MIAMI.- El pasado 8 de enero hubo gran euforia porque aquellos que cumplieron sus penas en la cárcel podían registrarse para votar, después de que los electores aprobaran el pasado mes de noviembre la enmienda 4, que restablece de manera automática el derecho al voto.
Esta recuperación inmediata del derecho al sufragio tiene dos excepciones: los condenados por asesinato y por delitos sexuales.
Pero este martes un comité de la Cámara de Representantes de Florida aprobó una ley reglamentaria de esa enmienda que, según sus críticos, restringiría el número de exconvictos que podrían recuperar su derecho.
El proyecto fue aprobado en el comité de justicia criminal de la Cámara, sin apoyo bipartidista. Los republicanos –mayoría- lo aprobaron, y los demócratas lo rechazaron.
Quienes cuestionan este proyecto lo han calificado como "un impuesto para votar". Se refieren a que el proyecto de ley establece que los posibles beneficiarios del restablecimiento del derecho al voto tendrían que pagar todos los costos de corte y multas que les hayan impuesto por sus delitos.
También han puesto en tela de juicio la manera como la propuesta legislativa amplió el término delito sexual, al incluir una docena de transgresiones a la ley relacionadas con dicho delito como, por ejemplo, prostitución o poner un “sex-shop” a 2.500 pies de una escuela.
Además, los defensores de la enmienda no ven con buenos ojos que, al final, sea el secretario de Estado el que indique el proceso de qué exconvicto clasificaría para recuperar sus derechos civiles.
Los defensores de la enmienda, y quienes la propusieron y la sacaron adelante, se han opuesto a cualquier reglamentación con el argumento de que no es necesario ninguna ley y lo que están haciendo los legisladores es “interferir” en la voluntad del electorado.
A pesar de que a partir del 8 de enero empezó a aplicar la enmienda, los supervisores de elecciones en todo el estado han pedido ayuda para interpretar los alcances de esa enmienda considerada “histórica” porque le daría la posibilidad de votar a 1.2 millones de ex convictos.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aún falta mucho para que este proyecto de ley pueda ser aprobada por las dos cámaras y llegar a la firma del gobernador.
Los opositores a esa iniciativa legal consideran que esta ley está politizando un proceso que debe ser simple y sin mayores obstáculos.
En el 2020 son las elecciones presidenciales. Se cree que Florida será el estado péndulo por excelencia, lo que significa que cada voto contará.
Según estudios extraoficiales, un importante porcentaje del más de millón de exprisioneros que podrían votar durante todo el ciclo electoral de 2020, se inclinarían por el lado demócrata.
No obstante, los analistas han indicado que recuperar el derecho al voto no significa que ese sujeto se inscriba para formar parte del censo electoral. Y que se inscriba, no significa de manera automática que el día de las elecciones vaya a los puestos de votación para votar por el candidato de su predilección. Y si cumple con los dos pasos anteriores, no es seguro desde ningún punto de vista que el los candidatos demócratas tengan asegurado esos votos.
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