MIAMI.- El representante estatal Alex Andrade (R-Pensacola) presentó este lunes 17 de noviembre de 2025 el proyecto de ley HB 437 (2026), que busca una reforma amplia a las normas de acceso a registros públicos en Florida encaminada a frenar demoras, cobros excesivos y prácticas opacas detectadas en distintas agencias bajo la administración del gobernador Ron DeSantis. La propuesta obligaría a responder solicitudes en plazos perentorios, limitaría tarifas y establecería penalidades severas para funcionarios o agencias que retarden injustificadamente la entrega de información.
Plazos obligatorios y límites a los costos
La propuesta legal introduce uno de los cambios más significativos en décadas a la ley estatal de transparencia, “Sunshine Law” . De ser aprobado, obligaría a las agencias a responder a toda solicitud de registros públicos en un máximo de tres días hábiles, ya sea entregando la información solicitada; proporcionando una estimación escrita de tiempo y costo; o negando el acceso con una citación legal exacta que justifique la exención. Si la agencia no toma una de estas acciones dentro del plazo, queda prohibido cobrar cualquier tarifa al solicitante.
La propuesta también apunta a eliminar tácticas de obstrucción que han proliferado en los últimos años. No se permitirán excusas como acumulación de solicitudes, redacciones prolongadas, falta de personal o la invocación tardía de nuevas exenciones legales durante litigios. El texto prohíbe además el cobro por el tiempo de redacción de información confidencial y elimina cargos por acceso electrónico bajo contrato.
Para evitar cobros disuasorios, se exige que, cuando se solicite, la agencia entregue una estimación de costos detallada por escrito, y se prohíbe cualquier tarifa si la búsqueda o copia requiere menos de 30 minutos. Asimismo, cuando la solicitud sea para un propósito público —periodismo, investigación académica, organizaciones sin fines de lucro o apoyo a programas de agencias—, la ley permite reducir o eliminar completamente los costos, incluyendo las primeras 10 horas de trabajo gratuitas.
Sanciones severas para incumplimientos
El HB 437 propone un nuevo régimen de penalidades. Todo incumplimiento de la ley de registros públicos se considerará una violación del capítulo 119, sujeto a multas de hasta 500 dólares por infracciones no criminales; delito menor de primer grado si el incumplimiento es intencional; sanciones para personas o entidades fuera del estado que participen en obstrucciones.
Y, quizás lo más impactante, una multa adicional de 200 dólares por cada día que una agencia haya denegado ilegalmente el acceso a un registro, además del pago de los honorarios legales del solicitante.
El proyecto también obliga a revisar y renovar cada cinco años todas las nuevas exenciones de registros públicos para evitar la proliferación de restricciones permanentes.
Recorrido legislativo
Tras su presentación en la Cámara de Representantes, el proyecto será asignado a los comités correspondientes para su análisis y eventual enmienda. De obtener un dictamen favorable, pasará al pleno de la Cámara y luego al Senado. Se espera que el senador Darryl Rouson (D-St. Petersburg) presente un proyecto complementario en la cámara alta.
Si logra aprobación en ambas cámaras y recibe la firma del gobernador, la medida entraría en vigor el 1 de julio de 2026.
Casos Hope Florida y el caso Alligator Alcatraz
La elaboración de este proyecto ocurre tras varios episodios recientes que han puesto bajo escrutinio la transparencia del gobierno estatal.
Hope Florida, la iniciativa insignia promovida por la primera dama Casey DeSantis, quedó en el centro de una controversia legislativa luego de revelarse que un acuerdo de Medicaid por 10 millones de dólares presuntamente fue utilizado para financiar actividades operativas del programa, un uso no previsto originalmente.
Legisladores, incluido Andrade, criticaron la falta de transparencia, las demoras en la entrega de documentos oficiales y la negativa inicial de la oficina del fiscal general a liberar registros vinculados al acuerdo.
En paralelo, la construcción del centro de detención para inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades, provocó cuestionamientos por presuntas adjudicaciones sin licitación, costos inflados y maniobras para retirar contratos del dominio público cuando periodistas lograron acceder a ellos. Solicitudes de información sobre el proyecto fueron ignoradas o demoradas durante meses.
Ambos casos alimentaron un clima de creciente preocupación entre periodistas, organizaciones cívicas y legisladores de ambos partidos, quienes denuncian que Florida —históricamente un referente nacional en leyes de transparencia— ha visto deteriorarse su reputación.
Una apuesta para recuperar la transparencia
“Necesitamos reafirmar la importancia de la ley de registros públicos y la transparencia en un buen gobierno”, ha dicho Andrade, quien en los últimos meses se ha convertido en uno de los críticos más visibles de las prácticas de opacidad dentro de varias agencias estatales.
Si la legislación prospera, supondría un cambio fundamental en la relación entre el Estado y los solicitantes de registros públicos, fortaleciendo la supervisión ciudadana y eliminando mecanismos de obstrucción que, según críticos, se han utilizado para evadir el escrutinio mediático y público.
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