MIAMI.- Una conducta muy marcada entre los seres humanos es la dificultad para ponerse de acuerdo sobre temas complejos o incluso triviales. El restablecimiento de la figura del alguacil o sheriff en Miami-Dade parece encajar a la medida en ese contexto de ‘dimes y diretes’ entre la clase dirigente del Condado, de cara a un cargo que debe quedar definido para el año 2024.

No son ni una ni dos las resoluciones que están sobre la mesa de los comisionados. Por lo menos cinco propuestas legislativas, entre alrededor de una docena, destacan en el proceso de darle ‘cuerpo y vida’ a una posición que podría tener tanto poder como la de un alcalde o tan poco como una agencia de vigilancia, según testimonios recogidos por DIARIO LAS AMÉRICAS.

Te puede interesar

Mientras los argumentos van y vienen, con los ojos puestos en una sesión prevista para los primeros días de junio que podría definir los poderes de la oficina del alguacil, desde mucho antes se están barajando nombres de posibles candidatos para llegar a ese cargo. DLA entrevistó al comisionado condal Joe Martínez y al exalcalde de Hialeah Carlos Hernández, quienes aún no han oficializado sus campañas por esa posición.

Hernández fue oficial de policía por 22 años, mientras que Martínez desempeñó funciones similares durante 18. Los dos coinciden en que tienen la “suficiente destreza” para manejar un departamento con un presupuesto que, según cálculos de 2018, podría ascender a los 1.000 millones de dólares anuales.

El cargo

Actualmente, las funciones de alguacil son desempeñadas por el alcalde, en este caso la edil Daniella Levine Cava, quien tiene a su cargo unos 4.800 empleados y un presupuesto de más de 815 millones de dólares que corresponden al Departamento de Policía de Miami-Dade.

El Gran Miami ya tuvo la figura del sheriff y la última vez que eligió uno fue en la década de los años 1960. Más tarde, en 2018, los votantes de la Florida aprobaron modificar la Constitución del estado para que cinco cargos, entre estos el de alguacil, se decidieran en las urnas.

En Miami-Dade los votos solo alcanzaron el 58% del 60% requerido en el estado, pero en Florida la cifra ascendió a 63%. Una demanda interpuesta por el gobierno condal fue desestimada debido al número logrado en la jurisdicción estatal.

El alguacil, según la ley de Florida, tiene facultades para ejecutar órdenes de detención y la emisión de algunos documentos judiciales. En ciertos condados floridanos, este funcionario dirige el sistema carcelario e incluso el servicio de bomberos.

En estos momentos, el Departamento de Policía de Miami-Dade opera como una agencia de alguacil y es el encargado de proveer servicios de seguridad a los residentes en zonas que el Condado administra directamente y en tres municipalidades que contratan sus servicios.

En las discusiones que se han dado en el órgano legislativo condal, algunos comisionados han expresado la “necesidad” de seguir dando al Departamento de Policía los servicios de patrullaje en las áreas administradas, como son Kendall, Fontainebleau, Westchester, el Aeropuerto Internacional de Miami y aeródromos adjuntos, Puerto de Miami, instalaciones de tránsito del Condado, etc. Otros apuestan por limitar la potestad del alguacil.

Resoluciones

Un proyecto de resolución del presidente la Comisión, José ‘Pepe’ Díaz, plantea que el Departamento de Policía de Miami-Dade podría continuar al frente de los servicios de patrulla en esas zonas y en instalaciones del Condado, incluidos los aeropuertos, PortMiami y las oficinas de tránsito, con la salvedad de que las funciones de la Policía no serían transferidas al sheriff.

Díaz propone además que la Policía siga ofreciendo servicios de investigación especializados y que el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Miami-Dade y el Departamento de Bomberos de Miami-Dade continúen bajo la orientación del gobierno condal.

La comisionada Raquel Regalado sugiere que “todos los poderes, deberes y funciones de aplicación de la ley municipal”, que actualmente están en manos del departamento de policía, continúen siendo desempeñados por esta agencia en las áreas no incorporadas, a no ser que la ley lo asigne exclusivamente al cargo de alguacil.

El legislador Joe Martínez estipula, basado en “razones de costo y ahorro”, que todas las funciones municipales y de otro tipo del departamento de policía se transfieran a la oficina del alguacil, incluyendo los servicios policiales en áreas no incorporadas.

Entretanto, la comisionada Sally Heyman propone excluir de cualquier transferencia al despacho del alguacil a los empleados, bienes inmuebles, otros activos, equipos, contratos, subvenciones y licencias utilizadas por el médico forense del Condado.

Un segundo documento de la comisionada Heyman expone la exclusión del alguacil de cualquier proyecto de acuerdo de transferencia preparado para su oficina.

Opiniones

Para Carlos Hernández, exalcalde de Hialeah, quien está “esperando” conocer los “verdaderos poderes del sheriff” para decidir si busca o no llegar a esa posición, el cargo que se revive en Miami-Dade “podría ser muy peligroso, pero también muy importante a nivel político y social”.

Según su opinión, el alguacil tendría incluso más poder que el alcalde, en algunos casos. “Digo peligroso, además, porque podría prestarse para que el sheriff meta a trabajar a sus amigos, sin que sea necesaria ninguna experiencia en temas de policía”, explicó.

Hernández aseguró que esa posición requiere de “mucha experiencia y conocimiento”. En ese sentido, dijo, “yo fui policía por muchos años y he manejado un presupuesto como ‘alcalde fuerte’ de la Ciudad de Hialeah”.

Por su parte, el comisionado Joe Martínez también puso de relieve su trayectoria en la Policía del condado y su “habilidad” como legislador en Miami-Dade.

Tiene claro, desde su óptica, que “es necesario soltar el poder y dejarlo en manos del alguacil para que no tengamos doble costo, y así no tener que crear un segundo departamento, lo que implica nuevas oficinas, nuevos carros, uniformes, equipos y otros gastos”. También le “preocupa” una subida de impuestos para sostener “dos agencias de policía”.

Martínez cuestionó a quienes proponen una oficina del alguacil “con limitaciones” y se preguntó “¿para qué tener un sheriff y un departamento de policía que compartan funciones?”.

Advirtió que el alguacil tendría que contratar personal nuevo, tener unas oficinas “porque no va a trabajar desde un apartamento”, lo que denotaría “un impacto financiero alto en el presupuesto del Condado”.

dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

Aparecen en esta nota:

 

Diario Las Américas no se hace responsable de las opiniones emitidas por los lectores; sin embargo, exhorta a evitar el lenguaje vulgar u ofensivo contra terceros. Nuestra empresa se acoge al derecho de eliminar cualquier comentario que viole estas normas.

Diario Las Américas is not responsible for the opinions issued by the readers; however, it urges to avoid vulgar or offensive language against third parties. Our company is entitled to remove any comments that violate these rules.

Deja tu comentario

Se está leyendo

Lo último

Encuesta

¿La emigración interna en EEUU ha impulsado el aumento de precios? 30.89%
¿Los gobiernos locales deben ofrecer alternativas asequibles ante el alza de precios de alquileres? 35.74%
¿Las personas jubiladas deben recibir algún tipo de asistencia para poder enfrentar esos precios? 33.37%
12724 votos

Las Más Leídas