domingo 3  de  noviembre 2024
REFORMA MIGRATORIA

Reforma: cinco millones de indocumentados, sobre todo padres de estadounidenses, principales beneficiarios

MIAMI.- Toda la información sobre el paquete de medidas que esta noche anunciará el presidente Obama

MIAMI.- AGENCIAS

El presidente de EEUU, Barack Obama, defendió que la regularización de más de cinco millones de inmigrantes indocumentados anunciada este jueves no es una amnistía, como esgrime la oposición republicana, sino una medida "moderada y de sentido común".

"Sé que algunos de los críticos de esta medida la llaman amnistía. Bueno, no lo es. Amnistía es el sistema migratorio que tenemos actualmente, donde millones de personas viven aquí sin pagar sus impuestos o someterse a nuestras reglas, donde los políticos usan este asunto para asustar a los ciudadanos y buscar votos", señaló Obama en un discurso a la nación desde la Sala Este de la Casa Blanca

El presidente Barack Obama dijo a la nación que la hora de cambiar el sistema de inmigración es ahora, y que tomará medidas para que ello ocurra.

En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, Obama dijo que no tiene sentido perseguir y deportar a millones de personas que viven ilegalmente en el país. Dijo que su plan les permitirá salir de las sombras, pero que no es algo semejante a una amnistía.

El plan de Obama protegerá de la deportación a alrededor de cinco millones de inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos.

Obama dijo que aunque hubo un breve aumento en la llegada de niños solos a través de la frontera a mediados de año, el número de personas en general que trata de cruzar la frontera de manera ilegal está en su nivel más bajo desde la década de 1970.

Los padres de ciudadanos estadounidenses y los jóvenes que entraron al país con menos de 16 años antes de 2010 son los principales beneficiarios de las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama, que afectarán a 5 de los más de 11 millones de indocumentados del país.

Reacción republicana

El Congresista Mario Díaz-Balart (R-FL) y la Congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) emitieron la siguiente declaración con respeto a la orden ejecutiva del Presidente Obama sobre inmigración:

“El Presidente Obama dijo, ‘yo soy el presidente de Estados Unidos, no el emperador de Estados Unidos.’ También declaró que actuando unilateralmente, ‘se ignora la ley de una forma que yo considero muy difícil de defender legalmente.’ Ahora, el Presidente dice que tiene la autoridad para no deportar. La pregunta debe ser obvia: ¿por qué deportó a más de dos millones de personas, dividiendo familias, cuando, según él, podía evitarlo?,” declararon Díaz-Balart y Ros-Lehtinen.

“Aunque estamos de acuerdo con algunas de las medidas anunciadas,” continuaron diciendo Díaz-Balart y Ros-Lehtinen, “la orden ejecutiva del Presidente dificulta aún más la aprobación de una reforma justa y razonable del sistema de inmigración de nuestro país. Seguimos creyendo que tenemos que lograr una medida legislativa bipartidista que asegure las fronteras, ofrezca una solución permanente y humanitaria a los indocumentados, respete el estado de derecho, modernice el sistema de visas y ayude a la economía. La orden ejecutiva del Presidente no resolverá ninguno de estos temas.”

“Después de las recientes elecciones, el Presidente Obama dijo que deseaba trabajar con el nuevo Congreso. Pero hoy ha demostrado que no tiene la intención de hacerlo. Desafortunadamente, sus decisiones dividirán aún más a nuestro país. Seguimos comprometidos con buscar una solución legislativa bipartidista que logre unir a la mayoría del Congreso y al pueblo de Estados Unidos sobre esta tema tan importante,” concluyeron Diaz-Balart y Ros-Lehtinen.


De acuerdo a la explicación de la Casa Blanca de las medidas:

¿Quiénes se beneficiarán?

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Los inmigrantes podrán acogerse a un plan para evitar ser deportados temporalmente y obtener un permiso de trabajo si pueden demostrar que no tienen antecedentes penales, pagan impuestos, una multa y cumplen los siguientes requisitos:

- Ser padre de un ciudadano estadounidense o residente permanente; no formar parte del grupo considerado "prioritario" para ser deportado por las agencias de seguridad (sospechoso de terrorismo, criminales y quienes cruzaron este año la frontera), y haber permanecido en el país desde antes de enero de 2010.

- Haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años antes de enero de 2010, independientemente de la edad. Esto es la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un plan de 2012 para evitar la deportación de jóvenes que llegaron al país siendo niños, que ponía como condición haber entrado al país antes del 15 de junio de 2007 y ser menor de 31 años.

Las solicitudes comenzarán en 2015

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El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no empezará a aceptar solicitudes al menos hasta principios de 2015.

Inmigrantes recientes

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Quienes hayan cruzado la frontera a partir del 1 de enero de 2014 son considerados casos de "prioridad" para su expulsión.


Advertencia de fraude

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El Gobierno advierte que revisará cada caso cuidadosamente y al igual que con cualquier otra solicitud de inmigración advierte de que ocultar hechos o faltar a la verdad puede ser motivo para la apertura de una causa penal y la posible expulsión del país.

El Gobierno también advierte a quienes van a solicitar acogerse al programa de que estén atentos a posibles estafas de personas que se ofrezcan a ayudarles como intermediarios con los servicios de inmigración.

Las acciones ejecutivas también incluyen:

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- Medidas contra la inmigración ilegal en la frontera.


El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevará a cabo un plan para fortalecer la frontera sur y los esfuerzos de las agencias que trabajan en asegurar los límites territoriales.

El Departamento de Justicia realizará una serie de reformas en las cortes de inmigración para desatascar los casos pendientes y trabajará con el DHS para adjudicar más rápidamente los casos de los individuos que cumplen con las nuevas prioridades de expulsión y cierre los casos de individuos que no son considerados prioritarios.

El Departamento de Trabajo aumentará las opciones de protección de las víctimas de delitos y de tráfico de personas que cooperaren en investigaciones del Gobierno.

- Deportar a los criminales, no a las familias

El DHS emitirá un memorando para que las agencias de seguridad centren las deportaciones en quienes supongan una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública, como sospechosos de terrorismo, miembros de grupos criminales y quienes hayan cruzado la frontera desde el 1 de enero, que serán considerados "prioritarios".

El programa Comunidades Seguras, que permite a las autoridades verificar los antecedentes migratorios y delictivos de los extranjeros que son detenidos, se reemplazará por otra iniciativa centrada en procesos de expulsión de condenados por delitos penales.

- Medidas adicionales

Se creará un mecanismo para que los inmigrantes pasen un control de antecedentes penales y entren en el sistema de pago de impuestos.

Se ampliarán las opciones para emprendedores extranjeros.

Se fortalecerá los programas de permisos para graduados y estudiantes universitarios extranjeros en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Se expandirá una política existente para proporcionar alivio a los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que buscan alistarse en el Ejército.

Se ampliarán los permisos de viaje al país de origen mientras los solicitantes esperan la concesión de permiso de residencia legal.

Obama priorizará la deportación de los que cruzaron la frontera este año

Después de esperar un año, el presidente Barack Obama anunciará esta noche la regularización de más de cinco millones de inmigrantes indocumentados.

Así, entre sus medidas ejecutivas sobre inmigración que su Gobierno dará prioridad a la deportación de quienes cruzaron la frontera ilegalmente este año, según adelantó la Casa Blanca.

Por mandato de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborará una nueva guía de acción para que la política de deportaciones se centre en los criminales, personas con delitos vinculados a la seguridad nacional y aquellos que cruzaron la frontera desde el 1 de enero pasado.

Las acciones que está adoptando el presidente "aumentan las posibilidades de que cualquier persona que intente cruzar la frontera ilegalmente hoy sea capturada y expulsada", enfatizó la Casa Blanca.

Durante el Gobierno de Obama, las deportaciones han alcanzado niveles récord de unas 400.000 al año, lo que ha generado muchas críticas entre los activistas defensores de los inmigrantes.

Entre marzo y junio pasado, una oleada de menores no acompañados, procedentes en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, creó una crisis en la frontera sur del país y obligó a la apertura de nuevos centros de detención y acogida de indocumentados.

Un total de 68.541 menores fueron detenidos cuando intentaban entrar en Estados Unidos entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre pasado, frente a los 38.759 del anterior año fiscal, según el informe de cierre del ejercicio de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Tras la oleada entre marzo y junio, el flujo de menores comenzó a reducirse notablemente a partir de julio, en parte por las medidas adoptadas por los Gobiernos del presidente Obama y de sus homólogos centroamericanos.

Esos menores estarán dentro de las deportaciones consideradas ahora prioritarias, aunque la semana pasada el Gobierno anunció un programa para permitir a los niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que tengan un familiar legal en Estados Unidos puedan solicitar refugio desde oficinas situadas en su país de origen.

Las acciones ejecutivas que Obama anunciará hoy también contemplan un plan para fortalecer la frontera sur, donde los recursos del DHS destinados a la seguridad están "en su mayor nivel" de la historia, de acuerdo con la Casa Blanca.

Además, se reemplazará el programa Comunidades Seguras, que permite a las autoridades verificar los antecedentes migratorios y delictivos de los extranjeros que son detenidos, por otra iniciativa centrada en procesos de expulsión de condenados por delitos penales. 

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