Por ELIVÁN MARTÍNEZ MERCADO
Especial

La falta de dinero para costear el plan médico público de Puerto Rico resurge como la enfermedad de la culebrilla, tras haber estado latente desde la creación de la tarjeta hace más de 20 años.

A ese escenario se añaden los recortes de $2,293 millones a la tarjeta de salud al cabo de 5 años, según lo manda el nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico, revisado por la administración de Ricardo Rosselló tras los daños causados por el huracán María. La solución no recae exclusivamente en dar más fondos locales y federales, alerta el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud (CMSS), sino en mejorar estos servicios esenciales defectuosos que recibe casi la mitad de la población.

“Estaríamos invirtiendo dinero bueno en un modelo malo. No podemos dejar lo mismo que siempre ha fallado”, sostuvo el doctor Rafael Torregrosa, director del CMSS, organismo independiente creado por la Ley 235 de 2015 para asesorar al Ejecutivo y a la legislatura en torno al mejor financiamiento y la prestación de estos servicios. Lo componen 24 organizaciones como el Colegio de Médicos Cirujanos, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico y la Asociación de Hospitales.

Con la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno, más la falta de acuerdo en el Congreso de EEUU para renovar partidas para los médico indigentes de Puerto Rico, están en riesgo la cantidad y la calidad de servicios del plan Mi Salud, que reciben 1.5 millones de personas.

Parte de lo que hay que reestructurar es un modelo enfocado más en el tratamiento que en la prevención de las enfermedades. Los usuarios son principalmente envejecientes bajo el nivel de pobreza, con padecimientos crónicos como la hipertensión y la diabetes; enfrentan largas esperas para ver a especialistas cada vez más escasos como los endocrinólogos, confirmó un informe publicado en 2017 por el Urban Institute, un grupo de investigación y análisis con sede en Washington DC, y preparado a petición del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU.

“El huracán María amplió los retos que encontramos en el informe”, dijo la economista Krista Perreira, profesora de la Universidad de Carolina del Norte y coautora del documento, durante una reunión de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad que manda sobre las finanzas locales.

Los problemas financieros y estructurales con la tarjeta de salud son la gran crisis que enfrenta la administración del gobernador, Ricardo Rosselló, además de la deuda pública de $68,000 millones y la reconstrucción del país tras la destrucción causada por el huracán María.

El plan Mi Salud, que ofrece servicios de cuidado primario, dentales, psiquiátricos, optometría, entre otros, es altamente dependiente del dinero que manda Washington DC. Mientras los fondos federales de Medicaid cubren al 49% de la población puertorriqueña, en EEUU cubre al 10%, según el informe.

Mi Salud arrastra problemas de pagos tardíos a los médicos, uno de los factores que causan que los especialistas se unan al éxodo de puertorriqueños hacia EEUU, y que los pacientes tengan dificultades para encontrar servicios de calidad.

Ángela Ávila, directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, que administra la tarjeta, no accedió a dialogar con este medio sobre la reforma que está llevando a cabo en el plan médico público.

La tarjeta ha enfrentado problemas de financiamiento desde su creación en 1996, y el Gobierno ha tenido que buscar sistemáticamente fondos adicionales a los presupuestados para atender los descuadres.

Mi Salud cuesta anualmente unos $2,800 millones, de los cuales la mitad se pagan con asignaciones federales del Medicaid. Esos fondos incluyen una partida de $6,000 millones de la ley Obamacare que el Gobierno tenía para gastar hasta 2019, y que según el nuevo plan fiscal se agotarán en marzo próximo, mientras el Congreso aprobóla semana pasada $5,000 millones para Medicaid.

“Sin reestructurar del sistema y sin dinero, va a haber una cantidad significativa de gente sin seguro médico. Vamos a tener un país más enfermo y menos productivo, y vamos a tener más especialistas que se van de Puerto Rico”, añadió Torregrosa.

La alerta del CMSS no va dirigida exclusivamente al gobernador ni al Congreso, sino también a La JCF, que tiene ante su consideración el nuevo plan fiscal que le entregó Rosselló.

Torregrosa y Perreira coinciden en que parte del problema de fondo surge con la privatización de los servicios y el modelo managed care, en el que las aseguradoras son intermediarias y tratan de reducir costos. Este sistema lo implantó en 1996 el padre del actual ejecutivo, el ex gobernador Pedro Rosselló.

El nuevo plan fiscal incluye una reestructuración de Mi Salud, pero no enfoca el problema de los altos costos administrativos.

“El 30% de cada dolar se va en gastos de las aseguradoras. Este modelo demuestra que es más costoso cuando lo comparas con el modelo de pagador único, como el de Canadá, donde el gobierno le da el dinero directamente a los médicos privados”, dijo Torregrosa. “Nosotros no tenemos una población más saludable ni más médicos. ¿Dónde está el resultado?”.

@Elivanmartinez

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