Chile: después de la refundación

Durante buena parte del período comprendido entre 2011 y 2026, la política chilena estuvo dominada por una palabra: transformación.

La transformación fue presentada como respuesta a las insuficiencias de la transición, a las desigualdades persistentes y a las demandas de una nueva generación política. La discusión pública se organizó alrededor de reformas estructurales, cambios institucionales y proyectos culturales que buscaban inaugurar una etapa distinta de la vida nacional.

Aquella energía movilizó a millones de personas y abrió debates necesarios. Pero también produjo una paradoja que con el tiempo se volvió cada vez más visible. Mientras aumentaban las expectativas de cambio, crecían también la inseguridad, el estancamiento económico, la fragmentación política y la desconfianza hacia las instituciones. El país que debía emerger de las grandes transformaciones parecía alejarse a medida que avanzaba el proceso transformador.

Es en ese contexto donde la primera cuenta pública adquiere su verdadero significado.

Lo más interesante del discurso presidencial no fueron las cifras ni los anuncios. Fue la palabra escogida para ordenar el conjunto de la intervención: reconstrucción.

La diferencia parece menor, pero encierra una concepción política distinta.

Transformar supone sustituir una realidad por otra. Reconstruir supone recuperar algo que se ha deteriorado. La transformación dirige la mirada hacia un futuro todavía inexistente. La reconstrucción comienza preguntándose qué elementos esenciales han sido dañados y deben ser rehabilitados para que una comunidad pueda proyectarse nuevamente hacia adelante.

La distinción recuerda una antigua observación de Aristóteles. La prudencia política no consiste en imaginar la mejor ciudad posible, sino en actuar sobre la ciudad realmente existente. No parte de abstracciones, sino de circunstancias concretas. No ignora los ideales, pero entiende que estos solo pueden realizarse cuando existen condiciones que los hagan viables.

Desde las primeras páginas del discurso se advierte una voluntad deliberada de abandonar el lenguaje de la promesa para regresar al lenguaje de la realidad.

Toda política parte de una determinada comprensión de la naturaleza humana. Algunas corrientes suponen que la sociedad puede reorganizarse indefinidamente mediante reformas institucionales. Otras consideran que la acción política debe reconocer límites que no dependen de la voluntad de los gobernantes. La tradición republicana chilena perteneció históricamente a esta segunda corriente. Desde Portales hasta Bello, pasando por Montt y más tarde por Jorge Alessandri, predominó la convicción de que la libertad solo puede florecer allí donde existen instituciones estables, responsabilidad fiscal, seguridad pública y una cultura cívica capaz de sostenerlas.

Desde esa perspectiva, la cuenta pública parece sugerir que el principal desafío de Chile no es la ausencia de proyectos, sino el debilitamiento de ciertos fundamentos.

La seguridad aparece como uno de ellos. No simplemente porque la delincuencia ocupe un lugar central en la preocupación ciudadana, sino porque la libertad pierde parte de su significado cuando el miedo comienza a ordenar la vida cotidiana.

Lo mismo ocurre con el crecimiento económico. No es presentado únicamente como una variable técnica, sino como una condición que permite a las personas trabajar, formar una familia, emprender y proyectar el futuro con cierta confianza.

También las referencias a la familia, la educación y las sociedades intermedias, el tejido social, parecen responder a una misma preocupación. La necesidad de fortalecer aquellos vínculos sociales que históricamente han contribuido a sostener la cohesión de las comunidades políticas.

Por eso la palabra responsabilidad atraviesa silenciosamente todo el discurso. Responsabilidad fiscal, responsabilidad institucional, responsabilidad política y responsabilidad cívica. Una insistencia que contrasta con una época en la que la conversación pública se concentró más en las expectativas que en los deberes compartidos.

Naturalmente, aún es demasiado pronto para saber si esta visión logrará traducirse en resultados concretos. Los problemas acumulados durante años no desaparecen mediante discursos. La realidad suele ser más resistente que los programas y más compleja que las promesas.

Pero las cuentas públicas poseen también una dimensión simbólica. Expresan una manera de comprender el país.

Y quizás la principal señal entregada por el presidente haya sido precisamente esa. La convicción de que Chile atraviesa un momento en que la tarea más urgente no consiste en imaginar nuevas refundaciones, sino en recuperar aquellos fundamentos que permiten a una sociedad mantenerse unida y proyectarse hacia el futuro.

La historia dirá si esa lectura era correcta. Por ahora, la primera cuenta pública deja una reflexión que trasciende la coyuntura. Hay épocas en que las naciones buscan transformarlo todo. Y hay otras en que descubren que la tarea más difícil, y quizás la más necesaria, consiste en reconstruir lo perdido con esperanza.