Los residentes de la ‘Ciudad Bonita’ determinarán mediante un referéndum postal ocho reformas que alterarían el calendario electoral, la supervisión ética municipal y el sistema de votación
El ayuntamiento de Coral Gables.
JESÚS HERNÁNDEZ / DLAMIAMI. - Los 37.332 electores inscritos en la ciudad de Coral Gables se preparan para una jornada electoral histórica que prescinde de los centros de votación físicos para dar paso a un referéndum exclusivamente por el sistema de correo postal.
Esta convocatoria especial surge tras una crisis política que estalló en mayo de 2025, cuando la Comisión municipal intentó modificar las fechas electorales sin el consentimiento directo de los ciudadanos en las urnas.
La consulta popular somete a votación ocho enmiendas fundamentales a la Carta Constitucional que abarcan desde el cambio definitivo del ciclo electoral hasta la creación de una oficina del Inspector General y la eliminación de las segundas vueltas.
El proceso constituye un mecanismo de rectificación legal tras un fallo del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida que invalidó maniobras similares en municipios vecinos como Miami al considerar que cualquier alteración en la duración de los mandatos de los funcionarios requiere de forma obligatoria la validación del electorado.
La supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, defendió la legalidad y la conveniencia de este formato que rompe con la tradición centenaria de las urnas físicas en esta municipalidad.
La funcionaria explicó que esta decisión responde a criterios estrictamente administrativos y presupuestarios que favorecen las arcas municipales. "La Ciudad de Coral Gables decidió hacer la elección por correo porque es mucho más económico; sale como a la mitad del costo habitual", afirmó García al justificar el giro logístico implementado por el ayuntamiento.
La supervisora electoral aclaró que el marco jurídico de Florida ampara esta modalidad bajo condiciones muy específicas. "Por ley se pueden hacer elecciones por correo, siempre y cuando no haya oficiales electos en la boleta; en este caso son únicamente preguntas sobre cómo gobernar en la ciudad de Coral Gables", precisó.
García enfatizó que el éxito de esta transición depende exclusivamente de la movilización ciudadana y del compromiso de los residentes con los asuntos públicos. "Lo que nos hace falta es que participe el pueblo de Coral Gables para escuchar qué es lo que quieren y cómo desean que la ciudad siga hacia adelante", manifestó la funcionaria con el fin de incentivar la participación ciudadana.
La logística para esta jornada no contempla el despliegue de personal en colegios electorales habituales. "No hay ningún colegio electoral abierto, no habrá votación anticipada ni elección el día de los comicios de forma presencial", advirtió García. Sin embargo, la oficina central en Doral funcionará como el único punto de recepción para quienes desconfíen del sistema de correos o necesiten asistencia con boletas extraviadas.
A pesar de los argumentos técnicos sobre el ahorro, la convocatoria no cuenta con el respaldo de todos los miembros del gobierno local. El comisionado Ariel Fernández se posicionó como el principal opositor a esta modalidad.
Fernández manifestó desacuerdo con la estructura de la consulta. "Yo no voté a favor de hacer esta elección de esta forma; mi sugerencia siempre fue presentar estas enmiendas en una elección que ya existiera, fuera la de agosto, la de noviembre o la municipal de abril del próximo año", señaló el legislador.
Según el comisionado, la celeridad del referéndum especial responde a una estrategia para consolidar cambios antes de que el equilibrio político de la Ciudad gire hacia una mayor fiscalización.
La principal preocupación de Fernández radica en que el traslado de las elecciones municipales al ciclo nacional de noviembre diluya la atención de los residentes sobre los problemas más cercanos.
"Mover las elecciones le quita un poco de poder a los residentes sobre los temas importantes municipales y le da más importancia a los temas nacionales que no tienen nada que ver con el municipio", argumentó Fernández.
El comisionado vinculó esta reforma con una posible pérdida de control sobre el crecimiento inmobiliario de la ciudad.
Fernández también cuestionó la falta de supervisión directa en el sistema postal al asegurar que “es algo que no se puede monitorear”, pues, considera, no se sabe con certeza” quién vota ni cuál es el sistema exacto que se utiliza”.
El referéndum del 21 de abril no solo busca alinear el calendario local con el nacional, sino que propone una revisión profunda de la disciplina fiscal y la responsabilidad ética del gobierno municipal.
La primera enmienda plantea el cambio definitivo de las elecciones generales de abril en años impares a noviembre en años pares. Esta propuesta cuenta con el respaldo del alcalde Vince Lago y la vicealcaldesa Rhonda Anderson, quienes sostienen que la participación ciudadana en noviembre suele ser tres veces superior a la de abril.
La Ciudad registró una participación de apenas el 29% en abril de 2025 frente al 83% que acudió a las urnas en el ciclo nacional de noviembre de 2024. Los defensores del cambio aseguran que una mayor masa de votantes otorga una legitimidad democrática que hoy el sistema municipal no posee.
La sexta enmienda aborda un tema de alta sensibilidad pública dado que propone que cualquier cambio en la compensación de los funcionarios electos debe ser aprobado de forma obligatoria por los votantes en un referéndum.
Esta medida busca evitar que la Comisión utilice su poder legislativo para autoasignarse aumentos salariales sin el consentimiento de los contribuyentes.
El comisionado Fernández se mostró favorable a este punto específico al considerar que es un poder que deben tener los residentes, aunque mantuvo sus críticas sobre el contexto general de la boleta.
La reforma propone además la creación formal de un Comité de Revisión de la Carta cada década. Esta medida asegura la vigencia de la normativa municipal de forma programada y evita que los cambios estructurales dependan de tensiones políticas imprevistas.
La quinta propuesta de la boleta autoriza la contratación de servicios de Inspector General para auditar e investigar la gestión municipal, con el objetivo de prevenir el fraude y el abuso de poder.
Esta figura ha sido objeto de controversia debido a su impacto en el presupuesto local. "La oficina de Inspector General les costaría a los residentes entre quinientos mil y un millón de dólares anuales, lo cual, en opinión de Fernández, es un gasto que no hace falta".
No obstante, los promotores de la enmienda aseguran que la supervisión independiente generaría ahorros a largo plazo puesto que identifica redundancias y malas gestiones en los departamentos municipales. La Ciudad tendría la flexibilidad de contratar estos servicios con el Condado Miami-Dade o con una firma privada.
En paralelo, la octava enmienda busca elevar a rango constitucional la estabilidad económica de Coral Gables mediante la rigidez en la política de reservas. La propuesta exige que el fondo general mantenga al menos un 25% del presupuesto anual de gastos. Cualquier intento de reducir este porcentaje requeriría un voto de ‘supermayoría’, de cuatro de los cinco miembros de la Comisión.
La séptima enmienda representa uno de los cambios más profundos en la mecánica del poder local debido a la eventual eliminación de las elecciones de segunda vuelta. Bajo el sistema actual, si ningún candidato supera el 50% de los votos los dos más votados deben enfrentarse en una segunda ronda.
El nuevo sistema de pluralidad declararía ganador de forma inmediata a quien obtenga el mayor número de sufragios en la elección general.
Los críticos de esta medida advierten sobre el riesgo de que un candidato con apoyo minoritario gane una elección si el voto mayoritario se divide entre varias opciones similares. Este escenario conocido como el ‘efecto spoiler’ es una de las mayores preocupaciones de quienes ven en la segunda vuelta una garantía de consenso.
Por el contrario, los defensores de la pluralidad argumentan que las segundas vueltas en Coral Gables suelen registrar una participación ínfima que desvirtúa la supuesta legitimidad de la mayoría.
El ahorro operativo de eliminar este segundo evento electoral se estima en 125.000 dólares por cada ciclo.
La integridad de esta elección especial depende del “estricto cumplimiento de las instrucciones” con el que los ciudadanos completen sus boletas postales. El Departamento de Elecciones inició el envío masivo de sufragios el 20 de marzo y fijó el 23 de marzo como la fecha límite para nuevos registros de votantes.
La supervisora García recordó que el proceso de verificación de firmas es el filtro principal para garantizar la autenticidad del voto. Los votantes deben firmar dentro del cuadro rojo del sobre y asegurar que su rúbrica coincida con los registros oficiales de la oficina electoral. La ley de Florida otorga un periodo de gracia para la "curación" de firmas deficientes hasta el 23 de abril a las cinco de la tarde.
Este mecanismo de curación permite que los ciudadanos corrijan errores técnicos como la falta de firma o una firma que no coincide con la base de datos tras recibir una notificación oficial.
La funcionaria electoral instó a los residentes a no esperar hasta el último minuto para devolver sus sobres pues la boleta debe estar físicamente en la oficina de elecciones antes de las 7:00 p.m. del 21 de abril.
El éxito de este modelo de votación definirá el rumbo de la 'Ciudad Bonita' ante los desafíos de la modernización gubernamental. El resultado de las ocho propuestas podría determinar si la municipalidad logra un consenso para su fortalecimiento institucional.
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