De acuerdo con la EOIR, estas audiencias no forman parte del sistema penal, sino de un procedimiento civil administrativo
Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
AFPMIAMI.- En Estados Unidos, miles de inmigrantes enfrentan cada año un proceso legal para determinar si pueden permanecer en el país o si, por el contrario, deben ser expulsados. Ese procedimiento se desarrolla en una audiencia de deportación, también llamada audiencia de remoción, que se lleva a cabo ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.
De acuerdo con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), estas audiencias no forman parte del sistema penal, sino de un procedimiento civil administrativo. En ellas, el Gobierno federal, a través de abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presenta los cargos de removibilidad contra la persona extranjera.
“Una audiencia de deportación es un procedimiento formal en el que un juez decide si un no ciudadano es removible de los Estados Unidos y, en caso afirmativo, si existe alguna forma de alivio que le permita permanecer legalmente en el país”, explica la EOIR en su portal oficial.
El procedimiento suele comenzar con la Notificación de Comparecencia (NTA), un documento que el migrante recibe con los cargos en su contra y la fecha de la primera audiencia. Existen dos tipos principales de audiencias:
Audiencia preliminar o de calendario maestro: en esta sesión inicial, el juez informa al migrante sobre los cargos, sus derechos y las posibles opciones de defensa. Si la persona cuenta con un abogado, este puede presentar argumentos iniciales.
Audiencia individual o de mérito: es la etapa más decisiva. Allí, el juez escucha pruebas, testimonios y argumentos de ambas partes antes de emitir una decisión.
Según la EOIR, durante todo el proceso, el migrante tiene derecho a contar con un abogado, aunque a diferencia de los casos penales, el Gobierno no asume los costos de la representación legal.
En una audiencia de deportación, la persona puede aceptar los cargos o refutarlos. Asimismo, tiene la posibilidad de solicitar formas de alivio migratorio, como asilo, cancelación de deportación, ajuste de estatus, residencia a través de un familiar o protección bajo la Convención contra la Tortura.
“Los inmigrantes tienen derecho a presentar pruebas, a interrogar testigos y a ser escuchados por un juez imparcial”, precisa la EOIR.
El fallo puede ser favorable -permitiendo que el migrante permanezca en el país bajo un estatus legal- o desfavorable, lo que abre el camino a la expulsión. Sin embargo, existe la opción de apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y, posteriormente, ante cortes federales.
Diversos abogados de inmigración en Estados Unidos destacan que contar con asistencia legal es crucial. El American Immigration Council señala que “los migrantes con representación tienen cinco veces más probabilidades de obtener un resultado favorable en sus casos que aquellos que se representan a sí mismos”.
En este contexto, organizaciones sin fines de lucro y clínicas legales universitarias brindan asesoría gratuita o de bajo costo para quienes no pueden pagar un abogado privado.
El desenlace de una audiencia de deportación puede marcar un antes y un después en la vida de un inmigrante y su familia. No solo define si la persona podrá permanecer en Estados Unidos, sino también si tendrá acceso a oportunidades de estabilidad, empleo y reunificación familiar.
Como recuerda la EOIR, “la misión del sistema de cortes de inmigración es resolver los casos de manera justa y eficiente, garantizando que se cumpla la ley mientras se respetan los derechos de quienes comparecen ante el tribunal”.
FUENTE: Con información de EOIR / NTA / American Immigration Council
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