viernes 12  de  abril 2024
Nueva Ley

Florida: En vigor ley para controlar a 'sinpapeles', ahora qué

Prohíbe trasladar en autos hacia dentro y fuera del estado a inmigrantes irregulares, obliga a hospitales a reportar estatus legal de pacientes y a las compañías, el de sus empleados: un panorama que atemoriza a los residentes indocumentados
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI. - Gerardo es uno de los miles de inmigrantes indocumentados que viven en el sur de Florida, cuya vida se ha convertido en un mar de incertidumbre y temor, tras la entrada en vigor, el1 de julio, de la Ley SB 1718, que intenta controlar la inmigración ilegal hacia el Estado del Sol.

Este joven de origen cubano, que llegó hace apenas dos meses a los EEUU buscando un futuro mejor, se encuentra trabajando en uno de los restaurantes de Miami Beach. “Gano buen dinero, a pesar de no dominar el inglés” afirmó, y explicó que estudia el idioma por las tardes, para aprovechar el año y un día que debe esperar para regular su situación, como permite la Ley de Ajuste Cubano.

Su esposa, que vino con él, también trabaja en una pastelería. Entre los dos alquilan un minúsculo estudio por el que pagan el salario completo de uno de ellos, pero “está bien ubicado y nos permite ir a pie a trabajar y a estudiar”, ya que no pueden conducir, hasta tener los papeles en regla.

A pesar de que todo marcha como lo habían imaginado, la nueva ley les causa cierto temor. “Varios colegas del restaurante, dos argentinos y un salvadoreño, se fueron para California por miedo a que los deporten, nosotros no sabemos exactamente qué vamos a hacer”.

Igual que este matrimonio de inmigrantes indocumentados, son miles los que viven en la incertidumbre y cada día se preguntan, ¿ahora qué?

Trabajadores indocumentados

En Florida residen unos 772,000 indocumentados que trabajan en distintas industrias, principalmente en agricultura, construcción, servicio, y transporte. Solo los indocumentados de la agricultura representan del 37 al 47% de la mano de obra.

Según Neza Xiuhtecutli, directora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, unos 300.000 trabajadores agrícolas del estado son inmigrantes -latinos, haitianos, y jamaicanos- y la mayoría carece de permiso de residencia y trabajo.

La industria de la construcción emplea a 68.150 trabajadores en todo el estado y el 23% son inmigrantes. En el caso del sector servicio, los inmigrantes constituyen el 14% de la empleomanía.

Una ley sin dientes, solo política

El pasado mes de junio, Alina García y Rick Roth, ambos representantes republicanos estatales, en un encuentro en Hialeah con la Asociación de Ministros Hispanos del Sur de Florida, con sus comentarios, hicieron pensar a la audiencia.

“Este proyecto de ley es básicamente para asustar a la gente para que no vengan al estado. Creo que ha cumplido su propósito. Es un proyecto que no tiene dientes”, dijo García.

La nueva ley obliga a las empresas con 25 o más empleados utilizar el sistema E-Verify y asegurarse de que la persona que están contratando está legal en el país. Algo muy preocupante para miles de granjeros de Florida, cuya mano de obra es básicamente indocumentada y comienzan a notar la escasez de trabajadores agrícolas.

El representante Roth, quien votó en favor de la polémica ley, siguió asombrando a la audiencia al pronunciar el siguiente mensaje:

“Esta ley tiene intención de asustarles. Yo soy ranchero y sé que los rancheros están enojados, al estar perdiendo empleados porque se están yendo a Georgia y otros estados. Es urgente que hablen con su gente para explicarles que existen recursos y les podemos explicar la ley”, indicó Roth representante estatal de West Palm Beach en Tallahassee.

Para colmo, reconoció que la ley contiene “vacíos legales” que dificultan su aplicación. Se dirigió a los inmigrantes indocumentados, a quienes les dijo: “Si estás preocupado y amas tu trabajo, mantenlo. No serás afectado por esta ley. Es para los nuevos empleados, esa ley es solo política”.

Atención sanitaria

La otra parte de la ley que ha encendido las alarmas es aquella que obliga a los hospitales que reciben fondos del Medicaid a recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, para entregársela al Estado.

Sin embargo, Felipe Pinzón, presidente de Hispanic Unity of Florida, aseguró en una entrevista con el canal 51 que los inmigrantes, sin importar su estatus, pueden ir sin temor a los hospitales. “Ve al hospital si tú, tu hijo, o tu esposa, necesitan cuidado de salud. No habrá problemas”.

Algo similar sostuvo Carlos Migoya, presidente del Sistema de Salud del Hospital Jackson, el tercero más grande de EEUU.

“Los hospitales Jackson nunca han compartido, ni compartirán información personal de sus pacientes”, subrayó Migoya.

Sobre las preguntas que hacen a los pacientes, antes de tratarlos, explicó que al Estado solo se le pasa el número de pacientes y los gastos que ocasionan en cuidados médicos. “Nada de información individual, ni nada sobre el estatus migratorio”.

“Las encuestas en las consultas son para determinar cómo financiar mejor su cuidado médico. Los pacientes pueden voluntariamente responder a las preguntas sobre su estatus migratorio, no están obligados y eso no cambiará en ningún hospital a pesar de la nueva ley estatal”, puntualizó Migoya.

La policía no buscará ilegales

La ley firmada por Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante a la candidatura republicana a la Casa Blanca, convierte en delito transportar inmigrantes indocumentados hacia afuera del Estado o traerlos. Sin embargo, Freddy Ramírez, director del Departamento de Policía de Miami-Dade dijo:

“La Policía no tiene como prioridad contactar a indocumentados para solicitarles sus papeles, ni detenerles”.

“Quiero que la población de inmigrantes indocumentados no le tema a la Policía. Si son víctimas de un delito, deseo que lo reporten. Si se quedan callados, continuarán abusando de ustedes”.

Freddy, quien aspira a convertirse en sheriff del condado, cuando se abra la plaza en las elecciones de 2024, advirtió que si alguien está en malos pasos y se mete en manejos ilegales y comete un delito, “esté documentado o indocumentado, puede tener repercusiones negativas en su estatus legal, por violar la ley”.

También dejó claro que la policía sí actuaría si percibe evidencia de tráfico humano, “para investigar y buscar pistas del delito”.

“Lo que no hacemos es buscar indocumentados a quienes no estén cometiendo delitos”, insistió.

“Hay leyes similares en Arizona y en otros estados que han tenido una aplicación y eficacia muy limitada. No tenemos los recursos financieros, ni logísticos para implementarla, reconoció Michelle Canero, abogada de inmigración, entrevistada en un programa de Actualidad Radio 1040.

“El efecto de la ley es crear temor en las comunidades”. Algunos analistas consideran que ese miedo puede reducir en 10% o más la disponibilidad de trabajadores en la agricultura, el sector servicio y la construcción en un Estado necesitado de mano de obra.

“No tenemos la población suficiente para ejercer estos trabajos, sin embargo, estamos eliminado a quienes lo hacen”, afirmó resignada Canero, quien hizo énfasis en el miedo que ocasiona la ley.

Bajo la norma SB-1718, trabajar con papeles falsos, es una felonía que pudiera constituir un obstáculo a la hora de regularizar la situación legal futura de un indocumentado. La ley tampoco reconoce los documentos de conducir expedidos por otros estados a los inmigrantes irregulares.

En fin, la ley es confusa y atemoriza a la comunidad de migrantes indocumentados en un estado que depende financieramente de esa mano de obra, como resultado, muchos comienzan a marcharse, lamentó la abogada.

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@menendezpryce

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