Ante la falta de información clave sobre costos, ubicación e impacto para los contribuyentes, la Comisión de Miami-Dade decidió aplazar la selección del desarrollador del nuevo incinerador y solicitó a Florida Power & Light y a la española FCC trabajar en una propuesta conjunta, además de sus respectivas ofertas
Anthony Rodríguez, presidente de la Comision de Miami-Dade.
MIAMI.- La Comisión del condado acordó posponer un mes su decisión sobre la construcción de la nueva planta de conversión de residuos en energía (WTE), a fin de obtener información más precisa sobre costos, ubicación, financiamiento e impacto económico para los contribuyentes de las propuestas sobre la mesa.
La decisión fue tomada en le reunión ordinaria del órgano legislativo condal de este martes 16 de enero tras escuchar y evaluar las presentaciones de Florida Power & Light (FPL) y FCC Environmental Services sobre las propuestas de construir una nueva planta que llene el vacío dejado por la incineradora de Doral destruida por un incendio hace tres años.
Florida Power & Light, la mayor empresa eléctrica de EEUU, presentó una propuesta para levantar una planta un terreno cercano al límite con el condado de Broward, en la U.S. 27, a la altura de la avenida 137 del noroeste y la calle 178. Según FPL, la ubicación se encuentra a media milla de la zona residencial más cercana. La compañía, sin embargo, no cuenta actualmente con plantas de valorización energética de residuos en su portafolio.
Por su parte, FCC Environmental Services, filial del grupo español FCC, propuso un modelo distinto, enfocado en una planta de recuperación de materiales reciclables y una instalación de compostaje para residuos orgánicos. FCC informó que maneja al menos tres posibles ubicaciones para el proyecto, sin precisar una definitiva durante la presentación.
Antes de que tuvieran lugar las exposiciones, el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, presentó una moción que pedía a ambas compañías que trabajen juntas y regresen con una propuesta negociada en conjunto, además de sus respectivas ofertas individuales.
“Veo fortalezas en ambas propuestas y debilidades que se compensan con la perspectiva de la otra compañía”, explicó Rodríguez, al justificar su iniciativa.
El objetivo, subrayó, es comenzar a avanzar —aunque sea de forma gradual— hacia una solución a largo plazo para el manejo de residuos en el condado.
La moción, finalmente aprobada, establece tres vías, que el consorcio integrado por FPL y FCC presente un proyecto negociado para la reunión del 21 de enero de 2026. Además, cada empresa deberá presentar su propuesta individual. La administración deberá entregar a la Comisión un informe escrito detallando el estado de las negociaciones y aspectos clave como ubicación del sitio, costos de capital y operación, tecnologías, tarifas por disposición de residuos (tipping fees), financiamiento, ingresos para el condado y duración del contrato.
La comisionada Raquel Regalado, representante del Distrito 7, fue una de las voces más críticas durante la sesión. Señaló que la Comisión carece de datos financieros esenciales para evaluar una decisión de tal magnitud y propuso la realización de un taller de trabajo para profundizar en los detalles de las propuestas.
Regalado expresó preocupación por el impacto directo en los contribuyentes: “Esto va a seguir recayendo sobre los ratepayers durante los ocho años que tomará construir la planta”, advirtió, al tiempo que pidió analizar con mayor detenimiento cuánto costará el proyecto una vez que entre en funcionamiento.
La comisionada también planteó la necesidad de explorar una solución regional, que incluya a otros condados como Broward, Monroe y Palm Beach, para evitar que Miami-Dade cargue en solitario con el peso financiero y operativo del proyecto.
Por su parte, la comisionada Danielle Cohen Higgins (Distrito 4) afirmó que estaba lista para tomar una decisión y defendió el modelo competitivo entre empresas “como la mejor vía para proteger los intereses de los residentes”. No obstante, coincidió con el resto del cuerpo colegiado en que era necesario precisar qué información adicional se exigirá a las compañías para no volver a aplazar el tema en futuras reuniones.
En un memorando enviado antes de la reunión, la alcaldesa Daniella Levine Cava recordó que la Comisión le había instruido revisar y analizar las distintas opciones para una nueva planta WTE. Según el documento, unas 30 empresas respondieron al estudio de mercado del condado, entre ellas FPL y FCC.
El memorando recuerda las condiciones exigidas: la futura planta debe incluir alta valorización energética, compostaje y reciclaje, y garantizar que al menos el 40% de los residuos sólidos del condado se gestionen mediante métodos distintos a la incineración. Además, se prohíbe ubicar la instalación en Doral, Medley, Sweetwater (NW 58th Street) y el aeropuerto Opa-locka West, así como a menos de media milla de zonas residenciales.
Originalmente, el proceso se desarrollaba bajo el llamado “cono de silencio”, que limita las comunicaciones en procesos competitivos. Sin embargo, con el nuevo enfoque y tras la aclaración de los abogados del condado, se determinó que no existía prohibición para que ambos consorcios dialogaran entre sí. Con ello, se levantó formalmente esa restricción para permitir el trabajo conjunto solicitado.
Por ahora, la decisión final sobre el nuevo incinerador queda aplazada. La Comisión espera que, en enero, FPL y FCC regresen con una propuesta más clara, detallada y, sobre todo, viable para un condado que busca resolver su problema de residuos sin golpear aún más el bolsillo de los contribuyentes.
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