El controversial centro de detención de inmigrantes en los Everglades no podrá recibir nuevos detenidos y deberá desmantelar parte de su infraestructura
Vista de Alligator Alcatraz por dentro.
XMIAMI. – Una jueza federal determinó el jueves que el centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en los Everglades de Florida, puede continuar operando de manera temporal, pero prohibió la admisión de nuevos detenidos y ordenó el desmantelamiento de infraestructura clave en un plazo de 60 días, debido a alegadas violaciones de leyes ambientales.
La decisión de la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes argumentaron que la construcción del centro se realizó sin las evaluaciones de impacto ambiental requeridas, lo que representa una amenaza para el frágil ecosistema de los Everglades.
El fallo de 82 páginas de la jueza Williams impone severas restricciones a la instalación. Específicamente, prohíbe la admisión de nuevos detenidos y solo permite la permanencia de aquellos que ya se encontraban en el establecimiento al momento de la orden.
Además, estipula un plazo de 60 días para desmantelar generadores, sistemas de alcantarillado, iluminación industrial, cercas temporales y contenedores de basura.
La decisión también ordena la eliminación de cualquier cerca que impida el acceso de los miembros de la tribu Miccosukee a sus tierras ancestrales.
No obstante, el dictamen permite modificaciones a las instalaciones existentes con el único fin de "aumentar la seguridad o mitigar riesgos ambientales".
La noticia fue recibida como una victoria por parte de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó la decisión como un "triunfo histórico para los Everglades".
Por su parte, Talbert Cypress, presidente de la tribu Miccosukee, celebró la pausa en la construcción de un proyecto que, a juicio de esta comunidad, amenaza tierras ambientalmente sensibles y sagradas para su pueblo.
En contraparte, la administración Trump y el gobierno de Florida defendieron la instalación. El zar fronterizo, Tom Homan, desestimó las críticas como "historias falsas" y calificó a la jueza de "radical". El presidente Trump elogió previamente la capacidad del centro para detener a "algunas de las personas más viciosas del planeta".
En tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, manifestó su intención de apelar el fallo, tras afirmar que "las deportaciones continuarán". Su portavoz, Alex Lanfranconi, aseguró que la decisión "no tendrá efecto en el cumplimiento de la inmigración en Florida".
Los abogados del estado argumentan que, al ser una construcción estatal, las leyes ambientales federales no aplican.
Con una apelación del estado de Florida en camino, el futuro del centro de detención permanece en un limbo legal y bajo el intenso escrutinio público.
Descarga LA APP