martes 9  de  julio 2024
Miami-Dade

Alcaldesa reta proyecto migratorio de DeSantis en Florida

La edil de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, afirma que el Condado se regirá por normas federales, en desacuerdo con una legislación impulsada por el gobernador
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Una nueva propuesta legislativa apoyada por el gobernador Ron DeSantis, que adoptaría medidas más enérgicas en contra de la inmigración ilegal en Florida, sufrió este jueves lo que podría ser un ‘revés’ de Miami-Dade, uno de los condados que más recibe migrantes de diferentes nacionalidades en el país.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reaccionó en contra de la iniciativa respaldada por DeSantis y los republicanos en el Congreso estatal, tras afirmar que el Condado “seguirá rigiéndose por las normas federales que existen en los Estados Unidos”.

“Vamos a seguir con todas las reglas del país”, dijo la edil, quien participó en la Cumbre de las Américas de Concordia en la Universidad de Miami, a lo que agregó que “a los que han llegado, vamos a seguir ayudándolos en cualquier situación que podamos”.

DeSantis anunció un paquete de medidas como el uso de la plataforma E-Verify en todas las compañías para determinar la elegibilidad de empleados, la prohibición de licencias de conducir y el acceso a estudios superiores a personas indocumentadas, además de penas de prisión para quienes acojan o transporten “migrantes ilegales” en Florida, entre otras regulaciones.

Levine Cava comentó que el Condado “seguirá recibiendo personas que vienen a trabajar y a aportar a nuestra economía” y se refirió a un grupo de presos políticos nicaragüenses que llegaron hace alrededor de tres semanas al Gran Miami, después de ser liberados y expatriados por el régimen de Daniel Ortega.

“Vamos a ofrecerles viviendas, nuestras oportunidades para que puedan recibir oportunidades de empleo y ellos van a recibir permiso de empleo, para seguir legalmente contribuyendo a nuestra comunidad”, señaló la alcaldesa acerca de los emigrados procedentes de Nicaragua.

Contrario a la iniciativa de DeSantis de prohibir alguna forma de identificación a los migrantes, Levine Cava destacó un “programa exitoso” lanzado el año pasado, que ofrece una “identificación comunitaria” en el Condado a personas sin documentos, que ha permitido a muchos “recibir los servicios locales”.

“Esto no tiene nada que ver con Inmigración y no pide información sobre el estatus migratorio de la persona”, explicó la alcaldesa.

El programa ‘Community ID’, propuesto por Levine Cava cuando era comisionada condal, comenzó a ejecutarse en febrero del año anterior a través de la organización sin fines de lucro Branches, que tomó como modelo planes similares de los condados Broward y Palm Beach.

La legislación impulsada por el gobernador, cuyo título es ‘La lucha de Florida contra la crisis fronteriza de Biden’, también conminaría a los hospitales a recopilar datos sobre el estatus migratorio de pacientes y presentar informes sobre el costo de la atención brindada a ‘extranjeros ilegales’.

Levine Cava resaltó que en tiempos recientes el condado ha recibido “una gran cantidad de colombianos”, que “quieren vivir acá”, y también un alto número de migrantes que “vienen huyendo de las dictaduras”.

“Queremos dar la bienvenida a los que vienen buscando libertad y democracia”, puntualizó.

Según DeSantis, Florida, con la legislación que debe ser debatida en el Congreso, “continúa tomando medidas enérgicas contra el contrabando de ilegales, impidiendo que los municipios emitan tarjetas de identificación a las personas que están aquí ilegalmente y asegurando que los empleadores contraten a ciudadanos estadounidenses o a los que están aquí legalmente”.

En la propuesta se incluye, además, la derogación de una ley de 2014 patrocinada por la vicegobernadora Jeanette Núñez cuando era miembro de la Cámara de Representantes de Florida, que ofrecía cupones de matrícula fuera del estado a ‘soñadores’ o ‘dreamers’ elegibles.

Asimismo, la legislación da luz verde a medidas que aumentan las penas por el contrabando de personas al convertirlo en un delito grave de tercer grado, con cinco años de prisión y cinco años de libertad condicional por transportar, ocultar o albergar a un inmigrante ilegal en Florida.

Además, si el migrante ilegal es menor de 18 años podría ser sancionado con un delito grave de segundo grado y quedar sujeto a una pena de hasta 15 años de prisión, junto con una multa de hasta 10.000 dólares.

Para la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la propuesta “hace retroceder el reloj en materia de derechos humanos” y que los residentes vivan con el “temor de un gobierno que se extralimita en todos los rincones de sus vidas”.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Te puede interesar