Stake, Chumba Casino, LuckyLand y Global Poker enfrentan acciones legales en Florida que buscan devolver a los consumidores el dinero perdido
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la demanda contra los casinos ilegales.
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Chumba Casino se encuentra entre las plataformas demandadas por Florida.
DOCUMENTO LEGAL DE LA DEMANDA
Juegos en lineas ofrecidos por Chumba Casino
DOCUMENTO DE LA DEMANDA
Eran promocionados como juegos gratis.
MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció dos demandas contra operadores de casinos en línea que, según el estado, ofrecen apuestas ilegales a residentes de Florida bajo la apariencia de “sweepstakes” o casinos sociales, y reclamó la devolución del dinero perdido por los consumidores.
Las acciones fueron presentadas ante el Tribunal de Circuito del condado Hillsborough contra los operadores de plataformas como Stake, y contra VGW, responsable de Chumba Casino, LuckyLand y Global Poker, además de compañías que, según las demandas, facilitan pagos y otras operaciones financieras.
“Si parece un casino, acepta dinero real como un casino y paga como un casino, es un casino, y es ilegal bajo la ley de Florida”, afirmó Uthmeier al anunciar las acciones.
El fiscal sostiene que estas plataformas se presentan como entretenimiento social o sorteos legales, pero permiten jugar tragamonedas, blackjack, ruleta y póquer utilizando créditos que pueden terminar convirtiéndose nuevamente en dinero, tarjetas de regalo o criptomonedas.
En el caso de VGW, la demanda sostiene que los sitios fueron promocionados entre residentes de Florida como juegos “gratis”, “100% seguros” y “100% legales”, con acceso las 24 horas, pagos mediante tarjetas de crédito y otros métodos y publicidad mediante influencers. La Fiscalía argumenta que estas prácticas afectan especialmente a consumidores vulnerables, incluidos menores y adultos mayores.
La clave del caso está en el modelo utilizado para convertir lo que aparentemente es un juego social en una actividad que la Fiscalía considera apuestas con dinero real.
Según la demanda contra VGW, sus plataformas utilizan dos monedas virtuales: Gold Coins y Sweeps Coins. Ambas permiten participar en los juegos, pero solo las apuestas realizadas con Sweeps Coins pueden generar premios convertibles en efectivo o equivalentes.
Los jugadores pueden comprar paquetes de Gold Coins que incluyen Sweeps Coins presentadas como una bonificación. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que estas últimas funcionan en la práctica como fichas de casino: existe una relación cercana a un dólar por cada Sweeps Coin y las ganancias pueden canjearse por dinero.
Por ejemplo, la demanda señala que una compra de 20 dólares puede proporcionar millones de Gold Coins junto con aproximadamente 20.50 Sweeps Coins, cuyo valor de canje ronda los 20.50 dólares. Para el estado, ese mecanismo demuestra que el consumidor está pagando, en la práctica, por créditos que después apuesta.
Las imágenes incorporadas a la demanda muestran incluso mesas de blackjack en vivo, tragamonedas y otras interfaces semejantes a las de un casino convencional. El documento sostiene que los juegos disponibles “no son diferentes” de los juegos de azar que podrían encontrarse en un casino de Las Vegas.
Florida mantiene fuertes restricciones sobre los juegos de azar y no permite operar libremente casinos por internet simplemente denominándolos “sorteos” o entretenimiento social.
La demanda recuerda que las tragamonedas están autorizadas únicamente bajo circunstancias específicas y en instalaciones que cumplen los requisitos establecidos por las leyes estatales. En Miami-Dade y Broward, por ejemplo, la legislación permite máquinas tragamonedas en determinadas instalaciones pari-mutuel autorizadas y sujetas a regulación.
El estado sostiene que los demandados no están autorizados para operar o facilitar casinos en línea en Florida y cita, entre otras disposiciones, el Capítulo 849 de los Estatutos de Florida. La sección 849.16 incluye dentro de la definición de máquinas o dispositivos tragamonedas sistemas o redes que, mediante un elemento de azar, pueden entregar dinero, créditos u objetos de valor.
Además, la Fiscalía acusa a los demandados de infringir la Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act (FDUTPA), la principal legislación estatal contra prácticas comerciales engañosas o injustas. La teoría del estado es que presentar esas operaciones como entretenimiento gratuito, seguro o legal puede constituir una práctica engañosa cuando detrás existe, según la demanda, una actividad de apuestas no autorizada.
La consecuencia de las demandas podría ir mucho más allá de impedir que las páginas continúen funcionando en Florida.
Uthmeier anunció que pretende utilizar las leyes estatales para recuperar el dinero perdido por los consumidores en estas operaciones.
La Fiscalía se apoya particularmente en las secciones 849.12 y 849.29 de los Estatutos de Florida. La primera permite al estado reclamar mediante procedimientos civiles dinero o bienes vinculados a apuestas ilegales, mientras la segunda amplía la posible responsabilidad a quienes administren, promuevan, organicen o tengan determinados intereses en esas transacciones.
“Buscamos recuperar cada dólar que los consumidores perdieron bajo las leyes de Florida para la recuperación de pérdidas de juego”, afirmó Uthmeier.
Las demandas solicitan además órdenes judiciales permanentes para impedir que los acusados operen o capten clientes en Florida, devolución de ganancias presuntamente obtenidas de manera ilícita, restitución a consumidores, sanciones civiles bajo FDUTPA y el pago de honorarios y costos legales.
En el caso de VGW, la acción supera el umbral jurisdiccional de 50,000 dólares, aunque esa cifra no representa el monto total que Florida pretende recuperar. La demanda sostiene que residentes del estado perdieron cantidades sustanciales y que las empresas obtuvieron grandes ingresos mediante esas operaciones.
Las acusaciones son, por ahora, alegaciones civiles presentadas por la Fiscalía General de Florida y deberán ser resueltas por los tribunales.
Según la demanda, uno de los problemas de operar fuera del sistema autorizado es que las empresas evitarían requisitos que Florida exige a la industria regulada.
Entre ellos se encuentran estándares estatales de operación, revisión de antecedentes de directivos, programas de juego responsable, medidas contra el lavado de dinero y obligaciones relacionadas con privacidad, seguridad y atención de reclamaciones de clientes.
Uthmeier también sostiene que Florida pierde ingresos asociados a licencias e impuestos cuando estas plataformas atienden a residentes del estado sin someterse al régimen establecido para las operaciones de apuestas autorizadas.
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