MIAMI.- Siete años después de haber sido promulgada, varios alcaldes de municipios y condados demandan la ley que impide a cualquier funcionario municipal o condal, sea elegido por el voto popular o nombrado, que legisle o desarrolle políticas de control de armas y municiones, las cuales consideran potestad del Congreso de la Florida

La demanda está compuesta por Pinecrest, South Miami, Cutler Bay, Lauderhill, Miami Beach, Coral Gables, Miramar, Miami Gardens, Weston, Pompano Beach, y la preside Weston contra el gobernador Rick Scott.

Según las normas vigentes, por ejemplo el alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés-Fauli, y los cuatro comisionados sumados a la demanda, serían sujetos de destitución por parte del gobernador Scott y cada uno de ellos tendría multas de $5.000 y si pierden el caso ante una corte, tendrían que pagar de sus propios bolsillos los costos de abogados.

La ley que es demandada data de 2011y fue aprobada por la Cámara y el Senado republicanos bajo la influencia de la Asociación Nacional de Rifle, una de los grandes cabilderos en Tallahassee, como se demostró en la última sesión legislativa del Congreso floridano.

La masacre en la secundaria Stoneman Douglas, en Parkland, el pasado 14 de febrero, mostró las limitaciones que tienen las autoridades municipales y condales a la hora de legislar sobre el tema de las armas. Tienen las manos amarradas, y tampoco los legisladores estatales tenían la voluntad política para prohibir los rifles de asalto, o cerrar los vacíos legales que permiten que en las ferias de armas no haya revisión de antecedentes penales para los compradores.

El abogado de la ciudad de Weston, Jamie Cole, es quien está al frente de la demanda, presentada en una corte del condado Leon, aquí en Florida. La acción legal alega que las sanciones establecidas en las normas de 2011 dan más poder al gobernador del que tiene en el ámbito constitucional para destituir a un alcalde, comisionado o funcionario gubernamental.

Otro punto de la demanda establece que sería inconstitucional restringir la democracia local, en el sentido de impedir que comisionados o alcaldes puedan legislar de acuerdo con las necesidades y exigencias de su electorado, y acorde con las especificidades de cada municipio.

En un estado como la Florida, con grandes centros urbanos, una enorme diversidad cultural y al mismo tiempo condados muy rurales y sin grandes recursos, con una tradición de cacería y de porte de armas parecida a la de Texas o el centro de Estados Unidos, “debe dejarse en manos de las autoridades locales la creación de normas o leyes sobre temas como las armas”, según lo han dicho varios funcionarios de la ciudades demandantes.

 

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