El gobernador Rick Scott firmó la controversial propuesta de ley que prohíbe el uso de fondos públicos y aumenta las restricciones para los abortos en la Florida.
La nueva disposición prohíbe el uso de fondos públicos, federales o estatales para pagar las interrupciones de embarazos y, de igual forma, la entrega de dinero a cualquier organización que provea servicio de aborto en el estado floridano.
Según legisladores que estudiaron la ley, que lleva por nombre Termination of Pregnancies, las nuevas restricciones afectarían a una docena de clínicas en el estado, además de las sucursales de Planned Parenthood, que prestan atención a las más necesitadas a través de Medicaid.
De tal manera, la medida prohibiría el pago de unos 200.000 dólares a clínicas que, además de proveer el servicio de interrupción de embarazos, realizan exámenes de HIV y otras enfermedades transmitidas por contacto sexual, así como detención de cáncer y cuidado preventivo.
La ley suscrita por el gobernador Scott exige a los médicos contar con servicio autorizado de admisión en un hospital cercano o prestar servicio en una clínica que tenga un acuerdo similar de traspaso de pacientes.
Además, la nueva medida estatal redefine el tiempo permitido de gestación, que afecta la posibilidad de realizar abortos, al mismo tiempo que aumenta los requisitos de inspección de la clínica y derechos de licencia.
La ley, que entrará en vigor el 1 de julio, generó descontento entre las organizaciones que están a favor del aborto, mientras que los opositores dijeron que la ley también crea más obstáculos a las mujeres que no tienen seguro para obtener mamografías y exámenes ginecológicos.
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