MIAMI.- El Partido Demócrata del Estado del Sol acaba de anunciar que abre, de tiempo completo, una oficina de defensa del derecho al voto dirigida por el abogado Brandon Peters, profesor de la escuela de derecho de A&M University de Florida, y quien dio declaraciones para DIARIO LAS AMÉRICAS sobre sus planes.

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En un corto mensaje de texto, el senador estatal republicano Manny Díaz indicó que “me parece a mí que [la oficina de defensa del derecho al voto] es otra manera de enviar mensajes de campaña a las personas bajo el pretexto de protección”.

Sin embargo, para Peters se trata de una lección que dejaron los comicios de 2018 y el proceso legislativo que se desarrolló en Tallahassee: “Aprendimos, basados en lo que pasa en el Estado, que la eliminación del derecho al voto se produce no en el día de las elecciones sino cuando los legisladores se reúnen y aprueban leyes que confunden a los electores, como hacer más difícil para la gente votar por correo”.

Peters se refiere a la ley 7066 que establece que cualquier actualización de la firma de un votante debe hacerse antes de que éste envié su boleta por correo, o antes de depositar su voto provisional y no más tarde del inicio de los escrutinios.

Para este abogado, quien fuera candidato a la cámara de la Florida en 2018, la mayor preocupación es que “nunca vamos a tener unos estatutos electorales que sean justos, nunca vamos a tener la posibilidad de dejar que haya la mayor cantidad de votantes en Florida.”

Recalcó que “desafortunadamente el estatuto de la era de Jim Crow [las leyes de segregación racial]que está dentro de la constitución de la Florida afecta de manera desproporcionada a los votantes pertenecientes a las minorías. Queremos que estas personas hagan oír su voz en las urnas”.

La enmienda 4

También hay preocupación por lo decidido en Tallahassee con respecto a la enmienda 4 que buscaba restaurar de manera automática el voto para los exconvictos que no hubieran cometido asesinato o delitos sexuales.

De acuerdo con lo aprobado por la mayoría republicana en Senado y Cámara, quienes hayan cumplido sus penas tendrán que pagar todas sus obligaciones financieras y multas impuestas por la corte para que puedan optar por el beneficio de recuperación de su derecho al voto.

La ley deja en manos de los jueces la posibilidad de eximir a un exconvicto de dichas obligaciones y más bien le imponga horas de servicio comunitario.

“A medida que nos acercamos al 2020 es bastante perturbador la imposibilidad que tiene esta gente de participar. Esa habría sido la expansión más grande en los derechos de votación en la Florida y en el resto del país, en más de cincuenta años”, precisó Peters.

Sin embargo, al igual que sucedió con la enmienda sobre marihuana medicinal, aprobada por más del 70 por ciento de los votantes, sus patrocinadores demandaron las prohibiciones y limitaciones impuestas por las mayorías republicanas en el parlamento floridano.

Los demandantes ganaron el pleito legal, y al final los mismos legisladores tuvieron que levantar la prohibición de fumar el cannabis medicinal.

Quienes impulsaron la enmienda 4 y otras organizaciones van a instaurar una querella legal contra lo decidido en la pasada legislatura en Tallahassee.

Durante su campaña a la gobernación, Ron DeSantis se opuso a la enmienda 4. Asimismo, los legisladores estatales republicanos indicaron que la manera como se había hecho la pregunta “era confusa”.

Ante eso, Peters respondió que “las 58 palabras de la enmienda 4 no son confusas ni requieren explicación. Y si los republicanos están confundidos con ellas yo, con todo respeto, diría que no son lo suficientemente inteligentes para estar en el parlamento estatal, y tal vez deban recibir de inmediato clases de inglés para que entiendan lo que significan una palabras muy sencillas”.

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