La Asociación de Condados de Florida sostiene que la enmienda impulsada por el gobernador Ron DeSantis trasladará la carga fiscal a propiedades no residenciales y a sus inquilinos
Imagen referencial.
JESÚS HERNÁNDEZ / DLAMIAMI. — La Asociación de Condados de Florida (FAC, por sus siglas en inglés) alertó que la rebaja al impuesto a la propiedad aprobada por el Congreso estatal, y que será sometida al voto popular en noviembre, podría provocar un alza generalizada de los alquileres, debido a que los dueños trasladarían a los inquilinos la mayor carga fiscal que recaería sobre las viviendas no residenciales.
La advertencia surgió tras la sesión especial convocada por el gobernador Ron DeSantis, en la que ambas cámaras estatales aprobaron elevar la exención fiscal para viviendas principales (homestead) de 50.000 a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028.
La FAC describió la propuesta como un “traslado de impuestos” más que como un alivio fiscal real. El subdirector de políticas de la asociación, Jeff Scala, expuso la preocupación durante una llamada estatal con miembros de la organización.
“Los alquileres podrían subir a medida que los propietarios trasladen a los inquilinos la carga tributaria adicional impuesta a las propiedades no homestead”, advirtió Scala.
El funcionario añadió que la medida tornará a Florida menos asequible: “Lo presentan como una rebaja, pero las pequeñas empresas, todas las empresas, van a sentir el dolor. Los inquilinos no recibirán exención”, afirmó.
La organización cifró el golpe acumulado para los 67 condados del estado en 3.600 millones de dólares en el año fiscal 2027-2028 y en 6.400 millones para el ejercicio 2028-2029.
Las proyecciones por jurisdicción del sur de Florida apuntan a una pérdida cercana a 340 millones de dólares para Miami-Dade en el periodo 2027-2028, 260 millones para Broward y 280 millones para Palm Beach.
La FAC subrayó que Miami-Dade ya opera con un presupuesto tensionado por la reciente creación de oficinas constitucionales como las del sheriff y del supervisor de elecciones, lo que reduce el margen de maniobra ante una caída adicional de ingresos.
La Liga de Ciudades de Florida coincidió en que el plan se traduce en un desplazamiento de la carga fiscal.
Holly Smith, concejal de Sanibel y presidenta de esa organización, sostuvo que cuando las viviendas principales salen del padrón tributario “el costo de los servicios no desaparece, se traslada a los negocios y a las propiedades no homestead”.
Por su parte, el subdirector ejecutivo de la FAC, Cragin Mosteller, estimó que las propuestas más amplias para reducir o eliminar el impuesto a la propiedad podrían recortar hasta un 40% los ingresos de los condados, con repercusiones sobre seguridad pública, bomberos, parques y bibliotecas.
La iniciativa, que requerirá al menos el 60% de los votos para entrar en vigor, fue modificada en su tránsito legislativo.
Los legisladores excluyeron de la rebaja los gravámenes destinados a los distritos escolares y eliminaron una disposición que habría creado un fondo fiduciario para asistir a condados rurales pequeños.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara, Fentrice Driskell, alertó sobre la “creación de condados de bienestar” que dependerían del estado para cubrir sus servicios.
Al respecto, la representante demócrata Lori Berman calificó el plan como “una maniobra política que amenaza con llevar a la bancarrota a las comunidades locales, cerrar pequeños negocios y disparar aún más los precios de los alquileres”.
DeSantis ha rechazado las advertencias sobre el impacto en los servicios locales. Argumentó que la recaudación pasó de 32.000 a 60.000 millones de dólares en siete años y podría llegar a 83.000 millones para 2032 sin reforma.
“Por supuesto que podemos hacer esto. Por supuesto que sí. No dejen que nadie les diga que no se puede”, declaró el mandatario en defensa de la propuesta que será sometida a referéndum en noviembre.
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