Una auditoría realizada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describe una agencia a la deriva en lo que se refiere a la aplicación y reforzamiento de las leyes de inmigración a pesar de gestionar un presupuesto de 22.800 millones de dólares sólo para las tareas relacionadas con inmigración desde 2014.

El informe de diez páginas, enviado a la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke y divulgado recientemente, identificó “dificultades de coordinación” del DHS respecto a la disponibilidad de camas en los centros de detención de inmigración, servicios de idiomas, y procesamiento de los inmigrantes.

“Sin una respuesta más unificada a la administración y reforzamiento (de las tareas) de inmigración que incluya una eficiencia en la gestión de recursos, DHS continuará permitiendo vulnerabilidades que pueden afectar la seguridad pública y nacional”, advirtió la auditoría, preparada por la Oficina del Inspector General (OIG), a cargo de John Roth.

El informe fue divulgado un día después de que la ciudad de Nueva York sufriera su peor atentado terrorista desde el 9/11, y que ahora obliga a las autoridades federales a plantearse posibles medidas adicionales para la seguridad vial.

Por ejemplo, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que en su conjunto recibieron entre 2014 y 2016 el 95% de todo el presupuesto para tareas migratorias, un total de 21.700 millones de dólares, siguen afrontando “ineficiencias” en torno a la designación de recursos y el proceso de solicitudes de asilo.

El informe también apunta a que, en general, el DHS carece de un buen entendimiento de “las decisiones y resultados” en el área de inmigración.

A pesar de las iniciativas desplegadas por el DHS para “centralizar” la toma de decisiones en torno a los asuntos de inmigración, la agencia sigue acumulando problemas de gestión y coordinación.

Esos problemas han existido, explicó el informe, porque el DHS, creado en 2013, después del 9/11,no tenía a un funcionario o grupo designado específicamente para fomentar la coordinación.

Según Roth, para paliar estas dificultades, el DHS ha aceptado la recomendación de la OIG y prevé institucionalizar un Concejo de Política Migratoria (IPC, en inglés) para coordinar las estrategias relacionadas con las políticas y operaciones migratorias.

Ese Concejo tendrá la tarea de explicar las responsabilidades de cada componente del DHS; facilitar la coordinación y comunicación entre las agencias; garantizar la recolección y análisis de datos sobre las operaciones migratorias.

También deberá servir de “mediador” cuando surjan conflictos sobre distintos asuntos legales y de políticas de la agencia.

La OIG ha pedido que, una vez que la agencia haya puesto en vigor la recomendación en su totalidad, entregue un informe en un plazo de 30 días con una lista detallada de las medidas correctivas.

FUENTE: REDACCIÓN/TELEMUNDO

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