Una tormenta de nieve en Florida fue el detonante de un año marcado por una agenda política intensa: inmigración, gasto público, educación, armas y vivienda, temas que colocaron al Estado centro del debate nacional
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
CAPTURA DE VIDEO ICE detiene a un inmigrante irregular.
ICE Vicki López, representante estatal republicana.
Universidad Estatal de Florida, enero de 2025.
L MENÉNDEZ A comienzos de 2025, Florida fue afectada por una tormenta invernal.
X Casey DeSantis MIAMI. - El año comenzó con una imagen impensable para muchos floridanos, la nieve cubriendo carreteras en el Panhandle y el norte del estado. En enero, ciudades como Tallahassee, Panama City y Lake City enfrentaron una tormenta invernal histórica que dejó carreteras congeladas, aeropuertos cerrados y más de 34.000 hogares sin electricidad.
Desde la capital estatal, el gobernador Ron DeSantis declaró emergencia estatal nivel dos y advirtió sobre acumulaciones de hielo “nunca vistas según los registros”. La suspensión de labores para trabajadores no esenciales y la apertura de refugios contra el frío marcaron un inicio de año tan extraordinario como simbólico: 2025 no sería un año común en Florida.
Si el clima sorprendió en enero, la política migratoria dominó el resto del calendario. Desde febrero, Florida alineó su estrategia con la agenda federal del Donald Trump, profundizando acuerdos con el Immigration and Customs Enforcement (ICE) y expandiendo el programa 287(g) a los 67 condados.
En febrero, DeSantis anunció que agentes de la Patrulla de Carreteras podrían actuar como oficiales migratorios. Para mayo, más de 1.800 agentes estatales habían sido juramentados con facultades federales. “Florida se consolida como el estado líder en la lucha contra la inmigración ilegal”, afirmó el gobernador.
Las cifras respaldaron la contundencia del giro: con 9.080 arrestos, Florida se ubicó como el segundo estado del país con más detenciones de inmigrantes bajo la administración Trump, solo detrás de Texas.
El punto culminante de esta política fue la inauguración de Alligator Alcatraz, un centro de detención levantado en tiempo récord en los Everglades sobre una pista abandonada. Con capacidad inicial para 3.000 detenidos y un costo operativo anual cercano a 450 millones de dólares, el complejo se convirtió en símbolo del endurecimiento migratorio y de la polémica.
Trump y DeSantis inauguraron el centro en medio de críticas por condiciones inhumanas, riesgo ambiental y uso de poderes de emergencia para ocupar terrenos en disputa con el condado Miami-Dade.
La negativa a permitir inspecciones a legisladores demócratas avivó la controversia. “Con cientos de millones de dólares públicos invertidos, tenemos el deber de verificar qué ocurre”, reclamó la senadora estatal demócrata Shevrin Jones impedida de ingresar.
En agosto y septiembre, Florida redobló la apuesta con la apertura de un segundo centro de detención en el norte del estado, consolidando una red sin precedentes para detención y deportación.
Otro de los grandes ejes de 2025 fue el control del gasto público. Bajo el paraguas del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE Florida), DeSantis impulsó auditorías a gobiernos locales, con especial foco en Miami-Dade, Palm Beach, Broward, Orange y en el gasto de algunas universidades.
El nombramiento del senador Blaise Ingoglia como director financiero del estado reforzó la línea dura. “Hay gasto excesivo”, denunció el CFO al cuestionar presupuestos municipales inflados y citar aumentos del 44% en cinco años en algunas ciudades. Las citaciones a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción marcaron un precedente político y administrativo.
Otro de los ejes que ganó fuerza en 2025 fue el debate sobre el impuesto a la propiedad, en un contexto de alzas sostenidas en el valor de las viviendas y presión creciente sobre propietarios de ingresos fijos. A lo largo del año, el gobernador Ron DeSantis y líderes legislativos republicanos abordaron el tema sobre impulsar propuestas para aliviar o incluso eliminar parcialmente este gravamen, una de las principales fuentes de financiamiento local en Florida.
Entre las ideas discutidas se incluyeron expandir las exenciones del Homestead, limitar el crecimiento anual del impuesto para propietarios que residen permanentemente en sus viviendas, eliminar ese impuesto a personas mayores de 65 años. El gobernador habló de trasladar parte de la carga fiscal al turismo y al consumo, especialmente en un estado que recibe más de 130 millones de visitantes al año. “Los floridanos no deberían ser expulsados de sus casas por impuestos que no pueden pagar”, reiteró DeSantis en varios actos públicos.
El tema quedó instalado como prioridad política rumbo a 2026, con advertencias de alcaldes y condados sobre el impacto que una reducción drástica tendría en servicios esenciales como policía, bomberos y transporte público. El pulso entre alivio fiscal y sostenibilidad presupuestaria anticipa uno de los debates centrales del próximo ciclo legislativo.
Al mismo tiempo, el gobernador presentó su último gran presupuesto de 117.4 mil millones de dólares, con recortes tributarios, aumentos en educación y fuertes reservas. “Responsabilidad fiscal”, insistió, como sello de su gestión.
En contraste con la confrontación fiscal y migratoria, la educación fue uno de los frentes donde el gobierno celebró resultados. En julio, Florida anunció que 71% de sus escuelas obtuvo calificación A o B, un salto significativo frente al ciclo anterior.
El estado también volvió a liderar el ranking de libertad educativa de la Heritage Foundation por cuarto año consecutivo, gracias a la expansión de la elección escolar y los derechos de los padres. Además, 10 escuelas secundarias ingresaron al Top 100 nacional de U.S. News & World Report, y la Florida International University escaló al Top 50 entre universidades públicas.
Septiembre marcó otro hito. Florida legalizó el porte abierto de armas de fuego tras un fallo judicial que declaró inconstitucional la prohibición vigente desde 1987. El fiscal general confirmó la entrada en vigor inmediata de la medida, que convirtió al estado en uno de los últimos en eliminar este tipo de restricción.
Aunque se mantuvieron prohibiciones en escuelas, tribunales y edificios gubernamentales, el debate fue inmediato. Para los republicanos, se trató de una reafirmación de la Segunda Enmienda; para los demócratas, de un riesgo innecesario para la seguridad pública.
En paralelo, Florida reforzó su política de seguridad pública. El estado destinó más de 63 millones de dólares en bonos para atraer policías de todo el país y cerró 2025 como el estado con más ejecuciones del país, con 15 en total. Un año que registró 41 a nivel nacional, el número más alto desde 2012.
En el terreno económico, Florida mantuvo su atractivo. El estado se ubicó en el "Top tres" nacional para hacer negocios según CNBC, impulsado por su fuerza laboral y clima empresarial. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias.
El acuerdo de Florida Power & Light para un aumento récord de tarifas generó rechazo de organizaciones de consumidores, que denunciaron negociaciones opacas. A la vez, auditorías en Medicaid congelaron pagos a cientos de terapeutas por fallas de acreditación, encendiendo alarmas en el sistema de salud.
Aunque no siempre encabezó los grandes titulares, la crisis de vivienda fue un telón de fondo constante durante todo 2025. Informes especializados confirmaron la presión creciente sobre inquilinos y familias: alquilar por 1.500 dólares mensuales en el sur de Florida implica conformarse con espacios mínimos, apenas 506 pies cuadrados en Miami, la cifra más baja del estado y una de las más reducidas del país.
En mayo, la Legislatura estatal aprobó la HB 913, patrocinada por la republicana Vicki López. Una reforma clave que flexibilizó las normas para los condominios surgidas tras el colapso de Surfside. La ley permitió a las asociaciones acceder a líneas de crédito para enfrentar reparaciones estructurales millonarias y cumplir con los nuevos requisitos de seguridad, en un intento por aliviar la carga financiera sobre propietarios en un mercado cada vez más costoso y restrictivo.
A lo largo del año también se modificó la Live Local Act, ampliando su alcance. La actualización empodera a instituciones religiosas para construir viviendas asequibles en terrenos de su propiedad y atender necesidades locales; obliga a los gobiernos locales a reducir en al menos un 15% los requisitos de estacionamiento en desarrollos cercanos al transporte público; agiliza las acciones civiles contra municipios que violen la ley; y limita los honorarios y costos legales, entre otras disposiciones.
En conjunto, estas medidas reflejaron el intento del estado por destrabar la oferta de vivienda asequible, aunque para muchos residentes el impacto inmediato siguió siendo limitado frente a un mercado inmobiliario que continúa tensionado por precios elevados, escasez de inventario y altos costos de construcción.
En 2025 también se empezó a perfilar, con fuerza, la carrera por la sucesión de Ron DeSantis, cuyo mandato culmina en enero de 2027. La contienda se fue poblando temprano de aspirantes: casi 40 candidatos han mostrado intención o han entrado en la conversación pública, entre ellos siete demócratas, diez republicanos, cinco independientes, seis sin afiliación política, además de postulaciones asociadas al Partido Libertario de Florida y al Partido Constitucional.
Dentro del campo republicano, comenzaron a destacar nombres con peso propio y respaldo nacional. Entre ellos, el congresista Byron Donalds, impulsado por el presidente Donald Trump, y Paul Renner, expresidente de la Cámara estatal, que también aparece como figura relevante dentro del establishment republicano de Florida.
En paralelo, durante meses se barajó la posible candidatura de Casey DeSantis, primera dama del estado, pero hasta el cierre del año no se había pronunciado formalmente. Aun así, su sola posibilidad alteró el tablero: algunas encuestas llegaron a situarla en empate técnico con Donalds, el favorito del presidente Trump, alimentando lecturas políticas más amplias.
Para muchos observadores, la elección por la gobernación de Florida empezó a interpretarse como otro capítulo del pulso entre Trump y DeSantis. Una disputa de liderazgo dentro del Partido Republicano con ecos nacionales, y con Florida —otra vez— como el escenario principal.
Florida vivió en 2025 un año de contrastes extremos, nieve y calor, 12 meses sin huracanes, crecimiento y conflicto, reformas y controversias. Fue un estado que reforzó su identidad política, endureció su postura migratoria, apostó por la educación y tensó al máximo la relación entre gobierno estatal y autoridades locales.
En fin, Florida se movió del hielo en Tallahassee a los Everglades convertidos en epicentro del debate migratorio; de los rankings educativos a las batallas por el gasto público; de las armas visibles a los problemas con las viviendas asequibles, Florida volvió a marcar la agenda nacional. Y lo hizo, fiel a su estilo, sin medias tintas.
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