Alegan en Miami "conspiración" para acabar revocatorio de Carollo

“Hemos descubierto una serie de correos electrónicos entre la abogada del ayuntamiento, Victoria Méndez, y tres asistentes que demuestran que conspiraron para rechazar las firmas de los votantes del distrito 3”, reclamó el abogado Juan Carlos Planas, que representa al grupo Take Back Our City, que organiza el proceso de suspensión de Carollo por supuesto abuso de poder.

Planas basa su denuncia en unos “30 documentos que fueron enviados entre el 28 de enero y el 18 de febrero” y según la denuncia “expresan claramente cómo parar un proceso revocatorio” y si “la defensa de un comisionado en cuestión puede ser pagada por el ayuntamiento”, entre otros asuntos.

“Esto es básicamente el Gobierno conspirando para tratar de negar a los ciudadanos el derecho a expresar sus preocupaciones”, señaló Planas a los pies del Tribunal Civil de Miami-Dade, donde presentó la queja.

El empresario Joe Arriola, que respalda la campaña con ayuda financiera, manifestó que “además se presentará una queja formal en comisión condal de ética contra los abogados del ayuntamiento”.

Por otra parte, el abogado David Winker señaló que el contenido de los emails denota que “no trataban de asegurarse de que el proceso fuera justo, Sino todo lo contrario”.

Y añadió: “No le corresponde a los abogados del ayuntamiento, que responden a los comisionados, juzgar o valorar las acciones contra sus jefes, sobre todo si se trata de un revocatorio, que es una elección. Eso le pertenece a la autoridad de Elecciones”.

Derechos

Entretanto, Carollo declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que la denuncia “era un pataleo para llamar la atención”.

“Los abogados de la ciudad tienen derecho, bajo la ley, a comunicarse entre ellos, investigar y preguntar sobre los pormenores del proceso legal. La única conspiración que existe es la de esos individuos (que organizan el revocatorio) y no viven ni en la ciudad”.

El grupo Take Back Our City, o recuperemos la ciudad, que quiere destituir al comisionado Carollo, alegó que la recogida de firmas “comenzó el sábado 1 de febrero”, cuando acudieron a presentar la gestión al parque del dominó, en Calle 8, y que “desde entonces tendría 30 días” para entregar la documentación que recoge las rúbricas, pero dada la fecha, “los 30 días se cumplirían el lunes 2 de marzo, porque febrero tuvo 29 días y domingo 1 era domingo” y que, por ser precisamente domingo, “la entrega correspondía al lunes”.

No obstante, el grupo comunitario entregó 1.916 firmas, o sea 318 más de las requeridas por la ley, por email el sábado 29 para iniciar el proceso revocatorio.

Luego el lunes, el primer día laboral después del fin de semana, entregó la documentación en persona.

La secretaría del ayuntamiento discrepa y alega que “la recogida de firmas comenzó antes y que los 30 días caducaban el sábado 29 de febrero”, cuando “abrió la oficina de atención hasta las 5 pm y que el envío por email no es válido”.

“Podemos comprobar que comenzaron a reunir las firmas antes del 1 de febrero”, aseguró Carollo.

“Tenemos pruebas y las presentaremos”, recalcó.

“El juez decidirá”, subrayó Carollo

Fallo

Horas después, el juez Alan S. Fine falló que la secretaría de la Ciudad tendrá que suministrar las firmas recabadas a la autoridad condal de Elecciones, aunque el futuro del revocatorio, dadas los cuestionamientos legales, continuará en manos del tribunal.

“El comisionado Carollo respeta la decisión del juez y tiene la intención de convencer al tribunal del Tercer Distrito de que el proceso de revocatoria no es solo defectuoso, sino que también es fraudulento”, argumentó el abogado Benedict P Kuehne, quien defiende al edil municipal, a través de un comunicado.

“El comisionado Carollo”, continuó el comunicado, “tiene la intención de permanecer como el comisionado elegido por el pueblo por el resto de su mandato”.