"El plan inconstitucional de Biden habría recompensado a más de un millón de inmigrantes ilegales", dijo el fiscal general de Texas sobre el "Parole in Place"
"Parole in Place", medida para otorgar estatus legal a cónyuges de ciudadanos estadounidenses que residen en el país sin autorización.
CANVA/collage
TEXAS.- Este lunes, un juez de Texas pausó temporalmente el "Parole in Place", un programa del gobierno que acelera el proceso de obtención de estatus legal para cónyuges extranjeros de estadounidenses, un golpe a la política migratoria de Joe Biden a diez semanas de las elecciones presidenciales.
El plan del presidente demócrata anunciado en junio busca beneficiar al menos a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, este lunes, Campbell Barker, un juez federal en Tyler, Texas, acogió una demanda hecha por 16 fiscales generales de estados republicanos, que acusaron al gobierno de Biden de evadir la jurisdicción del Congreso y lanzar la medida con propósitos políticos.
"Las reclamaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha", escribió el juez Barker en su orden.
Si bien la decisión tiene vigencia por 14 días, el magistrado aclaró que esta podría extenderse incluso hasta mediados de octubre, mientras evalúan elementos presentados por las partes.
El programa de Biden "Keeping Families Together" (Manteniendo a las Familias Unidas) fue lanzado a meses de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que la vicepresidenta, Kamala Harris, se enfrentará al republicano Donald Trump. La solución a la crisis migratoria es un tema clave en la contienda.
La medida permite un 'parole in place', una especie de libertad bajo palabra, para que inmigrantes sin estatus legal que estén casados con estadounidenses y que califican para una residencia permanente puedan iniciar sus trámites sin necesidad de dejar territorio estadounidense.
Las reglas se aplican a quienes estuvieron en el país durante al menos 10 años y se casaron con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio de 2024, y también se extienden a aproximadamente 50.000 hijastros de ciudadanos estadounidenses.
Los favorecidos recibirán una autorización para trabajar y el derecho a permanecer en los Estados Unidos por hasta tres años mientras solicitan una 'green card'.
Anteriormente, quienes deseaban realizar ese trámite debían hacer sus gestiones fuera del país, en un proceso que toma años y separa familias.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó en un comunicado que la decisión del tribunal "no afecta a ninguna solicitud que haya sido aprobada antes de que se emitiera" el fallo. Aclaró que, aunque no se podrán aprobar nuevas solicitudes mientras la suspensión siga vigente, sí seguirán recibiéndolas, mediante el formulario I-131F.
En tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, uno de los promotores de la demanda, celebró la decisión judicial.
Paxton afirmó que los contribuyentes de Texas estaban financiando decenas de millones de dólares al año en atención médica y otros servicios para estos inmigrantes indocumentados.
“Las afirmaciones son sustanciales y merecen una consideración más detallada de la que el tribunal ha podido ofrecer hasta la fecha”, indicó una decisión escrita de Barker, quien fue nombrado en 2019, en el tercer año de la presidencia de Trump. El juez estableció una fecha límite del 10 de octubre para que las partes opuestas presenten argumentos en el caso.
Para la ONG Justice Action Center, que representa a algunas familias que se han acogido al programa, "detener un proceso para el que Texas no ha podido proporcionar ni un ápice de evidencia de que dañaría al estado es desconcertante".
"Esto es desgarrador para nuestros clientes y las miles de parejas que esperan beneficiarse de este proceso y poder vivir sin miedo a que su familia sea separada", dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de la organización.
Más temprano este lunes, la organización humanitaria informó que un grupo de inmigrantes que se ha acogido al proceso presentó un pedido para ser escuchados en la corte federal.
"Si me conceden la libertad condicional, lo primero que haré será abrazar a mis hijos, porque entonces sabré que estaré allí para acostarlos todas las noches", dijo Rico Ocampo, según una nota difundida por el Justice Action Center.
"La decisión de Texas de tratar de detener este proceso a través de litigios carece de humanidad y ataca nuestros valores estadounidenses que protegen a las familias", comentó Angélica Salas, directora ejecutiva en The Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA).
El programa "Parole in Place" ha sido un tema de controversia en un año electoral donde la inmigración se ha convertido en uno de los puntos más divisivos del debate político en Estados Unidos. Mientras los defensores del programa lo ven como una medida necesaria para evitar la separación de familias y facilitar el acceso a la naturalización, muchos republicanos lo consideran una forma de amnistía para quienes han violado las leyes de inmigración.
Con la suspensión temporal en vigor, el futuro del programa "Parole in Place" es incierto. El DHS, que comenzó a aceptar solicitudes una semana antes de la orden de suspensión, no ha emitido una respuesta oficial al fallo del juez Barker. Sin embargo, es probable que el caso se convierta en un tema central en los próximos meses, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre.
Miles de familias inmigrantes que esperaban beneficiarse del programa se encuentran ahora en un limbo legal, sin saber si podrán avanzar con sus solicitudes o si enfrentarán la posibilidad de ser separados de sus seres queridos. La decisión final del juez Barker, que podría llegar antes de las elecciones, no solo tendrá un impacto significativo en estas familias, sino que también podría influir en el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos.
Según USCIS, para ser considerado para una concesión discrecional del permiso de permanencia temporal en el país bajo Manteniendo a las Familias Unidas, debe cumplir con estos criterios de elegibilidad:
La responsabilidad de demostrar mediante una preponderancia de la evidencia que cumple con los criterios de elegibilidad, y que amerita el permiso de permanencia temporal en el país como una cuestión de discreción por razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo, recae en el solicitante. La concesión de un permiso de permanencia temporal en el país bajo Manteniendo a las Familias Unidas no establece la elegibilidad para otros beneficios de inmigración, incluido el estatus de residente permanente legal.
Para obtener información sobre antecedentes penales, seguridad nacional y guías de seguridad pública, consulte la página Preguntas Frecuentes sobre Manteniendo a las Familias Unidas.
FUENTE: Con información de USCIS / The Guardian / AFP
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