MIAMI - La aparición en Galicia del militar venezolano, Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ha desatado una fuerte polémica política en España.
Granko, cercano al gobernante Nicolás Maduro, está incluido desde 2019 en la lista de sancionados de la Unión Europea por su implicación en torturas y graves violaciones de derechos humanos, lo que le prohíbe expresamente la entrada a territorio comunitario.
El militar, señalado por la ONU por su responsabilidad directa en la muerte bajo custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo, publicó en redes sociales imágenes realizando el Camino de Santiago, con una credencial sellada por la Guardia Civil española.
"Contradicciones"
Su presencia en España contradice las disposiciones europeas, que contemplan la congelación de activos y la prohibición de ingreso a sancionados por crímenes de este tipo.
El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, exigió explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y denunció el incumplimiento de las normas de la Unión Europea, “¿Qué dice el Gobierno?”, cuestionó en su cuenta de X.
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Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusó al Ejecutivo de “traicionar la defensa de la libertad” y advirtió que debe “elegir entre estar con la democracia o con la dictadura”.
Según informes europeos y de Naciones Unidas, durante la gestión de Granko al frente de la DGCIM se documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y torturas sistemáticas contra opositores venezolanos.
La entrada del militar venezolano a España podría generar reclamaciones formales desde Bruselas y abrir un nuevo frente de críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez por su política exterior frente al chavismo.
FUENTE: Con información de Infoabe