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MIAMI.- Cada uno de los pasos que ha dado la Asamblea Nacional venezolana se ajusta al marco constitucional, incluyendo la designación de Juan Guaidó como presidente interino de la República, las designaciones a diplomáticos en diferentes países y el cambio dela directiva de la empresa Citgo, tal como aclaró Antonio Marval, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

Marval, junto a los magistrados Gabriel Callejas, Luis María Ramos Reyes, Álvaro Marín, ofrecieron detalles sobre la situación de su país y las decisiones que han emitido para ayudar a retomar el camino del Estado de derecho durante una conferencia ofrecida en la ciudad de Doral, organizada por la diáspora venezolana.

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Uno de los puntos tratados en el foro fue la legalidad o no de una intervención militar de fuerzas extranjeras en Venezuela. El abogado venezolano José Antonio Oropeza asegura que existe el basamento jurídico para que Venezuela solicite esa ayuda, ya que mediante un decreto emitido el 8 de enero por el TSJ, abre tal posibilidad. Explicó que se trata de un mandato de ejecución de una sentencia relacionada con un amparo constitucional con medida cautelar para frenar la violación de los Derechos Humanos difusos y colectivos en Venezuela.

Recalca que este dictamen plantea al presidente encargado Juan Guaidó la posibilidad de crear una coalición militar para que la ayuda humanitaria pueda ingresar al país con el permiso de la Asamblea Nacional, sin que esa autorización colindara con el principio de soberanía.

“Esa sentencia que fue de imposible notificación en su momento y fue dirigida al presidente Maduro; hoy en día se envió a nuestro presidente interino Juan Guaidó para que la cumpla con un mandato de ejecución”, planteó.

Oropeza habló sobre la necesidad de crear una sala especial de justicia transicional en el TSJ para conocer los delitos de lesa humanidad registrados en Venezuela en los últimos 20 años, además de una fiscalía que trate esos casos para que no queden impunes.

También expresa la necesidad de abrir una unidad de atención a la víctima para aquellas personas que han sido objeto de persecución, tortura y toda clase de violación de los derechos fundamentales y sus derechos Humanos.

Durante su intervención, Antonio Marval destacó que desde que Hugo Chávez llegó al poder, nunca hubo un poder judicial autónomo e independiente. “En la reconstrucción de Venezuela nos corresponde al TSJ buscar un poder judicial autónomo e independiente. Y en este caso estamos trabajando enlazados con la Asamblea Nacional para la reconstrucción de esa democracia y esa libertad que necesita nuestro pueblo”, declaró Marval.

Marval destacó que el TSJ es otra instancia legítima, ya que fue nombrado por la Asamblea Nacional en un proceso que cumplió con las exigencias que estos cargos requieren.

Ante la inquietud de algunas personas sobre la efectividad de las sentencias dictadas por el TSJ en el exilio, Marval aclaró que ya Maduro está condenado y puede ser objeto de detención por parte de cualquier cuerpo de seguridad del Estado, y deberá cumplir esa condena. La condena, como nuestras otras sentencias sí contribuyen a todo este trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional y que desde el 10 de enero no sólo no hay un presidente y por lo tanto entra en función el presidente encargado”.

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