedimiento oficial, obstrucción de las funciones del Congreso, conspiración para impedir que un funcionario cumpla con sus obligaciones, obstrucción a la aplicación de la ley durante desórdenes civiles y complicidad y destrucción de bienes del Estado y podrían enfrentarse a condenas de entre 10 a 20 años.

El abogado Sabino Jáuregui está en desacuerdo con la decisión del jurado y que se prepara para la apelación el caso.

Acusan policía

Un policía de Washington D.C., identificado como Shane Lamond, de 47 años de edad, fue acusado este viernes de obstrucción a la justicia. La razón: presuntamente filtró información sensible a Tarrío.

De acuerdo con el portal de noticias The Hill, Lamond estuvo en contacto, de forma regular, con Enrique Tarrio entre julio de 2019 y enero de 2021, y le entregó información relacionada con el seguimiento que se le hacía a los Proud Boys desde julio de 2020.

Asimismo, Lamond habría enviado información confidencial a Tarrio luego de la quema de un estandarte de Black Lives Matter -un movimiento internacional originado en Estados Unidos para generar conciencia sobre el racismo en el país-. Información de The Hill indica que la información incluía datos acerca de la investigación del incidente e incluso una notificación a Tarrio acerca de una orden de arresto en su contra emitida en enero de 2021.

“Parece que los federales están encerrando a la gente por disturbios en el Capitolio. Espero que ninguno de tus muchachos estuviera entre ellos”, le dijo Lamond a Tarrio en un mensaje de Telegram dos días después del asedio.

“Hasta ahora de lo que estoy viendo y escuchando, estamos bien”, respondió Tarrio.

“Es genial escucharlo”, escribió Lamond. “Por supuesto que no puedo decirlo oficialmente, pero personalmente los apoyo a todos y no quiero ver el nombre y la reputación de su grupo arrastrados por el barro”.

Lamond fue puesto en licencia administrativa por la fuerza policial en febrero de 2022.