Familiares de las víctimas, líderes del exilio cubano y legisladores federales en Miami, quienes enfatizaron la demora de la justicia y la necesidad de acciones legales concretas tras el derribo de las avionetas que costó la vida a cuatro personas inocentes en 1996
Mario Díaz-Balart fue enfático durante la conmemoración de los 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: “El día de la impunidad se ha acabado con esta administración.”
CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA María Elvira Salazar fijó su postura sobre cualquier diálogo con La Habana: “Lo que se va es conversar cómo y cuáles serán las diferentes etapas de esta transición.”
CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez durante su intervención dejó claro que el evento no fue solo un acto homenaje, sino también un llamado a poner fin a la impunidad.
CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA Ashley Moody, senadora por Florida respaldó el llamado a revisar el caso para buscar justicia por las víctimas.
CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA Sylvia Iriondo, de MAR por Cuba, recordó que las víctimas eran jóvenes, tres estadounidenses y un residente legal, y que el momento político actual ofrece una oportunidad real de justicia.
CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA Medios de prensa y asistentes durante la rueda de prensa, atentos a las declaraciones ofrecidas.
CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA “Fue un acto criminal. Raúl Castro fue quien ordenó derribar las avionetas que buscaban salvar a cubanos huyendo del régimen”, dijo Carlos A. Giménez desde el podio.
CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA HIALEAH GARDENS. – El jueves 19 de febrero de 2026, en el Museo Brigada 2506, el aniversario 30 del derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate dejó de ser solo una efeméride para convertirse en un alegato público: familiares de las víctimas, activistas y congresistas federales volvieron a poner nombre y apellido al reclamo de justicia contra Raúl Castro y exigieron que el caso sea revisado con el objetivo de presentar cargos penales.
Hermanos al Rescate fue una organización humanitaria fundada en Miami que realizaba misiones civiles de búsqueda y auxilio a balseros en el Estrecho de la Florida. El 24 de febrero de 1996, dos de sus avionetas desarmadas fueron derribadas por el régimen cubano al mando de Raúl Castro, entonces Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Murieron Armando Alejandre Jr., Carlos A. Costa, Mario M. de la Peña y Pablo Morales. Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses y uno residente legal. Treinta años después, para quienes cargan con esa pérdida, la justicia no es una consigna: es una deuda concreta.
Mario de la Peña, padre de Mario Manuel de la Peña, habló con la mezcla de cansancio y esperanza de quien ha vivido tres décadas sosteniendo la memoria de su hijo:
“Me siento muy emocionado realmente, y un poco cansado porque han sido unos días de mucho ajetreo. Pero no me importa, vaya, estoy contento de que todo esto esté pasando. Hemos tenido que esperar mucho para llegar a este momento que parece ser clave para buscar la justicia.”
Su voz no se quedó en lo personal. Amplió el reclamo a todos los cubanos que, según dijo, han sido víctimas del castrismo:
“Todos esos cubanos que han sufrido crímenes por culpa de ese régimen, que es un régimen malvado, un régimen satánico.”
En sus palabras, la fe aparece como sostén de esa espera:
“Gracias a Dios la lucha que nunca hemos dejado de tener está dando sus frutos. Eso lo regocija por dentro, que finalmente Dios ahora ha dicho: ‘hasta aquí’.”
A su lado, Miriam de la Peña enfocó el momento desde el plano jurídico. Con la voz entrecortada y permeada por más de tres décadas de lucha, no habló solo como madre, sino como ciudadana que exige respuesta institucional ante la impunidad que le arrebató a su hijo, recordando con intensidad el dolor de su pérdida y la memoria de quienes no pueden hablar por sí mismos.
“Me siento satisfecha de que estén tomando esta acción los congresistas de recordarle al presidente de los Estados Unidos que hay un caso pendiente.”
Insistió en el elemento que, para ella, convierte el hecho en un asunto ineludible:
“Es un caso de justicia por el asesinato de ciudadanos norteamericanos inocentes que fueron asesinados por Raúl Castro en espacio aéreo internacional, mientras que trataban de salvar la vida de aquellos que estaban huyendo del castrocomunismo para llegar a tierra de libertad.”
La opositora cubana y líder del Movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, subrayó que el reclamo no puede seguir posponiéndose:
“La justicia se ha demorado ya demasiado tiempo. Y este es el momento en el cual finalmente hay una oportunidad real de que los responsables de esos crímenes sean traídos frente a la justicia, especialmente Raúl Castro.”
Su planteamiento fue más amplio: utilizar la ley estadounidense para procesar a quienes, a su juicio, han cometido delitos graves desde el poder:
“Que se use la ley de los Estados Unidos y se enjuicie y se presenten cargos contra los criminales que están en el régimen por graves violaciones de derechos humanos, terrorismo, narcotráfico.”
La periodista Ninoska Pérez Castellanos recordó el día siguiente al derribo y el viaje a Washington junto a Jorge Más Canosa:
“Nos entrevistamos con todos los altos funcionarios de la administración. Lo único que yo sentí fue encubrimiento.”
Para ella, lo ocurrido en las décadas posteriores confirma esa percepción:
“La prueba ha sido que treinta años después no han hecho nada. Fue encubrimiento, y lo que tiene que haber ahora es justicia.”
Sylvia Iriondo, representante de MAR por Cuba, llevó el mensaje a una dimensión moral:
“No se está pidiendo otra cosa que no sea lo justo. Mientras que no haya justicia, no habrá paz.”
Recordó que las víctimas eran jóvenes con sueños, uno de ellos veterano del Ejército estadounidense. Y sostuvo que el momento político actual abre una posibilidad real:
“El momento es ahora porque es lo justo, es lo necesario y es lo moralmente correcto.”
Los representantes federales Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, junto a la senadora Ashley Moody, encabezaron la conmemoración y asumieron un tono distinto al de aniversarios anteriores. No se limitaron a recordar la tragedia: respaldaron formalmente el llamado a revisar el caso con miras a un encausamiento penal y se alinearon como organizadores principales del evento y familiares de las víctimas en una exigencia concreta de acción judicial. La coincidencia política, dijeron, no es simbólica, sino estratégica: consideran que el momento actual ofrece condiciones que antes no existían para avanzar en el terreno legal.
Carlos A. Giménez hizo memoria de 1996, cuando era jefe de bomberos y asistió a reuniones tras el derribo:
“Había muchas personas diciendo cosas muy lindas, pero no pasó nada. ¿Cuál es la diferencia ahora?”
Su respuesta fue directa:
“Lo que me importa es lo que hace el presidente. Y lo que ha hecho ha demostrado que es una persona de acción. Entonces le estamos pidiendo al presidente, y también a la Fiscalía, que por favor miren esto otra vez. Estamos buscando justicia."
Y fue enfático:
“Es hora ya de justicia por los cuatro americanos que fueron asesinados en 1996 por Raúl y Fidel. Es un acto criminal. Raúl Castro fue la persona que ordenó que tumbaran las dos avionetas que estaban simplemente buscando a cubanos que se habían lanzado al mar buscando la libertad y huyendo del infierno que es Cuba, que era Cuba y que todavía es Cuba. La razón era que le estaban poniendo luz cada día a la realidad que era Cuba, y ellos no podían tolerar eso más. Y por eso tumbaron esas avionetas. Pero eso no era razón para tumbarlos; eso es una excusa. No había razón para hacer eso. Es un acto criminal".
Mario Díaz-Balart reforzó esa línea:
“El día de la impunidad se ha acabado con esta administración.”
Y precisó el pedido formal:
"Lo pedimos por escrito al presidente y a la fiscal general que revisen los hechos y que, cuando encuentren, como sabemos que van a encontrar la evidencia, encausen al que ordenó el asesinato en sangre fría de estos cuatro hermanos. Y ese es el tirano Raúl Castro. Estaremos esperando la respuesta. Confiamos porque sabemos que esta administración es distinta y que el presidente Trump no está dispuesto a tolerar estos actos de violencia en contra de nuestro pueblo."
La comparecencia también dio paso a un tema que trasciende la conmemoración y se enlaza con el presente político: la reciente noticia sobre posibles conversaciones entre el secretario de Estado Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”, en torno a una transición en Cuba. La pregunta surgió directamente de la prensa, obligando a los legisladores a fijar una postura pública clara sobre los límites de cualquier diálogo.
María Elvira Salazar fue particularmente determinante al emitir su respuesta y marcó una línea clara:
“La administración del presidente Trump, bajo el mandato de Marco Rubio, no va a negociar nada.”
Luego precisó el matiz que quiso dejar establecido:
“Lo que se va es conversar cómo y cuáles van a ser las diferentes etapas de esta transición. Esto es lo que va a pasar.”
Salazar añadió una referencia personal que conectó con la memoria del exilio:
“Yo no he hablado con Marco, pero yo sé que Marco sabe muy bien, porque su abuelo se lo dijo, como me lo dijo mi abuela y se lo dijeron sus abuelos a todos aquí, de que con esa gente nada.”
En ese contexto, Mario Díaz-Balart reforzó el mensaje y ofreció un contraste con administraciones anteriores. Desde su perspectiva, los acercamientos previos no representaron negociaciones reales, sino concesiones que prolongaron el poder de la dictadura castrista:
"El problema es que con otras administraciones, particularmente vamos a decirlo todas las administraciones demócratas, cuando han tenido conversaciones, que por cierto tampoco han sido negociaciones, porque cuando el presidente Obama tuvo conversaciones con el régimen de La Habana, no fueron negociaciones, fueron regalos, obsequios. De nuevo, esto lo hemos dicho, ustedes lo pueden revisar, lo hemos estado diciendo por años: conversaciones para cuándo el régimen se largue, sea el de La Habana, el de Managua, el de Teherán, eso sí. Y vamos a estar."
Asimismo, destacó la postura de la actual administración de la Casa Blanca y las condiciones que considera fundamentales para cualquier diálogo:
"Otra cosa muy interesante: el presidente Trump, él habla con todo el mundo. Él está dispuesto a hablar y hasta reunirse con todo el mundo, pero está muy claro cuál es el propósito. Y él ha estado muy claro: este régimen, las noventa millas, no es aceptable, no es aceptable. Y que conste, como dijo María Elvira, y como hemos dicho todos nosotros, no hay negociaciones para que el régimen pueda mantenerse en él, para darle migajas al pueblo cubano. Aquí solamente hay una forma, una salida y un futuro para el pueblo de Cuba, que es la libertad absoluta y plena."
Finalmente, subrayó las únicas alternativas que, según él, existen para el régimen y su continuidad en el poder:
"Yo no puedo hablar por la administración, pero creo que, como vimos en el caso de Maduro, le dieron opciones: si quieren irse a Rusia o a vivir en Siria, perfecto, esa es una opción que tienen. La segunda opción no es mantenerse en el poder de manera indefinida, no es buscar alivio para el régimen ni negociar para ganar tiempo. La segunda opción es que esto se acaba y que queden como Mussolini o como Soleimani. Esas son las opciones."
Uno de los momentos más comentados de la conferencia fue cuando Díaz-Balart se refirió a hallazgos atribuidos al recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández. Según explicó el congresista, se habrían detectado envíos al régimen cubano que violarían el marco de sanciones vigente:
“De forma brillante, el recaudador de impuestos Dariel Fernández encontró lo que consideramos son violaciones directas.”
Díaz-Balart sostuvo que, pese a que la ley contempla excepciones humanitarias, lo identificado no encajaría en ese marco:
“Se han estado enviando al régimen, por varios años, vehículos de recreación, jacuzzis y automóviles de lujo. Son conductas inmorales e ilegales”, precisó.
Además, indicó que enviaron cartas al Departamento del Tesoro y al Departamento de Comercio para que se investigue el caso y se detengan esas prácticas:
“Pedimos a la administración que pare esta violación de inmediato.”
El 24 de febrero de 1996 marcó la relación entre Cuba y Estados Unidos y dejó una cicatriz profunda en el exilio cubano. Treinta años después, el reclamo no ha cambiado: que se determinen responsabilidades penales por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
En el Museo Brigada 2506 no hubo discursos abstractos. Hubo nombres propios, recuerdos, acusaciones directas y una exigencia concreta: que este aniversario no sea solo una ceremonia simbólica, sino el inicio de acciones judiciales reales. Para los familiares, la fecha no es historia. Es presente. Y el mensaje ante el mundo fue contundente: “La justicia se ha demorado demasiado y el momento para actuar es ahora. No habrá paz hasta que se haga justicia por nuestros hermanos caídos.”
Descarga LA APP