Horas después del derrumbe del puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida, salieron a flote informaciones que originaron diversas interrogantes sobre las razones profundas de la tragedia.

Varios medios de prensa reportaron sobre las empresas contratistas: Munilla Constructions Management (MCM) y FIGG Bridge Group.

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De acuerdo con informaciones publicadas por The Miami Herald, las obras de MCM habían sido inspeccionadas ocho veces por el Gobierno federal desde 2013 y la empresa había sido multada, por más de $50.000, en cuatro ocasiones por diferentes violaciones.

En ese momento la pregunta más persistente fue sobre la manera en que se llevó el proceso de licitación que concedió el contrato de construcción y diseño a estas dos empresas. La Universidad Internacional de la Florida (FIU) fue la que al final tomó la decisión.

Ese cuestionamiento aún sigue vigente, y sin el resultado completo de las investigaciones -que están en manos de la Junta Federal de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés)- no se tienen argumentos suficientes para evaluar la participación de FIU en la manera cómo se escogió a los contratistas.

Pocos días después del desplome del puente, la universidad explicó que en 2013 el Departamento de Transporte de Estados Unidos le concedió a FIU recursos financieros (el programa TIGER) para el diseño y la construcción del puente, que se debían conceder en licitación pública. Según información oficial de la universidad, ni el centro de altos estudios ni su Departamento de Construcción Acelerada de Puentes del Centro de Transporte de dicha institución de educación superior participaron en las tareas concretas de construcción y diseño del puente.

Errores técnicos

En su última actualización de la investigación del pasado mes de noviembre, la NTSB estableció que hubo errores de diseño en la parte norte del puente, donde se localizaban dos vigas de amarre conectadas con el cuerpo central del puente.

Dichas fallas tuvieron como consecuencia, según la agencia investigadora, sobreestimar la resistencia de una viga horizontal y otra vertical del extremo norte del puente, y subestimar la carga de esa sección vital del puente. Las grietas que se vieron en esa área antes del desplome de la estructura, se afirmó, corresponden a esos errores.

La misma investigación ha determinado que los materiales utilizados en el puente, es decir, concreto y acero, llenaron todos los requisitos técnicos del Departamento de Transporte de Florida, y cumplieron todas las exigencias técnicas de la estructura construida.

Las preguntas

Sin embargo, aún quedan por responder varias interrogantes: ¿Por qué no hubo una respuesta inmediata a las preocupaciones expresadas por los ingenieros el mismo día de la tragedia, sobre las grietas que se veían en la estructura? ¿Por qué no cerraron esa importante vía mientras se hacían los ajustes técnicos de una estructura de esa magnitud? ¿Por qué en su momento el gobierno estatal quiso minimizar su papel en todo el proceso de construcción del puente, cuando hay grabaciones y documentos que demuestran lo contrario?

Al otro día de la tragedia, el entonces representante federal Carlos Curbelo, en una rueda de prensa, indicó que “cuando la negligencia llega a un punto, puede haber consecuencias en una corte criminal. Si alguien actuó de manera negligente, y eso se puede probar en una corte, esas personas deben sufrir las consecuencias”, aseguró el entonces representante republicano.

Dificultades financieras

Por ahora, la empresa constructora enfrenta 18 demandas civiles. En días pasados, MCM se acogió a la ley de bancarrota.

Según reportes de prensa, dos años antes de ese terrible hecho, MCM (que ahora se llama Magnum Construction Management) ya tenía dificultades financieras.

MCM, además, fue descertificada por el Departamento de Transporte de la Florida lo que priva a esa empresa de por lo menos 200 millones de dólares en ingresos por cuenta de futuros proyectos.

No obstante, la compañía constructora aclaró que el hecho de acogerse al capítulo 11 de bancarrota no era una estrategia o un intento para evitar cualquier responsabilidad que se le pueda adjudicar por la catástrofe sucedida hace un año.

 

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