MIAMI.-La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles) de la Florida en conjunto con la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami y el bufete de abogados Kurzban Kurzban Weinger Tetzeli and Pratt P.A., han presentado una demanda federal contra el condado de Miami –Dade por su política de detención de personas, sin orden judicial, para después ser remitidas a las autoridades de inmigración.
La demanda fue presentada en nombre de un joven de 18 años, de origen hondureño, que fue detenido bajo esa política a pesar de su condición de ser ciudadano estadounidense.
Dicha demanda se centra en la decisión del condado Miami-Dade de detener a personas más allá del tiempo estipulado para una supuesta infracción civil de inmigración.
La administración del alcalde del Condado Carlos Giménez tomó la decisión de seguir esos pedidos de detención de ICE (la agencia de inmigración y aduanas de Estados Unidos), después de la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump, el pasado 26 de enero, que amenazaba con suspenderles fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”.
En el mes de febrero, la comisión del condado aprobó una resolución, presentada por la comisionada Sally Heyman, que suspendía la política del Condado de exigirles a las autoridades federales que reembolsaran los costos extra en los que incurrían las instituciones carcelarias condales al tener en custodia por más tiempo del reglamentario, a un indocumentado pedido por ICE.
"Advertimos al condado sobre los peligros que representa la decisión prematura de ceder a las amenazas anti-inmigrantes de la administración de Trump," dijo el abogado de derechos de los inmigrantes para la ACLU de la Florida, Amien Kacou.
Aunque el condado ya no se enfrenta a la pérdida de fondos federales, no ha reconsiderado la política sobre las detenciones migratorias.
El demandante, Garland Creedle, de 18 años de edad, fue detenido con el fin de iniciar procedimientos de inmigración en su contra bajo la política de detención del condado. Creedle había estado en poder de las autoridades en marzo de 2017, por un supuesto caso de violencia doméstica sobre el cual no le fueron impuestos cargos.
La demanda contra el alcalde Giménez y el Condado Miami-Dade, solicita una orden que declare inválida la directiva del alcalde sobre detenciones de inmigración e inconstitucional la detención de Creedle. También pide compensación por los posibles daños generados.
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