El exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana, acusado además de asesinato y conspiración por el ataque de 1996, es el único de los seis imputados que se encuentra bajo custodia estadounidense
Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de "Hermanos al Rescate" que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
Cortesía facebook "Cubanos en el mundo"MIAMI.- Un tribunal federal de Jacksonville, en el norte de Florida, está convocado este jueves para dictar sentencia contra el exteniente coronel retirado de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, de 65 años, quien se declaró culpable en enero de fraude migratorio tras ocultar a las autoridades estadounidenses casi tres décadas de servicio militar.
El proceso judicial cobró una dimensión inédita después de que la fiscalía federal incluyera la semana pasada a González-Pardo en la acusación por el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
El expiloto, encarcelado desde noviembre, comparecerá ante la corte luego de aceptar cargos por declaraciones falsas en su solicitud de residencia permanente, una decisión con la que evitó ir a juicio por ese expediente.
González-Pardo llegó a Estados Unidos el 19 de abril de 2024 mediante un parole humanitario y, un año después, solicitó la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano. En el formulario I-485 declaró que nunca había recibido entrenamiento militar ni había participado en actividades armadas, pese a haber servido cerca de 30 años en la aviación militar de la isla.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusó de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, así como de hacer una declaración falsa ante una agencia federal, cargos que en conjunto contemplan una pena máxima de hasta 15 años de prisión, aunque distintos reportes judiciales han situado la exposición penal del exmilitar en torno a los diez años.
Sin embargo, la defensa sostiene que el acusado ya había visitado el país en mayo de 2017 con una visa de turismo y que en aquella ocasión sí reveló su pertenencia a las fuerzas armadas cubanas, un argumento con el que busca matizar la imputación de fraude. El propio acusado considera que ese tipo de delito migratorio no suele derivar en condenas prolongadas de cárcel.
La situación judicial de González-Pardo se transformó por completo el pasado 20 de mayo, cuando el Departamento de Justicia desclasificó en la Torre de la Libertad de Miami una acusación sustitutiva contra el exdictador cubano Raúl Castro, de 94 años, y cinco militares por el ataque del 24 de febrero de 1996.
Junto a Castro figuran Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y el propio González-Pardo. Todos enfrentan cargos de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato.
El caso quedó registrado bajo el número 03-cr-20685 del Distrito Sur de Florida y la investigación recayó en la oficina del FBI en Miami.
Según el acta acusatoria, González-Pardo pilotó el MiG-29A 911 durante la persecución de la tercera avioneta de la organización, tripulada por el fundador del grupo, José Basulto, junto a Sylvia y Andrés Iriondo y Arnaldo Iglesias, la única aeronave que logró escapar luego de que las otras dos fueran derribadas sobre aguas internacionales.
La fiscalía no le atribuye haber disparado los misiles, pues el avión que perseguía se aproximaba ya al espacio aéreo estadounidense. El ataque causó la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
“Obviamente, declaró que no había disparado, pero el hecho de no haber disparado no quiere decir que no es responsable de una conspiración para matar”, expuso el activista Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Fue precisamente Domínguez quien rastreó al expiloto durante años y lo identificó tras estudiar un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional de 1996 que recogía las transcripciones de radio entre los pilotos de los MiG y su base aérea. En esos registros, uno de los pilotos llegó a informar que tenía un objetivo a la vista.
El investigador también atribuyó al acusado el alias “Código 22” y recordó que su nombre ya figuraba en el proyecto Represores Cubanos antes de su llegada al país.
“Desde antes de que él emigrara a este país, estaba ahí”, aseguró Domínguez sobre la inclusión del expiloto en la lista de represores.
La presencia del expiloto en territorio estadounidense reavivó el escrutinio sobre los controles migratorios aplicados durante la administración de Joe Biden, en particular sobre el programa de parole humanitario CHNV destinado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El congresista republicano por Florida Carlos Giménez calificó de profundamente alarmante que un hombre vinculado al aparato militar cubano hubiera podido ingresar bajo programas creados por la Casa Blanca.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, describió el anuncio de la acusación como un proceso histórico y un paso hacia la rendición de cuentas, y rechazó que el paso del tiempo diluya la responsabilidad penal.
Entretanto, el fiscal general interino, Todd Blanche, subrayó el compromiso de exigir cuentas más de tres décadas después por la muerte de los cuatro estadounidenses.
La condición de González-Pardo como único acusado bajo custodia en Estados Unidos lo convierte, según observadores, en una figura potencialmente clave para reconstruir cómo se ejecutó una de las operaciones más controvertidas atribuidas al régimen cubano contra civiles.
El exdictador Raúl Castro, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar incluso la pena de muerte.
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