Vista parcial de edificios de apartamentos en Miami.
JESÚS HERNÁNDEZ / DLA MIAMI.- Tres horas antes de que caducara la moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias en Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció la esperada prolongación de la medida hasta al menos el 1 de octubre, aunque esta vez permite el inicio de procesos, por parte de propietarios de viviendas y entidades bancarias, sin que ello signifique la temida acción final.
En efecto, la nueva prolongación de la orden ejecutiva estatal, que comenzó el 1 de abril, subraya que solo aplica a inquilinos y propietarios de viviendas unifamiliares "afectados negativamente por la emergencia COVID-19". En otras palabras, según el documento, quienes hayan perdido sus empleos o sufrido reducción de ingresos por la pandemia de coronavirus.
No obstante, la nueva orden abre la puerta para que propietarios y prestamistas comiencen a presentar solicitudes de desalojo o ejecución hipotecaria, aunque recalca que la "acción final" sería detenido en la corte.
Además, el documento especifica que el pago de alquiler o hipoteca, incluso acumulado, podrían ser reclamados cuando el inquilino o prestatario “ya no está afectado negativamente por la emergencia de COVID-19”.
Sin la moratoria, miles de floridanos podrían haberse quedado sin hogar en pocos días.
Según datos divulgados por una encuesta de la Oficina del Censo en agosto, alrededor de un tercio de las personas contactadas reportó no haber pagado alquiler o hipoteca en el mes de junio, y que no sabían aún si podrían pagar julio.
“Ya hay más de 800 expedientes abiertos en la corte de Miami-Dade. Y a medida que pasen los días, ese número va a crecer significativamente”, señaló el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
Luisa es vecina de West Miami, perdió el empleo hace tres meses y en agosto recibió una carta de la administración del edificio donde vive, con su pequeño hijo de seis años, en la que le “exhortan” a pagar los tres meses de alquiler que debe.
“Cómo poder pagar 3.300 dólares de deuda acumulados, cuando solo percibo 900 por desempleo al mes y mi hijo 400 por el padre fallecido. Hay que comer, pagar factura de electricidad y otras cosas. Es imposible”, reclamó.
Desafortunadamente, la orden excluye a dueños de negocios, por lo que apela al entendimiento entre propietario del local y dueño del establecimiento, a medida que la pandemia disminuya y la economía se recupere.
“Hemos resistido a base de pedir dinero, de endeudarnos. Hay que entender que, aunque estuvimos cerrados, y por ende no generamos entradas, tenemos facturas que pagar”, argumentó Domingo Gándara, propietario del restaurante La Dorada, en Coral Gables.
De hecho, La Dorada recibió un soplo de ayuda federal. “Sí ha sido buena. Sí nos ha ayudado a pagar la nómina y algunas facturas, pero no es suficiente. Hace falta más ayuda”, subrayó.
Domingo opina que la mayor ayuda podría ser “la manera que pagamos el alquiler del local o la factura de la luz. No deben ser gastos que se acumulen. Sino gastos que deben tener un descuento al menos”, expresó.
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