MIAMI.- El dueño de un local de cuidados médicos para la tercera edad y una terapeuta en Miami han sido formalmente encausados por estafa programa de sanidad nacional Medicare, tras haberse declarado culpables por el robo de 8,6 millones de dólares.
Según recoge el reporte de la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, Alexander Ros Lazo, de 54 años, propietario y administrador de T.L.C. Health Services Inc., se declaró culpable, ante el juez federal José E. Martínez, de conspirar para robar sistemáticamente.
Por otra parte, Misleidy Ibarra, de 46, terapeuta licenciada, también se declaró culpable de conspirar para estafar al Medicare.
La sentencia para ambos sujetos será fallada por el juez Martínez el próximo 5 de febrero.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Ros Lazo admitió que pagó sobornos a cambio de recetas de servicios de salud en el hogar y la remisión de los beneficiarios de su centro de cuidado.
Además, Ros Lazo admitió que él y su cómplice, Misleidy Ibarra, estuvieron de acuerdo para cometer fraude en la atención médica al hacer que Ibarra prestara servicios de terapia y facturar al Medicare en nombre de terapeutas con licencia, a pesar de que sabían que ella no tenía el permiso requerido para realizar determinados servicios.
Asimismo, Ibarra señaló que conspiró con Ros Lazo para prestar servicios de terapia física a los beneficiarios de Medicare, cuando Ibarra no tenía el permiso para prestar estos servicios.
Este caso fue investigado en conjunto por el FBI y la unidad anti fraude del Departamento de Justicia. El fiscal federal adjunto Yisel Valdés, del Distrito Sur de Florida, y el abogado litigante Alexander Kramer, de la Sección de Fraude de la División Criminal, forman parte del equipo fiscal.
La unidad anti fraude del Departamento de Justicia centra sus esfuerzos en la prevención o disuasión del fraude por medio del cumplimiento de la ley. Desde su inicio en marzo de 2007, el equipo especializado en la lucha contra el fraude de Medicare, que mantiene 14 equipos de que operan en 23 distritos del país, ha encauzado a más de 4.000 personas que habrían facturado colectivamente al Medicare más de 14 mil millones de dólares.
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