La competencia tecnológica entre Estados Unidos y la República Popular China (RPC) constituye hoy una amenaza estratégica directa para nuestra seguridad nacional y nuestra economía. La RPC ha priorizado de manera sistemática la adquisición de tecnologías avanzadas en inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad y sistemas autónomos con fines militares y de vigilancia masiva. Este objetivo no es neutral: busca superar y eventualmente desplazar a Estados Unidos como líder global en sectores críticos.
El FBI y la comunidad de inteligencia estadounidense han documentado de manera consistente casos de robo sistemático de propiedad intelectual (IP) por parte del Partido Comunista Chino (PCCh), afectando desde empresas de alta tecnología hasta investigación universitaria. De manera particular, instituciones académicas de primer nivel como Stanford University, alma mater de este servidor, han sido blanco de espionaje por parte de agentes vinculados a la RPC debido a su papel central en el desarrollo de inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para el gobierno estadounidense. El reciente escándalo de espionaje en Stanford ilustra de manera clara cómo la RPC dirige sus operaciones hacia los centros de innovación más estratégicos de Estados Unidos. Según informes del FBI y del National Counterintelligence and Security Center (NCSC), estas operaciones de espionaje económico representan pérdidas estimadas en más de $600 mil millones anuales para la economía estadounidense, afectando empleos, innovación y liderazgo tecnológico.
Para contrarrestar estas amenazas, Estados Unidos ha reforzado regulaciones clave, incluyendo:
- ITAR (International Traffic in Arms Regulations): controla la exportación de artículos, software y tecnología con uso militar, asegurando que no caigan en manos de actores hostiles.
- Export Administration Regulations (EAR): protege tecnologías duales, desde semiconductores hasta software avanzado, estableciendo licencias estrictas para transferencias internacionales.
- Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS): revisa inversiones extranjeras para prevenir adquisiciones que puedan comprometer la seguridad nacional.
Históricamente, la aplicación de estas regulaciones no siempre fue rigurosa. Hoy, su cumplimiento es esencial para proteger nuestra propiedad intelectual, nuestras cadenas de suministro y la ventaja tecnológica estadounidense. Cualquier negligencia facilita que actores hostiles, como la RPC, adquieran conocimientos críticos mediante espionaje o adquisiciones indirectas, comprometiendo nuestra soberanía económica y defensa nacional.
Una política “America-First” es indispensable: debemos priorizar la inversión en investigación y desarrollo doméstico, la protección de IP, y la restricción de transferencias tecnológicas a actores hostiles. Cada sector crítico —desde manufactura avanzada hasta inteligencia artificial— requiere supervisión rigurosa y coordinación inmediata con las agencias federales correspondientes. Solo así Estados Unidos mantendrá su liderazgo global, protegiendo su seguridad, innovación y prosperidad económica frente a la agresión estratégica de la RPC.
Dr. Rafael Marrero
Economista Jefe, Fundador y CEO
Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²)
