MIAMI.-Después de dos días de debate y por una votación 69 a favor 47 en contra, la Cámara estatal [Congreso] aprobó el proyecto de ley que prohíbe las ciudades santuario y requiere que las diferentes agencias de policía del Estado cooperen con las autoridades federales de inmigración.

Tanto el director de Policía del condado Miami-Dade, Juan Pérez, como el de la ciudad de Miami, Jorge Colina, han dicho que prefieren renunciar antes de convertir a sus oficiales en agentes de inmigración.

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El alcalde del Condado Miami-Dade, Carlos Giménez, en varias ocasiones ha expresado que no está de acuerdo en que la policía asuma tareas migratorias.

Pero una orden ejecutiva promulgada por Giménez en enero de 2017 y ratificada por la Comisión condal en febrero de ese año, estableció que el Condado, a través de sus autoridades carcelarias, obedecería los requerimientos ("detainers") de ICE para entregar a un indocumentado solicitado por esa agencia federal de inmigración.

En el Senado hay un proyecto similar. No está claro si ahí este proyecto tendrá los votos suficientes. Requiere cuatro republicanos que se unan al bloque demócrata (17 senadores) para derrotar este proyecto de ley.

Ron DeSantis, durante su campaña para la gobernación, se opuso de manera radical a la posibilidad de las "jurisdicciones santuario". Y ha apoyado esta iniciativa legislativa.

Como lo han dicho varios analistas y líderes políticos, en Florida no hay ciudades santuario.

Sin embargo, el proyecto legislativo que fue aprobado establece que los empleados de los gobiernos locales y los funcionarios elegidos por el voto popular que permitan políticas como las de las ciudades santuario (donde las autoridades no cumplen con leyes federales migratorias y con los pedidos de entrega de indocumentados a la policía migratoria), podrán ser suspendidos o removidos de su cargo, o castigados con multas de $5.000 por cada día que se desobedezca las leyes federales.

De acuerdo con declaraciones al canal FOX, el ponente del proyecto de ley aprobado, el representante estatal republicano Cord Byrd, “nuestros oficiales de policía tanto del estado como de los municipios no tienen acceso a los índices federales. Por lo tanto no sabemos si una persona en Florida esté usando un alias, tal vez cometió graves delitos y fue deportado, pero ahora regresó a Estados Unidos. Ese es un escenario que se repite una y otra vez. Entonces, antes de dejar en libertad a un individuo peligroso, queremos saber si las autoridades federales de inmigración tienen razones para detener a esa persona”.

Durante las discusiones salió a flote el tema de Venezuela, y de los indocumentados de ese país que viven en Miami, o quienes están a la espera que sus procesos de asilo.

El representante demócrata de Orlando, Carlos Guillermo Smith, indicó que el proyecto de ley aprobado “incrementa la deportación de todos los inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos que no han sido condenados por asesinato u otros delitos violentos”.

Advirtió que esa propuesta legislativa también aumentaría las deportaciones de venezolanos que están buscando asilo.

La vocera del Partido Demócrata de la Florida, Luisana Pérez, preguntó en un comunicado “¿Cómo le responderán los republicanos a los miembros de las comunidades venezolana y cubana que serán deportados y detenidos como consecuencia de este proyecto de ley? ¿Con que cara verán a las familias inmigrantes que serán separadas cuando este proyecto entre en vigor?”

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