Coral Gables busca abordar en público nueva ley que obliga a funcionarios electos a declarar sus finanzas, desde su entrada en vigor, muchos han renunciado
Vista parcial del lado lateral de la alcaldía de Coral Gables, en Miami-Dade.
JESÚS HERNÁNDEZ / DLA MIAMI.- La Comisión de la ciudad de Coral Gables discutirá en reunión pública la nueva ley de Florida SB 774, que obliga a todos los funcionarios electos a declarar anualmente su situación financiera, en vigor desde el pasado 1 de enero.
La reunión de este miércoles 24 de enero comenzará a las 12:00 y se extenderá hasta la 1:30 pm en 427 Biltmore Way, Coral Gables. Asistirán los miembros de la comisión municipal y el personal de la ciudad.
Desde la entrada en vigor de la nueva ley, patrocinada por el senador Jason Bordear de Lake Mary, Florida Central, varios funcionarios electos a lo largo del estado han renunciado. Hace un mes, varios miembros del Concejo municipal de North Palm Beach, incluido el alcalde David Norris, que durante 26 años ostentó un cargo público, renunciaron a sus puestos.
El objetivo de esta ley es mejorar la transparencia de los cargos públicos, exigiendo la presentación de una declaración financiera detallada que incluya la declaración de impuestos, todo reflejado en un Formulario 6. Hasta ahora, los funcionarios debían hacer una declaración menos estricta de sus finanzas.
Según la Comisión de Ética de Florida, el Formulario 6 (F6) debe ser presentado por el gobernador, vicegobernador, miembros del gabinete, miembros de la legislatura, abogados estatales, defensores públicos, secretarios de los tribunales, alguaciles, recaudadores de impuestos, tasadores de propiedad, supervisores de elecciones, comisionados del condado, superintendentes de escuelas electos, miembros de las juntas escolares de distrito, alcaldes y miembros de concejos municipales, así como jueces.
Este año, se debe llenar el F6 antes del 1 de julio. “Si el formulario no se envía a través del sistema de archivo electrónico creado y mantenido por la Comisión de Ética antes del 3 de septiembre, se impondrá una multa automática de 25 dólares por cada día de retraso hasta alcanzar el máximo de 1.500 dólares”, advierte la Comisión.
“No presentar la declaración también puede resultar en la destitución del cargo público, la descalificación para estar en la boleta electoral, reducción del salario o una multa civil que no excederá los 10.000 dólares”.
Según la nueva ley, los funcionarios deberán declarar todas las fuentes de ingresos, los activos cuyo valor supere los 1.000 dólares y los pasivos, incluidas las tarjetas de crédito y cuentas de menos de 1.000 dólares y deudas contraídas, entre otras.
Tanta transparencia no gusta. Algunos funcionarios electos decidieron emprender una acción legal para impugnar la nueva ley estatal. Es el caso de los comisionados de Coral Springs, que autorizaron al fiscal municipal John Hearn a trabajar en la demanda contra la SB-774 al considerar que “viola sus derechos a la privacidad y la libertad de expresión”.
El bufete de abogados Weiss Serota Helfman Cole and Berman está buscando entablar acciones legales ante al menos diez municipios contra la nueva ley.
@menendezpryce
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