MIAMI.- La comisión del Condado Miami-Dade, con ocho votos a favor y tres en contra, aprobó este martes la privatización de 10 rutas de autobuses, en medio de la duda si esa alternativa podrá solucionar la reducción sistemática en los usuarios del sistema.
De acuerdo con las cifras manejadas por el Departamento de Transporte y Obras Públicas, la medida de entregarle a una empresa privada el manejo de esas rutas significaría un ahorro anual de 10.046.000 millones dólares.
Ese ahorro se desglosa de la siguiente manera: 5.075.000 al reforzar los recorridos y cambiar las frecuencias; y 4.970.000 al cancelar rutas que se duplicaban, es decir, que las cubrían autobuses del condado y de los municipios, los llamados trollys. En Miami Beach, por ejemplo, se cancela la ruta que pertenecía al Condado, y la asume la ruta 123 del Trolly de ese municipio.
La empresa que operaría las diez rutas es Limousines of South Florida, bajo el contrato 18483 de la Ciudad de Miami, que sería el mismo que operaría para el Condado, por una razón que clarifica la directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas, Alice Bravo: “No hay necesidad de licitación, porque la ciudad ya hizo el proceso y la constitución de la Florida lo permite. Si un municipio ha hecho ya una licitación, otra ciudad puede usar ese contrato con la misma compañía”.
La comisionada Rebeca Sosa propuso una enmienda, aprobada por la comisión, para que la renovación del contrato no sea de manera automática y esté en manos de la comisión su evaluación dependiendo de la seguridad y eficiencia del servicio. La extensión del contrato sería máximo hasta el 2022, con evaluaciones anuales.
Discriminación
Sólo tres comisionados (Danielle Levine-Cava, Xavier Suárez y Jean Monestime) estuvieron en contra de la medida.
Suárez consideró que era un mal momento para proponer la privatización. Indicó que no habría reducción en el impuesto a la gasolina, sería todo lo contrario, habría mayores ingresos porque al bajar el precio del combustible se incrementa su consumo y por lo tanto el pago del impuesto, que es de seis centavos.
También se refirió al valor de 8.000 millones de las nuevas construcciones que se desarrollan en Miami-Dade. “Habrá mayor impuesto a las ventas y a la propiedad. Por el hecho de que haya un déficit de 5 millones en el sistema de transporte, no significa que se deba dejar gente por fuera del mismo”, aseveró.
Monestime indicó que la empresa privada podría tener un desempeño muy bueno a corto plazo, “pero llegará el momento en que regresaran aquí a la comisión en búsqueda de algún tipo de subisidio cuando quieran que el sistema les sea rentable”, advirtió el ex presidente de la comisión.
El sindicato de trabajadores del transporte se ha opuesto de manera radical a esta medida. No sólo la ha calificado de discriminatoria e incluso racista, porque supuestamente afecta de manera primordial a sectores de bajos recursos –de la comunidad afroamericana e hispana- sino de peligrosa porque se abre un mal precedente, que podría terminar en la privatización de una parte importante del sistema público de transporte.
El gremio tenía 20 días para presentar una propuesta alternativa a la entrega de esas rutas a los particulares, pero el plazo se cumplió y no entregó ningún plan para evitar esa medida, discutida por los comisionados este martes.
Baja en pasajeros
De acuerdo con cifras ofrecidas por Bravo, en 2014 los ingresos por pasajes fueron de 95 millones de dólares. En 2015, descendieron a 91 millones de dólares. En 2016 bajaron a 84.8 millones de dólares. Para 2017 se proyecta que caigan a 73 millones de dólares, un 14% menos que el año anterior.
“Hay que recortar los costos para no terminar en rojo”, precisó Bravo, quien argumentó que la privatización “nos permite mantener esas rutas y reducir los costos”.
Los tiquetes que compran los pasajeros para ir en un autobús o en el Metrorail representan entre el 25% y el 28% del presupuesto total del sistema de transporte público. “Si los ingresos bajan tenemos que ajustar el sistema”, indicó Bravo. Por otra parte, el presupuesto de los condados, por ley de la Florida, debe ser balanceado. No puede haber un déficit en el gasto, como sucede en el gobierno federal.
Bravo reafirmó este martes, ante la comisión, que el cambio propuesto no significará despido de personal, pero sí habrá reducción de horas extras. La otra alternativa seria eliminar las rutas o impactarlas más. Lo que más cuesta es el personal que opera el servicio.
Según lo expresó Jennifer Moon, la directora financiera del condado, “si seguimos por ese camino [de déficit], tendríamos que tomar acciones más drásticas y despedir empleados”.
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