MIAMI.- Un bombero jubilado de Hialeah es acusado de vender certificaciones de soporte vital del American Heart Association sin proveer capacitación, lo que generaba casi un millón de dólares, informó la fiscalía estatal de Miami-Dade.
MIAMI.- Un bombero jubilado de Hialeah es acusado de vender certificaciones de soporte vital del American Heart Association sin proveer capacitación, lo que generaba casi un millón de dólares, informó la fiscalía estatal de Miami-Dade.
Según el informe, Carlos Ernesto Rojas, de 60 años, que trabajó como bombero para Hialeah por 20 años, contaba con certificaciones para impartir cursos de soporte vital básico (BLS), cardiovascular avanzado (ACLS) y pediátrico (PALS), pero no impartía los cursos, solo facilitaba la certificación al cobrar 1.140 dólares.
“Una amplia gama de profesiones, como conductores de autobuses, proveedores de cuidado infantil, oficiales de policía, bomberos, paramédicos, enfermeras y médicos, requieren certificaciones BLS, y las personas que trabajan en ciertas áreas médicas especializadas necesitan certificaciones adicionales como ACLS y PALS”, explicó el comunicado de la fiscalía.
De hecho, 14 personas empleadas por la red hospitalaria Jackson Health recibieron la certificación sin haber recibido la necesaria capacitación.
“Estas personas alegan que pagaron a Rojas 1.140 dólares por los cursos necesarios. Esperaban recibir capacitación, pero no hubo capacitación. En cambio, estas personas supuestamente recibieron registros electrónicos (eCards) de Rojas que indicaban que participaron o completaron con éxito el curso”, añadió el informe.
De hecho, los 14 trabajadores contactaron a la policía de Miami-Dade, que realizó una investigación encubierta.
Acorde con la fiscalía, la documentación de la American Heart Association muestra que Rojas emitió más de 14.500 certificados desde 2020, lo que significa que pudo haber ingresado más de 870.000 dólares.
“La falsificación de cualquier certificación siempre tiene el potencial de poner en peligro a las personas. Sin embargo, las falsificaciones del entrenamiento en técnicas de salvamento crean un riesgo evidente si se presenta una situación de vida o muerte, algo que estas certificaciones pretendían evitar”, señaló la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle.