MIAMI.- Los procesados por delitos sexuales que cumplieron sus condenas y se asentaron a lo largo de la calle 71 del NW, entre la avenida 36 y la Court 36, por supuestamente no encontrar un lugar donde vivir, están a punto de recibir un ultimátum para que abandonen el lugar, adelantó a DIARIO LAS AMÉRICAS, Ron Book, el presidente del Homeless Trust, el fideicomiso que administra recursos para atender la indigencia en Miami-Dade.
“Más temprano que tarde tendrán que salir de ahí para buscar trabajo y ser capaces de sostenerse por sus propios medios”, indicó Book. También aseguró que el Homeless Trust trabajará con ellos, dentro del marco de la ley, para ofrecerles financiación de alquiler de una vivienda y ayudarlos a conseguir un trabajo.
“Varios de los que están viviendo en esta zona limítrofe con Hialeah ya tienen empleo, pero hay otros que no”, indicó el presidente del fideicomiso.
“Nosotros no tratamos la indigencia, nosotros buscamos acabarla. No queremos a nadie en la calle sin techo, y eso incluye a individuos con antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales”, aclaró.
Por lo tanto, el Homeless Trust pondrá sus recursos a disposición de esas personas quienes, por otra parte, tendrán que conseguir un sitio donde vivir.
De hecho, no les será tarea fácil encontrar una vivienda, ya que, acorde a una ordenanza aprobada por el Condado Miami-Dade, en 2005, el convicto por delito sexual no puede vivir a 2.500 pies de una escuela, ni un jardín infantil ni un parque, ni a 1.000 pies de una parada de bus escolar.
Para tal efecto, el individuo llevará un grillete digital localizador en su tobillo y su nombre permanecerá en una lista pública por el resto de su vida.
“No fue la ley la que convirtió a esos individuos en agresores sexuales. Fue su comportamiento”, afirmó Book.
Enfermedad incurable
Según el presidente del Homeless Trust, los psicólogos y psiquiatras que han tratado a esas personas, han dicho que lo único que pueden hacer es que sean conscientes de qué es lo que les dispara su conducta desviada para que puedan controlar sus impulsos.
Por eso, la ley plantea regulaciones que están destinadas a proteger al público, “ante el riesgo de que una de esas personas que haya sido sentenciada por una conducta sexual delictiva, reincida”, señaló Book.
“Por eso no queremos que estén cerca de donde hay niños”, recalcó.
Quienes han sido juzgados, condenados y han pagado su deuda con la sociedad, por haber cometido un delito sexual, tienen esa limitación.
Por otra parte, según Book: “El derecho de los demás, las personas que respetan la ley, su seguridad, bienestar y salud es una máxima prioridad, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema”.
Miami-Dade es el área con el mayor número de sujetos que han cometido delitos sexuales. Hay diez zonas, distribuidas por todo el Condado, de concentración de esas personas identificadas como “agresores sexuales”.
Debajo del puente Julia Tuttle, que une a Miami con Miami Beach, hubo una cantidad importante de individuos inscritos como convictos por delitos sexuales que convirtieron esa área en su residencia permanente, hasta que fueron desalojados y distribuidos con la asistencia de las autoridades condales.
En este caso, pronto serán desalojados los cerca de 300 que aseguran pernoctan en esa zona de la calle 71, a sólo un par de cuadras de la demarcación limítrofe con el municipio de Hialeah, quienes viven prácticamente a la intemperie en tiendas de campaña o campamentos improvisados, sin electricidad, agua ni baño.
El problema
“Entiendo que cometí una falta (de agresión sexual que podría volver a cometer), pero es muy difícil vivir así, cuando no te permiten alquilar un apartamento en la mayor parte de la ciudad”, declaró Edmundo a DIARIO LAS AMÉRICAS, uno de los sintecho, que acampó en el lugar hace apenas dos semanas.
Además de hombres, hay mujeres. Sandra aseguró que no vive allí tiempo completo, sino que visita a su novio, Edmundo, que no puede vivir en su apartamento.
A pesar de la indignación de vecinos y comerciantes de la zona, el Condado Miami-Dade, que atiende esa zona que no está administrada por Miami ni Hialeah, no tomó cartas en ese asunto, sino hasta que la queja apareció en varios medios de comunicación.
Sin embargo, el problema persiste, y tal vez en un futuro esos desalojados volverán con sus campamentos improvisados a invadir otra zona del Condado.
