El comisionado Joe Martínez.
SERGIO OTÁLORA/ARCHIVO DLA MIAMI.- Ron DeSantis, gobernador de Florida, anticipó que pronto tomará una decisión sobre el reemplazo del comisionado de Miami-Dade, Joe Martínez, luego de ser acusado por aceptar un presunto “pago ilegal” de 15.000 dólares que, acorde con investigaciones, habría recibido “para ayudar al propietario de un local comercial que enfrentaba violaciones al código” urbanístico del Condado.
Durante una alocución en Miami, DeSantis insinuó que pronto se emitiría la suspensión para Martínez: “Obviamente, cuando tienes una situación como esa, habrá un nuevo comisionado y lo entendemos”, señaló el gobernador.
DeSantis tiene el poder constitucional de suspender a funcionarios públicos electos por ciertas violaciones o incumplimientos y nombrar un reemplazo, mientras el órgano legislativo local no convoque elecciones.
“Mucha gente ha propuesto candidatos para ocupar ese puesto. No he tenido la oportunidad de recibir información sobre todos los candidatos potenciales para asumir el puesto”, añadió DeSantis.
"Hay una pregunta sobre si la persona tiene que vivir en ese distrito, creo que probablemente, algunas personas dicen que no, pero como una cuestión de buen gobierno, probablemente sea bueno que sea así", subrayó.
De hecho, acorde a los estatutos condales y municipales, un candidato a ocupar un puesto como representante tiene que residir dentro de los límites de la demarcación un año antes de las elecciones.
"Vamos a analizar todos esos problemas, me informarán al respecto esta semana y probablemente tomaremos una decisión en un futuro no muy lejano", concluyó DeSantis.
Martínez es acusado de “recibir una compensación ilegal y de conspirar para beneficiar a una tercera persona”, según expone la imputación.
De hecho, Martínez aceptó entregarse a las autoridades y más tarde fue ‘liberado’ tras pagar una fianza de 12.500 dólares.
Unas horas antes, DIARIO LAS AMÉRICAS logró establecer comunicación con Martínez, quien dijo que “no puede hablar sobre el caso para no afectar el curso de las investigaciones”.
Después, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, confirmó, durante una conferencia de prensa, las acusaciones y expuso “que un funcionario público solicite fondos para beneficiarse a sí mismo o a sus socios comerciales es tanto ilegal como ofensivo”.
Acorde con la investigación, Martínez recibió 15.000 del dueño de un supermercado, que enfrentaba repetidas multas por tener demasiados contenedores en el lugar.
A cambio del dinero, la fiscalía estatal sostiene que Martínez impulsó una legislación condal que permitiría que el supermercado y su arrendador pudieran tener un número mayor de contenedores.
Aunque la legislación finalmente no procedió, la fiscalía expone que los cargos tienen lugar.
El informe investigativo plantea que Martínez aceptó tres pagos de 5.000 dólares del dueño del supermercado a cambio de su ayuda con las tarifas y multas, así como su ayuda en la redacción de la propuesta de ley que no procedió.
Según la fiscalía, los pagos se hicieron a Martínez en 2016, cuando asumió el cargo después de ser elegido, y en 2017, cuando el jefe de gabinete de Martínez comenzó a trabajar en la legislación.
Conforme al comunicado de la fiscalía, Martínez dijo primero a investigadores que el dinero “era en parte de un préstamo y otra parte que se le debía”.
Más tarde declaró, según la orden judicial, que el dinero “era parte de una comisión que recibía por la compra y venta de un terreno” como ciudadano privado.
Martínez fue elegido al cuerpo legislativo condal por primera vez en el año 2000 y cuatro años después optó infructuosamente por la candidatura republicana para el Congreso.
No obstante, Martínez regresó a la palestra condal y fue elegido comisionado por el distrito 11 en 2016 y más tarde reelegido en 2020.
Martínez fue teniente de la Policía condal y entre sus planes estaría considerar postularse para el puesto de alguacil de Miami-Dade en 2024, un nuevo público que fue adoptado por el electorado en las urnas para dirigir las riendas del cuerpo policíaco.
Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava contestó a la pregunta de la prensa sobre la incriminación del comisionado: "La confianza pública en el gobierno es esencial para nuestra democracia. Y, por supuesto, no sabemos nada más sobre los detalles en este momento y cuando los sepamos estaremos en condiciones de responder, pero en este momento no tengo nada más para decir."
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