El sábado pasado la autoridad electoral emitió la orden, a Servicios Internos, para imprimir las imágenes y las 114 variaciones de la boleta electoral del 8 de noviembre. “La boleta que se está imprimiendo no incluye la pregunta del referendo. Contiene sólo lo que fue aprobado” indicó a DIARIO LAS AMÉRICAS Carolina López, la supervisora asistente de elecciones del Condado Miami-Dade.
Ben Kuehne, del equipo de abogados que presentó la demanda contra el Condado, para que se incluyera la pregunta del referendo en la boleta de noviembre, confirmó a este periódico, en un mensaje de texto, que aún la corte de apelaciones no había dado la fecha para la audiencia en la que las dos partes –el Condado y los organizadores de la iniciativa- expondrán sus argumentos.
Por lo tanto, no hay sentencia. Pero si la corte de apelaciones apoya el fallo del juez William Thomas, lo más probable es que haya una elección especial, según lo indicó Kuehne. Tal eventualidad le costaría al Condado 5 millones de dólares, provenientes de fondos públicos.
En ese caso, los organizadores del referendo tendrían que recoger más firmas. Y en la boleta iría la misma pregunta inicial que fue cuestionada por los abogados del Condado al considerarla ilegal.
Los contribuyentes no tendrían que pagar un centavo si la Comisión, por ejemplo, estuviera dispuesta a hacer una reforma de las mismas características que la propuesta por la organización, sin ánimo de lucro, An Accountable Miami.
¿Pero existe esa voluntad?
De acuerdo con la comisionada del distrito 8, Daniella Levine Cava, esta iniciativa despertó la conciencia pública y generó un impulso para que haya una reforma significativa de la financiación de las campañas políticas. La misma comisionada logró que la Comisión aprobara una resolución, propuesta por ella, en la que se pedía que hubiera mayor transparencia e información en las donaciones políticas. “Me siento muy orgullosa de lo que logré pero fue una reforma menor”, explicó en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Ella cree que el alcalde Carlos Giménez y los comisionados escucharon el llamado de los electores para que haya un cambio real. Pero no sólo está la cuestión subjetiva de la voluntad, sino algo más práctico: el límite establecido a la duración de los comisionados en sus cargos. En seis años ninguno de ellos estará en la Comisión. Y en dos, la mitad no podrá ser reelegida. “Por lo tanto, creo que el punto es que el poder de los cabilderos será menos importante en el futuro”, precisó Levine Cava.
Dentro de todo este proceso, hay algo que dejó en claro el juez Thomas en su sentencia: “[…] el plazo de los peticionarios para obtener las firmas era el 26 de agosto de 2016. Es indiscutible que ellos presentaron más de 120.000 peticiones firmadas, ante el secretario de las cortes, el 2 de agosto de 2016. Y no fue sino hasta el 22 de agosto que la Comisión del Condado le ordenó a la supervisora de elecciones iniciar la certificación de las firmas y culminarlas el 7 de septiembre de 2016. Aparentemente, la Comisión estaba en el receso de verano y no fue posible lograr un quorum antes del final de dicho receso”.
Por lo tanto los plazos se acortaron, hubo procesos de demandas para obligar a los comisionados a que ordenaran a la supervisora de elecciones el conteo y certificación de firmas. Ese 22 de agosto, en una reunión especial, la Comisión estableció que no estaba de acuerdo con los términos de la iniciativa, pero sí aceptaba que se contaran las firmas. Y dejó en claro que, en principio, no se oponía a la idea de hacer una reforma sobre la manera como se financian las campañas políticas en el Condado.
Financiación pública
La comisionada del distrito 6, Rebeca Sosa, ha sido una de las voces más críticas de esa iniciativa.
Uno de los puntos que más le parece cuestionable de la pregunta, que plantearía el referendo, es la posibilidad de que una fracción de los dineros públicos fuera a la financiación de campañas políticas. “Lo que me preocupa del referendo es que habla de la creación de un trust fund [fideicomiso]. El pueblo no sabe que de los impuestos a la propiedad que pagan los residentes, hay que poner millones de dólares al año para que cualquier persona, que desee aspirar y no tenga recursos, pueda obtener dineros de los contribuyentes para financiar su campaña política. A mí eso me preocupa porque tales fondos deben ser para los servicios que recibe la población”, sostuvo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Otro factor que generó gran resistencia, no sólo por parte de Sosa, sino de otros colegas, como Esteban Bovo (distrito 13) y José “Pepe” Díaz (distrito 12), es el inicio de la pregunta: “¿Debe promulgarse una ordenanza que encare el aspecto de falta de ética en el gobierno condal…?” Para ellos era, de entrada, calificar a los funcionarios electos del Condado como corruptos.
“Si se hace un cambio para evitar que los grandes intereses no puedan donar, o los que tengan negocios directos con el Condado, entonces cada campaña va a tener que contratar un detective para poder determinar quién es el primo, del primo, del primo”, acotó Sosa en referencia a la parte de la pregunta que habla de prohibir a los grandes contratistas hacer contribuciones a las campañas políticas.
Sosa prefiere que sea el pueblo el que decida sobre la utilización de dineros públicos para financiar campañas políticas. “Si los ciudadanos dicen que sí, perfecto. Si no, hay que buscar otras fórmulas, como ponerles un límite a las campañas. En lo que sí no estoy de acuerdo es en decir que sólo los miembros de la Junta Escolar, de la Comisión y el alcalde van a ser objeto de una reforma. Si la vamos a hacer, que sea verdadera, que aplique a todo el mundo, esa es la democracia.”
Un reciente reporte de la organización Demos, que hace investigaciones sobre temas de interés público, reveló cómo las donaciones a las campañas políticas para alcalde y comisionados en el Condado Miami Dade están concentradas en un pequeño grupo de hombres blancos no hispanos y millonarios, dominado por cabilderos, abogados y el sector inmobiliario y de la construcción.
En realidad lo que buscaba el referendo era un sistema para abrir la posibilidad de que hubiera más diversidad, no sólo de candidatos a puestos públicos, sino de donantes, sobre todo los pequeños. Y para ello se crearía un sistema en el que los aspirantes obtendrían seis veces, de dineros oficiales, la cifra de las pequeñas contribuciones recibidas. Pero el aporte de fondos públicos tendría un límite.
