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@Franchuterias

Carmen Jacqueline Giménez inscrita para competir por la alcaldía de la ciudad de Hallandale Beach, en el condado Broward, enfrenta un acalorado debate originado entre residentes del sur de Florida, no solo de esa municipalidad, localizada al norte de Miami. El pasado político de Giménez en su natal Venezuela y un presunto historial delictivo que revelan los registros judiciales de ese país son la causa del cuestionamiento a su postulación.

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En abril de 2009 un tribunal venezolano (conexión a documento) dictó una orden de aprehensión por una supuesta serie de delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos que se le achacan a Giménez y otros dos socios, donde según consta, Giménez se presentaba como funcionaria de Estado, mientras sin embargo, no desempeñaba ningún cargo en la política exterior de ese país.

Según los documentos consultados para este reporte, Giménez utilizó como fachada una asociación civil que registró y representaba, supuestamente, a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el buque insignia que el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, utilizó para promover su revolución socialista en la región desde 2004.

Giménez, con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, presentó su candidatura como independiente ante las autoridades de Hallandale Beach, en noviembre de 2019, para competir por el puesto de alcaldesa en las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, cuando los habitantes de la ciudad se disponen a renovar funcionarios, de acuerdo con los registros de la ciudad.

Compite contra la exalcaldesa Joy Adams, según los registros, quien regentó el cargo durante más de un año luego de una rápida elección para remplazar a la alcaldesa Joy Cooper, apartada de su puesto por un caso de corrupción del que resultó absuelta en noviembre de 2019, volviendo a ejercer sus funciones.

La candidata Giménez (Venezuela, 1961) lidera en Florida desde 2012 una organización dedicada a facilitar y promover asilos entre ciudadanos que huyen por persecución política de sus países, sobre todo, aquellos en América Latina que cayeron en la órbita del llamado “Socialismo del siglo XXI” que lideró Chávez.

Su trabajo se inspira, describe la candidata, en su historia de vida cuando “con mil dólares en el bolsillo y la ayuda de una amiga”, llegó a Estados Unidos en busca de asilo. Tras obtenerlo, catapultó su carrera como “experta en leyes de derechos humanos”, según declaró en un programa de televisión.

En una anterior aparición en la televisión local de la ciudad de Doral, habitada mayoritariamente por la comunidad venezolana radicada en Miami, era presentada ante el público como un baluarte de sus paisanos.

Más allá de su imagen de luchadora por los derechos humanos y activista democrática con buenas relaciones en los círculos de poder de la ciudad y el variopinto exilio venezolano, la figura de Giménez guarda un halo de misticismo que podría socavar su campaña para un puesto político donde las influencias, el dinero y el poder son cocteles nocivos.

Cuando se oficializó su postulación para alcaldesa, el 13 de septiembre de 2019, los primeros comentarios en las redes sociales fueron que la estampa de Giménez estaba empañada por su pasado político en Venezuela, al haber militado a favor de la causa chavista.

Los alegatos más enérgicos contra la activista surgieron por las acusaciones de usurpación de identidad mencionados en el expediente judicial C-10-230 del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el que se cita que desde 2008 Giménez fingió ser funcionario del gobierno al grado de ofrecer beneficios del Estado y conexiones políticas al más alto nivel sin figurar con cargo público alguno que le diera estas facultades.

La historia parece comenzar en 2004, cuando Giménez Tellería crea una asociación civil con el nombre de Consejo Directivo A.C. Alternativa Bolivariana Para Las Américas (ALBA) en el Registro Público del Municipio Libertador, en Caracas, bajo el Número 06, Protocolo 1º. Tomo 24, del 31 de Mayo de 2004.

Para entonces el ALBA como modelo de contrapeso económico e ideológico a la política de libre comercio de Estados Unidos en Latinoamérica, surgiría oficialmente en diciembre de 2004 cuando Chávez junto al dictador cubano, Fidel Castro, dan nacimiento a la alianza que, desde 2001, el mandatario venezolano formuló a sus aliados.

La denuncia que existe en la Fiscalía venezolana contra Giménez se generó por la posesión de sellos, papelería y falsificación de firmas de varios funcionarios, entre ellos algunos del Ministerio de Exteriores venezolano, y con estas comunicaciones se presentaba ante otras instancias indicando que contaba con el aval o apoyo de la carta con la firma falsificada.

En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, fue el propio Nicolás Maduro, que fungía como jefe de esa cartera, quien como cabeza del despacho formalizó la denuncia y fueron detenidas personas colaboradoras de esta asociación civil de nombre ALBA, lo que originó una investigación donde Giménez Tellería resultó como la principal implicada, según los registros judiciales revisados por DIARIO LAS AMÉRICAS.

“La presente investigación se inicia en fecha 08 de octubre de 2008… en contra de la ciudadana C.J.G (Carmen Jacqueline Giménez), por actuar en nombre de una supuesta comisión presidencial ‘El ALBA’, quien ha suscrito una serie de comunicaciones dirigidas a diversas instituciones nacionales e internacionales actuando en su condición de presidenta del C.D.P. del Alba”, dice el acta judicial revisada para este reporte.

“(…) La ciudadana C.J.G., no es funcionaria adscrita a este Ministerio, las comunicaciones suscritas por ella no tienen validez alguna, no existe ninguna Comisión Presidencial el Alba (…)”, agrega el documento legal.

Un perfil de Giménez en LinKedin relata que trabajó del año 2000 a 2002 en el Parlamento Andino; entre 2002 y 2003 en el Ministerio de Finanzas venezolano. Posteriormente se desempeña en una empresa de servicios comerciales hasta que en mayo 2004 y hasta marzo de 2009, se hace cargo de la cuestionada ONG.

Tras haber realizado varias llamadas a la candidata Giménez para que ofreciera sus comentarios acerca de las mencionadas alegaciones, a través de un mensaje escrito sus respuesta no rechazan la invitación a ser entrevistada, sin embargo, refiere estar en “búsqueda de tiempo disponible para ello”, a causa de encontrarse “sumamente ocupada en los preparativos del lanzamiento de mi campaña como alcaldesa de la ciudad de Hallandale Beach, ciudad muy maltratada por la corrupción, las malas prácticas y terribles decisiones financieras y políticas ”.

Así mismo en su comunicación escrita, la señora Giménez añade “sería muy interesante esperar a mediados del mes de junio, cuando ya los candidatos estén definidos y debidamente cualificados para las diversas posiciones y le invito a que sea usted [el reportero que redacta] quien presida y conduzca una serie de debates entre los candidatos a alcalde”.

Con la asociación creada en Caracas la actual aspirante a la alcaldía de Hallandale Beach se presentaba como alguien involucrado con el Gobierno de Venezuela en el desarrollo del ALBA, pero en realidad no tenía ninguna responsabilidad ni participación directa en la definición de la política venezolana de desarrollo de este mecanismo de integración, aunque defendía con efervescencia los ideales de la revolución chavista.

El 12 de junio de 2006, a pocos meses de la primera reelección de Chávez en diciembre de ese año, un portal de noticias ligado al oficialismo destacó el rol que cumplió Giménez Tellería en la promoción del ALBA durante la Asamblea General de la OEA que acaba de concluir en República Dominicana. La nota subrayaba la influencia de la “delegada” a la hora de compartir con figuras del poder.

“La artífice de esta labor (en la OEA) fue la coordinadora general de la iniciativa Alba, Jaqueline Giménez, quien dirige esta oficina que reporta directamente al Palacio de Miraflores y que, además, preside el Consejo Directivo de la Organización de la Sociedad Civil que también lleva por nombre Alba”, sostiene la nota del portal Aporrea.com en Internet.

Más allá de las propuestas hechas en la asamblea, “la funcionaria venezolana buscó acercamientos directos con los cancilleres, embajadores y miembros de las delegaciones asistentes al evento, de diversas naciones y en especial de Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, las Antillas Neerlandesas, Barbados, Panamá y Nicaragua, entre otras”, refiere la nota del portal venezolano que describe lo que Giménez quería reflejar ante el público: una mujer con influencias en el establishment chavista sin realmente tener algo más que fotos con gente famosa.

La Asociación Civil creada por Giménez con el nombre ALBA, le propició el acceso a algunas actividades públicas en diversas instituciones en las cuales se fotografiaba con funcionarios de alto nivel como ministros e incluso con el propio Chávez, al parecer, estas evidencias las podía utilizar para presentarse como alguien reconocido y con apoyo del gobierno

“La señora Giménez ofreció becas para la Argentina; acceso a semillas e insumos agrícolas, y en todos los casos nunca dio una respuesta real o efectiva, la gente que confiaba en esos ofrecimientos nunca obtenía respuesta y era engañada”, relató a DIARIO LAS AMÉRICAS un exalto funcionario del Gobierno de Venezuela que asegura haber estado al tanto de los procedimientos legales en contra de Giménez en su país.

A medida que su figura era citada en medios de comunicación ligados a los gobiernos de Nicaragua, Cuba o Bolivia como una referencia del “modelo de integración que es el ALBA”, Giménez fue cambiando con el tiempo sus posiciones hacia ese proyecto con el que Cuba y Venezuela impulsaban su modelo comunista.

Entre la apertura de una investigación criminal por la fiscalía venezolana, en octubre de 2008, y la posterior orden de arresto contra Giménez el 14 de abril de 2009 por falsificación y usurpación de identidades, transcurrieron seis meses en los que otras dos personas vinculadas a su asociación civil fueron detenidos por prestarse al proceso de fraude.

Según el perfil de Linkedin de la activista política, un mes antes de dictarse la orden de aprehensión, dejó de liderar la ONG del ALBA y para junio de 2009 ya residía en Miami donde comenzó a trabajar en una empresa de servicios.

Explorar sobre la vida y obra de “Carmen Jacqueline Giménez” en internet arroja un abanico de historias que borran su pasado político -o supuesto delictivo- en Venezuela de manera abrupta.

Si entre 2004 y hasta 2009 era una ferviente defensora del ALBA y los ideales de integración bolivarianos del chavismo, en 2010, un escueto artículo de opinión de su presumible autoría marca su descontento con el modelo que tanto resguardó: “Hoy en día vemos como los dos tiranos latinoamericanos se unen para destruir un sueño de millones de personas y de la historia”.

En Hallandale Beach los titulares de las noticias de política local han tenido un tinte escandaloso en los últimos tiempos. Joy Cooper, la alcaldesa, fue absuelta de cargos de corrupción en noviembre de 2019 después de ser acusada de aceptar contribuciones ilegales en su campaña. Fue arrestada el 25 de enero de 2018 y retirada de su cargo al día siguiente.

Mientras Cooper esperaba el juicio, los votantes de Hallandale Beach eligieron a una nueva alcaldesa para servir hasta que Cooper pudiera ser readmitida o hasta que terminara su mandato en noviembre de 2020. Joy Adams una política con poca experiencia, se postuló logrando derrotar al viejo rival de Cooper en la ciudad, el vicealcalde Keith London.

A London la candidata Giménez lo acusó de espionaje político en 2018 en lo que Sun Sentinel describió como “un drama de espías directamente de Hollywood, o en este caso, de Hallandale Beach”. Según la prensa local, un exnovio de la señora Giménez fue contratado por el alcalde para colocar dispositivos de rastreo satelital en los vehículos de sus rivales, de acuerdo con su testimonio.

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