Más de un millón de exprisioneros en la Florida no tienen el derecho a votar.
MIAMI.- Una corte federal de apelaciones bloqueó la orden que le dio un juez federal a la junta que decide el restablecimiento del derecho al voto de los exconvictos en Florida, para que reformara por completo los procedimientos utilizados para tal fin.
La corte de apelaciones de Atlanta dio la razón a quienes apelaron, es decir la junta de perdones, al establecer que dicha junta no discriminaba a ningún partido político o votante.
Tal organismo de clemencia está conformado por el gobernador del Estado del Sol Rick Scott (ahora candidato al senado federal), el comisionado de agricultura y servicios al consumidor (además de precandidato a la gobernación de Florida) Adam Putnam, el jefe de finanzas del estado Jimmy Patronis y la fiscal general Pam Bondi. Todos ellos son republicanos.
El mes pasado el juez federal Mark Walker calificó de arbitrario y políticamente parcializado el sistema de restablecimiento del derecho al sufragio para quienes fueron condenados a prisión y cumplieron su sentencia.
La demanda original presentada contra la junta fue interpuesta por 9 exprisioneros, quienes cumplieron sus penas y buscaban que les fueran devueltos sus derechos civiles. Ellos alegaron que la junta tenía una “discreción sin control” para restablecer el derecho fundamental de participar como votante en el proceso democrático de un país.
De acuerdo con los demandantes, la junta no tenía “estándares” objetivos para negar o aceptar las peticiones de restablecimiento de ese derecho.
Sin embargo la corte de apelaciones indicó que no hay evidencia para establecer que la junta, de manera deliberada, discriminaba basada en la manera de pensar de los solicitantes.
Por lo tanto aceptó la apelación para que se suspendiera, mientras se surte todo el proceso de apelación, es decir, se oyen los descargos de las partes, la orden del juez de presentar una nueva estructura de la junta de perdón con la fecha límite del 26 de abril.
Queda pendiente entonces la suerte de 1.5 millones de exconvictos, quienes tienen que esperar cinco años para que su caso sea estudiado por la junta y les sea adjudicada una audiencia.
De todas formas al tiempo que sigue este debate legal en la corte, hay una enmienda – la número 4- que aparecerá en la boleta electoral de las próximas elecciones de noviembre, en la que se le pide al votante si acepta o no que el derecho al voto sea reestablecido de manera automática para aquellas personas que cumplieron su sentencia por delitos no violentos.
La enmienda es aprobada si obtiene el 60% de los votos a favor.
Descarga LA APP