MIAMI.-Este miércoles hay sesión de “impasse” de la Comisión del Condado Miami-Dade para resolver el conflicto laboral que existe entre el alcalde condal y el sindicato de acueducto y alcantarillado. Y en marzo habrá una reunión parecida, con el propósito de resolver los desacuerdos que se presentan entre la administración de Giménez y la organización laboral que representa a los trabajadores del transporte (TWU).

Estas dos citas con el organismo legislativo condal se dan en un contexto muy específico: seis de los trece comisionados que lo conforman se presentan a la reelección.

Hace unos días, la TWU publicó unos avisos en The Miami Herald y en el Nuevo Herald en los que critican a Giménez por “querer un aumento de salario cuando los trabajadores de Miami-Dade Transit no han tenido un contrato laboral en más de tres años”.

“El alcalde nos ha acusado de que nosotros no vamos a la mesa de negociación”, indicó Pedro Flores, vicepresidente del TWU. “Casi todas las reuniones que se han hecho las hemos pedido nosotros”, puntualizó.

Mike Hernández, director y asesor de comunicaciones del Condado, se preguntó “por qué la última sesión de negociación fue el primero de Junio 2016 y por qué el sindicato, no la administración, declaró “impasse” el 16 de diciembre de 2016. Por qué esperan a que salgan artículos negativos sobre el contrato que tienen y después dicen que quieren negociar”.

No hay contrato

Lo cierto es que el contrato vigente de TWU data de la época del alcalde Carlos Álvarez, porque en 2014, cuando había que renegociarlo, no hubo acuerdo.

En las discusiones entre las partes, un tema saltó a la palestra: el del ausentismo de conductores y operadores del transporte público del condado, es decir, autobuses y el Metrorail. “En ningún momento el alcalde le ha dejado de echar la culpa a los trabajadores por las deficiencias del servicio”, recalcó Flores. De acuerdo con las cifras oficiales, el 21% de los trabajadores sindicalizados de Departamento de Transporte, no llegan a su puesto de trabajo. Es el porcentaje más alto del total de los diez sindicatos del Condado.

Sin embargo, Hernández aclaró que la administración de Giménez no señala el ausentismo como el problema fundamental en las fallas en el transporte. “Tanto el alcalde como la directora del Departamento de Transporte, Alice Bravo, reconocen que hay equipos que han tenido mucho uso, están viejos”, indicó.

Bravo, en pasadas entrevistas con DIARIO LAS AMERICAS, ha dicho que los permanentes daños en el Metrorail y en los autobuses con más de 17 años de antigüedad, terminaron por afectar el número de frecuencias y la puntualidad en el servicio. Por eso ha habido medidas para comprar nuevos autobuses y reemplazar todos los vagones del Metrorail.

Aumento

Flores indicó que a diferencias de los otros sindicatos que han llegado a acuerdos con Giménez, el del transporte no ha tenido ningún incremento salarial en ocho años.

“Estamos pidiendo lo mismo que les dieron a los otros sindicatos: policía, bomberos, basuras. No estamos pidiendo más, tampoco queremos menos. Estamos pidiendo un contrato justo”, argumento Flores.

El vicepresidente de TWU afirmó que “el alcalde quiere que nosotros entreguemos todos nuestros beneficios y no nos quiere dar el dinero que le ha dado al resto de organizaciones sindicales”.

“Eso es mentira: el alcalde Giménez ofreció el mismo acuerdo laboral a los 10 sindicatos, 8 de ellos tienen contrato”, reaccionó Hernández.

El primero de octubre de 2016 se hizo efectivo un aumento del 4% para esos sindicatos que firmaron un acuerdo con el Condado. Según el director de comunicaciones del mismo, el sindicato de transporte buscaría, en los tres años del contrato, un aumento del 13% durante su vigencia.

Otro punto de gran fricción es el número de miembros del sindicato dedicados de manera exclusiva al trabajo de su organización. Flores alega que desde hace más de 20 años “se ha negociado que sean 15”.

Según Hernández, para la administración condal ese número es una desproporción. “Ninguno de los otros sindicatos tiene más de dos miembros dedicados por completo al trabajo sindical. Con la excepción del GSAF, que tiene dos unidades dentro del mismo sindicato, y en total tiene 4 miembros que se dedican de manera exclusiva al trabajo de su organización”.

Imposibilidad de veto

“La comisión tendrá en sus manos decidir si está bien o no aceptar las recomendaciones de un oficial administrativo estatal, quien en un 90% coincide con las apreciaciones del alcalde”, subrayó Hernández.

Se refiere a esas sesiones especiales (impasse meetings) en las que los comisionados se convierten en una especie de mediadores y jueces con el poder de votar sobre si acogen las indicaciones de Giménez o las aspiraciones del sindicato del transporte.

En 2014 Giménez vetó una decisión de los comisionados de apoyar que al sindicato de la policía (Miami Dade PBA) del condado se les devolvieran las concesiones que hizo en 2011, cuando hubo una reducción del 9% en los salarios de todos los sindicatos.

En ese momento el alcalde vetó la decisión tomada por la comisión. Y después de un litigio, el PBA logró que una corte de apelación declarara ilegal el veto del alcalde.

Por lo tanto, esta vez la máxima autoridad condal no podrá hacer ejercicio de esa potestad que tiene y tendrá que aceptar cualquier decisión que tome la comisión, cuando casi la mitad de sus miembros enfrentan la reelección y, por lo tanto, tendrán que pensar muy bien las implicaciones políticas del voto que den.

 

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