Corte de apelaciones manda retirar informe del gran jurado sobre Hope Florida y rechaza su conclusión legal. Conozca argumentos y reacciones
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
Fallo del Primer Distrito de la Corte de Apelaciones de Florida.
MIAMI.- La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida ordenó el miércoles 7 de octubre expurgar por completo los archivos judiciales del informe del gran jurado sobre Hope Florida, al concluir que sus señalamientos sobre el manejo de 10 millones de dólares excedieron su autoridad y que su divulgación violó las protecciones de confidencialidad previstas por la ley estatal.
El gobernador Ron DeSantis celebró el fallo, este jueves 8 de octubre, en una rueda de prensa en Miami donde, con la orden en mano, criticó a quienes filtraron el reporte del gran jurado y difundieron sus conclusiones.
En julio, un juez del condado de Leon había ordenado suprimir unas 112 de las 116 páginas del informe del gran jurado, pero dejó algunas secciones. En la apelación, quienes pedían eliminarlo por completo obtuvieron una orden para expurgar todo el documento de los archivos judiciales. La Corte de Apelaciones también anuló las órdenes que exigían al fiscal estatal avisar a una organización periodística y a su director sobre cualquier apelación. El tribunal concluyó que esas notificaciones revelarían información confidencial del proceso del gran jurado.
En agosto de 2025, el gran jurado de Leon investigó el destino de una donación de 10 millones de dólares derivados de un acuerdo extrajudicial de 67 millones que el estado de Florida alcanzó con la gestora de salud Centene relacionados con cobros excesivos al programa estatal de Medicaid. De los 67 millones de dólares del acuerdo, unos 57 millones fueron para el Estado y 10 millones se transfirieron directamente de Centene a la fundación.
Luego, Hope Florida aprobó dos subvenciones de cinco millones de dólares a organizaciones que, a su vez, donaron fondos a un comité político que hacía campaña en contra de una enmienda sobre el uso recreativo de la marihuana. El gran jurado calificó los 10 millones como dinero “malversado” dentro de un “plan sofisticado” para financiar actividades políticas. Sin embargo, no presentó acusaciones penales y reconoció que no tenía pruebas suficientes para procesar a nadie.
El juez Robert J. Neff, autor de la opinión mayoritaria del tribunal de apelaciones, sostuvo que un gran jurado puede investigar el funcionamiento de oficinas públicas y hacer recomendaciones, pero no puede declarar ilegal una conducta y después abstenerse de presentar cargos.
Según el fallo, si el jurado consideraba que se había cometido un delito, su deber era acusar. Si no encontraba pruebas suficientes, no podía condenar públicamente a personas por nombre sin una acusación formal.
La corte también concluyó que el jurado aplicó incorrectamente las leyes que citó en el informe. Una de ellas regula ciertos acuerdos de demandas presentadas ante los tribunales; otra se refiere al uso de fondos de acuerdos judiciales recibidos por el Estado. El acuerdo con Centene se cerró antes de que se presentara una demanda, y los 10 millones no fueron pagados al Estado, pasaron directamente de la compañía a Hope Florida, sostuvo el fallo.
Por esa razón, el tribunal afirmó que el dinero “nunca fue dinero público” ni reembolsó pérdidas estatales por los cobros de Medicaid. Según el documento, la suma procedía de un componente del acuerdo por otros posibles daños e incentivos, y no de una cantidad identificada como sobrecargo de Medicaid. La Corte agregó que la Legislatura no había prohibido ese tipo de pagos a terceros y que el propio gran jurado recomendó aprobar una nueva ley para impedir que la situación se repitiera. La mayoría de jueces de la Corte de Apelaciones estuvo de acuerdo que esa recomendación reconocía que la legislación vigente no prohibía la transferencia.
El fallo señaló además una discrepancia en el propio informe del gran jurado al sostener que el Estado dejó de recuperar 800.000 dólares, aunque las cifras descritas en el documento indicaban que recibió 800.000 dólares más que la cantidad que el gran jurado consideró recuperable. La corte dijo que no estaba haciendo una nueva determinación de los hechos, pero citó la inconsistencia como ejemplo de conclusiones que no podían conciliarse con los datos del informe.
La Corte de Apelaciones encontró un segundo motivo independiente para expurgar el reporte. La ley estatal exige que las personas cuestionadas en un informe sin acusación formal reciban una copia y dispongan de 15 días para solicitar que se suprima o expurgue antes de que el documento se haga público.
Según el documento de la Corte de Apelaciones, la oficina de Jack Campbell, fiscal estatal del Segundo Circuito, envió el informe confidencial en dos correos masivos a por lo menos 49 destinatarios antes de que las personas señaladas en el mismo recibieran una copia y tuvieran 15 días para impugnarlo. La corte de circuito ya había expurgado cerca de 112 de las 116 páginas, y como los señalamientos restantes estaban ligados a la conclusión de malversación y no podían eliminarse por separado sin alterar el sentido del informe, la Corte de Apelaciones ordenó expurgar el documento completo.
La opinión mayoritaria concluyó que el gran jurado excedió sus atribuciones al acusar a personas de conducta criminal sin presentar cargos y que la divulgación causó un daño irreparable a su reputación. El juez Bradford Bilbrey, integrante del panel de la Corte de Apelaciones, también estuvo de acuerdo con expurgar el informe, aunque habría basado la decisión únicamente en su divulgación prematura, sin analizar su contenido.
Por su parte, DeSantis reaccionó al fallo del tribunal de apelaciones en rueda de prensa en Miami, donde describió el resultado como el mayor revés judicial que había visto en su carrera política. Afirmó que el fallo desmentía las acusaciones de malversación y sostuvo que la investigación fue un intento de “poner una narrativa por encima de los hechos”. También dijo que el proceso se había utilizado como arma política y que personas que no fueron acusadas quedaron expuestas a críticas sin poder responder ante un juicio.
DeSantis negó que su esposa, Casey DeSantis, hubiera fundado Hope Florida Foundation en 2021 o que la dirigiera. Sostuvo que ese año, ella inspiró la iniciativa Hope Florida, que conecta a personas necesitadas con agencias estatales, iglesias y organizaciones benéficas. Según el gobernador, el Departamento de Niños y Familias creó la fundación dos años después como entidad de apoyo a esa iniciativa. También afirmó que Casey no integra la junta directiva ni es funcionaria de la fundación, y que no participó en el acuerdo con Centene ni en la asignación de las subvenciones.
DeSantis aprovechó la ocasión para criticar a los medios que publicaron el informe del gran jurado y aseguró que no informarían el fallo con el mismo interés con que difundieron las acusaciones. Dijo que exigiría responsabilidad a quienes divulgaron el documento.
Aunque la Corte de Apelaciones señaló que la divulgación prematura atribuible al Estado justificaba la expurgación del informe, sin embargo, no se pronunció sobre la legalidad de la publicación posterior por parte de la prensa.
DeSantis advirtió que un proceso como este no debía convertirse en una práctica habitual en Florida. Dijo que una persona podía verse involucrada y ser señalada en un informe que luego se filtrara a los medios, sin contar con abogado, defensa ni oportunidad de interrogar a los testigos. El gobernador presentó el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó expurgar el informe, como una reivindicación de su administración y de las personas que, según dijo, fueron perjudicadas por los señalamientos del gran jurado.
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